El Gobierno ha recibido críticas durísimas por la "pasividad de Hacienda" ante las dos regularizaciones fiscales presentadas por el rey Emérito. Los palos le han llegado incluso desde los portavoces y líderes de "la parte minoritaria del Ejecutivo", que es como el lado socialista define al de Unidas Podemos.
Por eso, este martes, la ministra portavoz, María Jesús Montero, se ha esmerado en explicar que "una regularización no significa que termine ningún proceso, ahora se trata de averiguar si ésta es veraz y si es completa".
Montero no ha pronunciado en ningún momento el nombre del antiguo Jefe del Estado. "Usted comprenderá que no puedo referirme a un contribuyente en concreto", ha insistido con media sonrisa en la cara, "pero todos ya me entienden a qué me estoy refiriendo".
Las regularizaciones fiscales del Rey emérito y su regreso a España
El pasado viernes, fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el que trató de desvincular a Felipe VI de su padre, expresando su "rechazo rotundo a las conductas incívicas que estamos conociendo". Y el que reclamó que "nadie ponga en duda la profesionalidad de la Agencia Tributaria o de la Fiscalía", que habían sido las instituciones atacadas por Jaume Asens y Pablo Echenique en sendas intervenciones públicas.
En ellas, ambos dirigentes de la formación de Pablo Iglesias -como él mismo apuntó en su cuenta de Twitter- acusaron a las instituciones dirigidas por Dolores Delgado y la propia Montero de "garantizar la impunidad" del Emérito. Y este lunes, la portavoz de Podemos, Isa Serra, calificó la regularización de 4,4 millones del padre del Rey -que anticipó EL ESPAÑOL en exclusiva el pasado jueves- como "el reconocimiento de un delito".
No llegó a tanto Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, por supuesto, pero sí que aclaró que "las personas que tenemos responsabilidades públicas y somos referencia por el papel que jugamos en la sociedad, somos los primeras que tenemos que cumplir con nuestras obligaciones". Y entre ellas, "por supuesto y en primer lugar, las tributarias", apostilló.
Montero se defiende
Montero, en todo caso, defendió su labor asegurando que "es falso que el Ministerio de Hacienda haya tenido información de ningún tipo sobre el Rey Emérito". La Agencia Tributaria, ha dicho Montero, "es profesional, tiene especial celo en la persecución y velar con que todos cumplan con sus obligaciones".
Es decir, que lo que fue desde la primera regularización, de casi 680.000 euros -en diciembre- y ante la Agencia Tributaria de la Comunidad de Madrid, y ésta -de febrero- por casi cuatro millones y medio ante Hacienda, por el IRPF de pagos en especie de más de ocho millones desde su abdicación, no ha mantenido en pasividad a la Agencia Tributaria.
"Hay más de mil profesionales dedicados en exclusiva a estar a disposición de los tribunales para que todo se desarrolle con absoluta transparencia", dijo enigmática la portavoz del Ejecutivo, en referencia a los inspectores fiscales de la Agencia Tributaria.
Y a ese respecto, la portavoz sugirió que sí hay una investigación abierta en el seno de la Fiscalía: "Cuando eso pasa, ustedes ya saben que la Agencia Tributaria se limita a ser auxiliar de sus pesquisas".
A efectos de la ley, dijo Montero, "todos los contribuyentes son iguales, y eso hay que resaltarlo, porque en los últimos días se han insinuado cuestiones que nada tienen que ver con la realidad".
El Congreso dice 'no'
Este mismo martes, la Mesa del Congreso ha rechazado las peticiones de comparecencias de la ministra Montero, por la segunda regularización fiscal de Juan Carlos I. La decisión se ha adoptado con los votos del PSOE, PP y Vox, mientras que Unidas Podemos se ha pronunciado en contra.
La petición de comparecencia de la ministra Montero fue registrada por ERC, Bildu, Junts PDeCAT, la CUP y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) para que explicase "en qué circunstancias, condiciones y términos se ha producido la regularización opaca de 4 millones de euros, de dudosa procedencia, por parte de Juan Carlos de Borbón".
Tanto Sánchez el pasado viernes como Montero este martes han insistido en el mensaje del Gobierno desde que empezarona estallar los escándalos financieros del Emérito, con otra exclusiva de este periódico el pasado mes de julio: Felipe VI es inocente, y no se juzga a la institución monárquica, sino la conducta de una persona.
Así Montero ha aclarado que "el Rey cortó de forma abrupta con cualquier vinculación con esas situaciones, incluso renunciando a herencias de rentas o de estructuras opacas".