La polémica vuelve a estar servida este 8 de marzo. La Delegación del Gobierno en Madrid ha autorizado las manifestaciones con motivo del Día Internacional de la Mujer siempre y cuando éstas no superen los 500 asistentes.
Así lo confirmaba este miércoles el delegado socialista José Manuel Franco, que anunciaba "fórmulas alternativas" para que esta "justa reivindicación" no implique "un atentado contra la salud".
Esta declaración de intenciones ha provocado malestar entre la sociedad civil, que lleva meses sometiéndose a las estrictas medidas de reunión impuestas en las distintas Comunidades Autónomas. Y ha provocado la división en el seno feminista, así como en el propio Gobierno de España.
Una de las primeras en reaccionar ha sido la ministra de Sanidad, la socialista Carolina Darias, que ha confirmado que no irá a la manifestación porque "ir a ese acto (en referencia al 8 de marzo) no ha lugar por la situación epidemiológica del país". Darias, además, ha apelado "coherencia y responsabilidad" ligada a controlar la pandemia del coronavirus Covid-19.
Por otro lado, el Ministerio de Igualdad y la Comisión 8-M, el grupo de trabajo que organiza las acciones por el Día Internacional de la Mujer, quieren volver a "tomar la calles" en 2021 porque la jornada reivindicativa es, a su juicio, "más necesaria que nunca".
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha evitado pronunciarse sobre la medida anunciada por la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid, pero ha dedicado la jornada del miércoles a promocionar el 8-M. "Estaremos con la lucha de las mujeres", ha anunciado en su cuenta de Twitter.
De este modo, el Gobierno de coalición se encuentra dividido entre quienes llaman a "tomar las calles" y quienes -como Carolina Darias- apelan a la "responsabilidad".
¿Y los colectivos?
¿Y qué opinan los distintos colectivos feministas acerca de que se celebre de nuevo el 8-M, pese a las posibles consecuencias sanitarias que podrían derivarse? Pues se encuentra dividido, del mismo modo que el Gobierno, entre asociaciones partidarias de que se produzcan concentraciones multitudinarias y partidarias de replantear la agenda ante la pandemia.
Carme Freixa, feminista de Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, anuncia que las 100 entidades feministas que integran la asociación "no van a apoyar manifestaciones que puedan ser interpretadas como saltarse las medias sanitarias": "Estamos en un momento crucial de la pandemia".
En este sentido, Freixa anuncia que la Alianza Contra el Borrado organizará los actos pertinentes para sus reivindicaciones, pero sin llamar a grandes concentraciones.
Mar Cambrollé, presidenta de la Federación Plataforma Trans, aboga porque se puedan producir concentraciones de "300 o 400 personas dependiendo del espacio donde tengan lugar": "Si el espacio es una plaza reducida, igual 400 son muchas, pero en Puerta del Sol no son nada".
"Hay que tener sensatez y cuadrar los números, pero guardando la distancia de seguridad", considera la activista trans, que admite que "no va a haber grandes concentraciones como otros años", pero sí "concentraciones reducidas guardando las medidas de seguridad".
Mar Cambrollé celebrará el 8-M impartiendo talleres para defender la necesidad de la Ley Trans: "Esta ley no viene a quitar derechos a nadie, sino a dárselos a quien no los tiene".
Una reciente investigación de científicos de las universidades Rovira i Virgili de Tarragona y de Zaragoza ha demostrado que si durante la primera ola el confinamiento domiciliario se hubiese producido siete días antes, impidiendo las distintas concentraciones que tuvieron lugar en toda España- se habría salvado la vida de unas 20.000 personas. Un precedente que invita a pensar sobre la conveniencia de volver a realizar este tipo de concentraciones.