La Eurocámara retirará la inmunidad de Puigdemont y despeja la vía a la euroorden

El argumento de Carles Puigdemont de que el Estado español le persigue por su actividad política no ha convencido al Parlamento Europeo. El comité de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara ha aprobado este martes retirar la inmunidad parlamentaria al expresidente catalán y a sus exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí.

La decisión responde positivamente a la solicitud de suplicatorio del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, y despeja la vía para reactivar la euroorden contra Puigdemont por sedición y malversación, congelada desde su reconocimiento como eurodiputado. 

El dictamen ha salido adelante por 15 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones, ha anunciado el presidente del comité de Asuntos Jurídicos, Adrián Vázquez (Ciudadanos), en declaraciones a la prensa en la sede del Parlamento europeo. 

El suplicatorio todavía debe ser ratificado por el pleno de la Eurocámara durante la sesión de la semana del 8 de marzo. Pero su aprobación -que requiere una mayoría simple de votos- está garantizada ya que cuenta con el apoyo de los tres grupos mayoritarios: populares, socialistas y liberales.

"Pensamos, y parece que esta es la línea del resto del Parlamamento o por lo menos de su mayoría, que las instituciones tienen que funcionar con normalidad y también por supuesto la justicia española. Será la justicia española ante la que los señores encausados tendrán que responder", ha dicho Ibán García del Blanco, vicepresidente del comité de Asuntos Jurídicos y eurodiputado del PSOE.

"Los eurodiputados no pierden su estatus de eurodiputados. Simplemente, el Parlamento, si lo ratifica el pleno, lo que hace es notificar al Estado miembro que estos eurodiputados pueden ser o investigados o llevados a juicio", ha relatado Vázquez.

“Ha quedado demostrado que la inmunidad parlamentaria no procede en estos tres casos puesto que los hechos por los que Puigdemont, Comín y Ponsatí son procesados ocurrieron antes de que se convirtieran en eurodiputados y, además, no están vinculados a su ejercicio como miembros de esta institución", ha asegurado el eurodiputado del PP Esteban González Pons, que también ha participado en la votación.

"El Parlamento Europeo no puede convertirse en un refugio de impunidad de aquellos que atacan el Estado de derecho en un país miembro de la UE, dañando así la estabilidad del conjunto de la Unión”, ha resaltado González Pons.

Alegaciones de Puigdemont

El comité de Asuntos Jurídicos ha desestimado todas las alegaciones que presentó Puigdemont para tratar de frenar el suplicatorio durante una audiencia celebrada el 14 de enero. El expresidente catalán sostiene que el suplicatorio está plagado de irregularidades y responde a una voluntad de "persecución política" por el referéndum de independencia del 1-O. También argumenta que el Tribunal Supremo no es competente llevar el caso y que en España no tiene garantías de un juicio justo.

El informe de la Eurocámara concluye que el suplicatorio contra Puigdemont no tiene como objetivo acallar las opiniones o los votos emitidos por el ahora eurodiputado de JxCat en el ejercicio de sus funciones, sino que se refiere a hechos muy anteriores a su elecciñon en la Eurocámara.

Para el Parlamento Europeo, no se ha podido determinar la existencia de fumus persecutionis, es decir, de elementos de hecho que indiquen que la actuación judicial en cuestión se inició con la intención de dañar la actividad política del diputado y, por tanto, de la propia Eurocámara. El informe ha sido elaborado por el eurodiputado búlgaro Angel Dzhambazki, adscrito al grupo de derecha radical Conservadores y Reformistas Europeos, el mismo de los nacionalistas flamencos de la N-VA y de Vox.

Si el pleno da también luz verde al suplicatorio, Puigdemont, Ponsatí y Comín se quedarán sin inmunidad, aunque podrán seguir como eurodiputados hasta que haya una condena firme contra ellos. Además, pueden recurrir la decisión ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). "El recurso no paraliza la retirada de la inmunidad", ha relatado Vázquez.

Reactivar la euroorden

El levantamiento de la inmunidad permitirá a Llarena reactivar la euroorden contra ellos. Tras conocer que habían sido reconocidos como eurodiputados, el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas decidió el 14 de febrero de 2020 congelar el procedimiento contra Puigdemont y Comín (el de Ponsatí se sigue en Escocia). El expresidente catalán había pedido que se rechazara definitivamente la euroorden, pero la justicia belga rechazó su solicitud.

"Este procedimiento queda suspendido hasta que las autoridades españolas comuniquen los resultados de su petición dirigida al Parlamento Europeo para levantar la inmunidad parlamentaria", informó entonces el Tribunal. 

Pese a la reactivación de la euroorden, Puigdemont y Comín confían en que la justicia belga rechazará su entrega a España siguiendo el precedente de Lluís Puig. El Tribunal de Apelación de Bruselas tumbó el pasado 7 de enero la euroorden contra Puig -que no es eurodiputado y por tanto no gozaba de inmunidad- por considerar que el Supremo no es el órgano competente para juzgarlo, sino que debería hacerlo un tribunal catalán.

El fallo asegura además que existe un riesgo de violación de la presunción de inocencia en España debido a las "declaraciones hechas por altos funcionarios y autoridades sobre la culpabilidad de las personas afectadas antes de la decisión judicial". La decisión ya es firme puesto que no ha sido recurrida por la fiscalía belga.

Puigdemont, Ponsatí y Comín huyeron a Bélgica en octubre de 2017, tras la fallida declaración de independencia de Cataluña en el Parlament y la aplicación del artículo 155. Desde allí se presentaron a las elecciones europeas de mayo de 2019 y en enero de 2020 fueron reconocidos como eurodiputados gracias a la polémica sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre Oriol Junqueras.

El juez Llarena pidió de inmediato el suplicatorio a la Eurocámara, pero la solicitud ha estado paralizada durante meses debido al impacto de la Covid-19, que impidió celebrar las reuniones presenciales a puerta cerrada que exige el reglamento para preservar la confidencialidad. Los trámites se reactivaron el pasado noviembre tras un dictamen de los servicios jurídicos que autorizaba a seguir de forma telemática.