Podemos sacrifica a Rosell y De Prada para asegurar el pacto que les abre las puertas del Poder Judicial
El acuerdo global tropieza con dificultades y este miércoles sólo había consenso en lo que afecta a RTVE, donde ya hay acuerdo.
25 febrero, 2021 08:13Noticias relacionadas
En Unidas Podemos admiten que todo se está haciendo mal. Y que sólo el bien mayor de entrar en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) justifica tanta renuncia, que ahora llega incluso a sus dos nombres estrella. Según fuentes de la negociación consultadas por este diario, Pablo Iglesias ya asume que tendrá que poner sobre la mesa dos nombres que no sean los de José Ricardo de Prada y Victoria Rosell.
Pero es que todo el proceso, admiten desde la formación morada, está viciado. Para empezar, su programa electoral abomina de este sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces y propone una elección directa por la ciudadanía. "Pero mientras éstas sean las reglas, jugaremos con ellas", alegan.
El juego, sin embargo, sigue pendiente de que Gobierno y PP lleguen a un acuerdo global sobre la renovación de varias instituciones, acuerdo al que no se había llegado en la noche del miércoles debido, precisamente, a la imposibilidad de cerrar la composición del futuro CGPJ.
Este miércoles sólo había consenso en torno a RTVE, donde ya hay acuerdo para la renovación del consejo de administración, con José Manuel Pérez Tornero como próximo presidente de la corporación. La elección de los miembros está prevista en el pleno del Congreso este jueves.
En la formación de Iglesias son muy conscientes de que ganaron la batalla desde el principio cuando trampearon el marco intelectual. Desde Podemos lograron imponer que ésta sería una negociación "entre el Gobierno y la oposición", es decir, el PP, como único partido necesario para la mayoría de tres quintos necesaria. Porque lo que dice la Ley Orgánica del Poder Judicial es que son las Cámaras -el Congreso y el Senado- las que seleccionan a los integrantes del CGPJ.
Las fuentes del partido de Iglesias consultadas alegan en su favor que "eso es de cuando el bipartidismo, pero ahora las mayorías no se conforman así, y así va a ser en adelante". Lo que encaja con la realidad de que no habría Ejecutivo sin la coalición entre PSOE y Unidas Podemos, pero no con la ley. "Sí, pero el PP se va a tener que aguantar con tenernos donde decía que no íbamos a estar y no nos querían ver", zanja este portavoz.
"Cambiar cromos"
Por otro lado, su peso dentro del Gobierno les está llevando al cambalache que siempre criticaron, el de "cambiar cromos" en la negociación, poniendo y quitando jueces desde la política. Precisamente de ello dicen querer huir sus líderes. "Pero Unidas Podemos", justifican, "no quiere colocar a unos o a otros para controlar una sala por detrás, como dijo Cosidó en su wasap".
Según las fuentes consultadas, los morados buscan juristas progresistas "de verdad". Aunque no expliquen muy bien qué significa eso.
Y finalmente, ese juego de cromos de síle, nole, y veto a ése que no lo quiero ni ver, pero yo a ese otro que mi electorado no aceptaría... ha llevado a que Iglesias claudique y, por asegurar el pacto, renuncie a sus dos nombres irrenunciables: José Ricardo de Prada y Victoria Rosell. Fuentes de la formación morada aseguran a este diario que "no hay obsesión con los nombres, y si hay que cambiarlos, se hará", porque -como siempre- "lo que queremos es un Poder Judicial decente".
Pedro y Pablo, en verano
Desde el pasado verano, según confirman las fuentes gubernamentales consultadas, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias dejaron acordada la renovación de todos los órganos institucionales que estaban pendientes. PSOE y Unidas Podemos, pactaron, irían de la mano, como coalición. Y cómo será de importante para los morados el Poder Judicial que los únicos sillones en los que dejaron asentados los nombres fueron en los del CGPJ.
El empeño del Partido Popular en dejar fuera de la negociación a Unidas Podemos primero provocó reticencias de Iglesias. Pero al final, por el bien mayor, el vicepresidente cedió... siempre con el compromiso de que "el negociador del Gobierno representa a todo el Gobierno", como confirmó, de hecho, José Luis Ábalos este lunes.
Este jueves, el Congreso debe votar los nombres de los nuevos miembros del consejo de administración de RTVE, y tanto PSOE como PP quieren cerrar todo el pack antes: CGPJ, RTVE, Defensor del Pueblo, Consejo de Transparencia y Tribunal Constitucional. Y es que es un trago para los populares, líderes de una oposición fragmentada y en lucha, negociar y pactar con el Gobierno. Y para los socialistas, el dolor de muelas de la negociación en directo con el PP y en diferido con los socios de coalición está complicando la semana.
De hecho, a la hora de escribir estas letras, en la noche del miércoles, seguían reunidos los equipos de Félix Bolaños, por Moncloa, y de Teodoro García Egea, por Génova.
Los caídos
Podemos renuncia a De Prada, vetado por el PP, entre otras cosas, por ser el magistrado que incluyó, en la sentencia de la Gürtel, el famoso párrafo que justificó la moción de censura. Él fue el ponente de la parte del fallo que después desautorizó el Tribunal Supremo considerando que la Audiencia Nacional no debió declarar probada la presunta financiación ilegal del PP porque no era el objeto del proceso y no podía haber responsabilidad penal sin acusación ni defensa.
Pero el mal ya estaba hecho, y Sánchez ya estaba en la Moncloa. Para los de Casado, claro, es imposible aceptar un CGPJ con un magistrado que presenta tal sesgo ideológico e, incluso, tal mancha en su expediente.
Iglesias deja caer también a Rosell, jueza en excedencia y en la actualidad diputada y delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, en el Ministerio de Igualdad de Irene Montero.
Muy valorada por el vicepresidente segundo, su nombre llegó a sonar como ministra de Justicia en un hipotético gobierno de la formación morada. Ya tuvo escaño en la primera legislatura de Podemos, en 2015, pero renunció al mismo e incluso a la política en mayo de 2016, después de que la Fiscalía le abriera una investigación disciplinaria de la que, finalmente, el Consejo General de Poder Judicial la exoneró.
Rosell siempre culpó de esta maniobra al Partido Popular, en concreto al exministro José Manuel Soria, y en varias ocasiones se ha enfrentado personalmente con los populares acusándolos de "urdir una conspiración judicial" contra ella.