El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha advertido a las formaciones políticas mayoritarias que modificar por vía de urgencia competencias esenciales del órgano de gobierno de los jueces sin escuchar al CGPJ ni a ninguna otra entidad, sin dar razón de esa negativa y privando al Parlamento y a la sociedad del debido debate "no es el camino adecuado ni el más respetuoso con las exigencias del principio de separación de poderes".
El CGPJ ha debatido en una reunión extraordinaria la petición de 10 vocales que solicitaron debatir la negativa del Congreso a pedir un informe de la institución sobre la modificación de sus competencias.
La Cámara Baja tramita a uña de caballo un cambio legal propuesta por el PSOE y Unidas Podemos para impedir que el CGPJ haga nombramientos de cargos judiciales cuando se encuentre en prórroga de mandato.
La vigente ley no limita las funciones del CGPJ en funciones, por lo que el Consejo ha seguido efectuando nombramientos -y, además, por mayorías nunca vistas- pese a las indicaciones del Gobierno para que dejara las vacantes existentes al futuro CGPJ, donde PSOE y Unidas Podemos tendrán mayoría de vocales.
Las formaciones mayoritarias rechazaron el pasado día 13 pedir un informe sobre esa reforma al propio órgano afectado, el Consejo General del Poder Judicial, y a la Comisión de Venecia.
Dos días después, 10 vocales del Poder Judicial propuestos por el PP pidieron un pleno extraordinario "para debatir sobre la situación generada por la negativa de la Mesa del Congreso de los Diputados y las determinaciones que ello obligue a adoptar".
Exigencia del Derecho de la UE
En un acuerdo apoyado este jueves por 16 miembros del CGPJ (once propuestos por el PP, tres por el PSOE y uno por el PNV, más el presidente, Carlos Lesmes), esta institución "lamenta profundamente" que la Mesa del Congreso de los Diputados "haya hecho caso omiso" de la solicitud que se le dirigió para que la reforma fuera sometida a informe del Consejo y de la Comisión de Venecia y para que diera audiencia a todos los agentes afectados.
El Consejo recuerda que esa petición fue fruto "de un amplísimo consenso" en el seno del órgano de gobierno de los jueces y "no eran más que un recordatorio de los principios y requerimientos que derivan del Derecho de la Unión Europea e inspiran la actuación del Consejo de Europa para preservar la independencia judicial, como uno de los elementos estructurantes y definitorios del Estado de Derecho".
"Su desatención por la Mesa del Congreso de los Diputados, sin ofrecer razón alguna, preocupa especialmente al Consejo General del Poder Judicial", añade.
"Y no porque entienda que la relación entre órganos constitucionales demanda una mínima explicación de la negativa a acceder a lo solicitado. Lo que verdaderamente importa a este Pleno del CGPJ es que la decisión de la Mesa privará al debate parlamentario sobre la reforma promovida y, a la postre, a la ciudadanía del conocimiento y valoración del parecer cualificado y jurídicamente fundado de instituciones creadas ex profeso para garantizar la independencia judicial".
El CGPJ solicita, desde el "más profundo respeto" a la autonomía parlamentaria, la reconsideración del acuerdo de la Mesa del Congreso de dar tramitación urgente y sin audiencia de ningún tipo a una modificación que "afecta directamente a una de las principales funciones –eliminándola durante la situación de prórroga del mandato- que el artículo 122 de la Constitución le reserva con carácter exclusivo para garantizar la independencia de jueces y magistrados, no es el camino adecuado ni el más respetuoso con las exigencias del principio de separación de poderes".
El CGPJ destaca que la decisión de la Mesa de la Cámara Baja tampoco da oportunidad al Consejo de informar sobre cómo puede incidir la modificación en el funcionamiento de los tribunales dada la falta de cobertura de vacantes que producirá.
El órgano de gobierno del Poder Judicial insiste, finalmente, en la necesidad de que las fuerzas políticas lleven a cabo la renovación pendiente desde hace dos años. A este respecto, apela a que las fuerzas políticas "antepongan el cumplimiento de ese deber constitucional, que a todas ellas concierne, a la apresurada aprobación de unas reformas legales que solo han de abordarse desde los principios constitucionales, la prudencia y la mesura, oyendo y debatiendo todas las opiniones".
"Esa es la única vía para la formación y consolidación de un amplio consenso que libere a esta institución de su constante cuestionamiento y le dote de una estabilidad que redunde en beneficio de la garantía efectiva y permanente de la independencia judicial", concluye.