Pablo Iglesias maniobra para que las CCAA queden fuera de la gestión de los 11.000 millones a empresas

Nacho Álvarez, brazo económico de Iglesias y secretario de Estado de Derechos Sociales, presentó una enmienda a la totalidad al borrador de Nadia Calviño. El objetivo primordial es evitar que el grueso de los fondos que lleguen a las empresas se vehicule a través de las Comunidades Autónomas. 

Los morados no tienen poder regional y, según ha podido saber este periódico, quieren que de esos 11.000 millones, al menos 8.000 sean "ayudas directas". Es decir, "prioritariamente" inyecciones de dinero y no apuntes contables al balance.  

Este martes, el Consejo no abordara el decreto, como estaba previsto de inicio, y si la parte morada del Gobierno logra su objetivo, no sólo habrá demostrado su poder en el Ejecutivo -logrando cambios estructurales de calado en un proyecto que es privativo de Economía y de Hacienda, ministerios socialistas-, sino que tendrá oportunidad de meter mano en el reparto. 

Las últimas informaciones indicaban que la distribución de los fondos destinará unos 5.000 millones de euros a ayudas directas, mientras que otros 1.000 millones serán utilizados para inyectar capital a las compañías más afectadas, según informa Reuters, que citaba fuentes gubernamentales. Pero fuentes de Economía pedían prudencia, pues ya se estaban produciendo movimientos políticos entre las dos partes del Ejecutivo.

Acelerar el decreto

Nada más anunciar Pedro Sánchez que el Ejecutivo preparaba un plan de ayudas directas de "hasta 11.000 millones de euros" a las empresas, en España se certificó con sello de la Moncloa que la tercera ola había acabado con cualquier esperanza de una recuperación rápida de la economía.

Si no, para qué el anuncio en un día en el que el presidente hacía balance de su gestión en el Congreso. Por otro lado, en el Ministerio de Economía se supo que había que acelerar los trabajos de ese decreto, que todavía no tenía una letra redactada, pues estaban en fase de estudio el cómo, el cuánto y el a quién.

Pero una semana antes, en Unidas Podemos se activó la alarma, y Pablo Iglesias pidió una reunión con Nadia Calviño y Reyes Maroto. La vicepresidenta tercera no tenía borrador redactado, pero en el último eurogrupo anunció "para marzo" un plan de ayudas a las empresas "con un nuevo marco un poco más amplio de lo permitido hasta ahora".

Fue su reacción ante la más que previsible oleada de quiebras y concursos de acreedores, tras la última previsión de crecimiento de la economía española de la Comisión, que rebajaba el dato de 2021 al 5,6% del PIB, muy lejos del entorno del 9% que contemplan los Presupuestos.

Calviño, junto a la ministra de Industria ya estaba negociando con la de Hacienda, María Jesús Montero, qué parte de las ayudas serían, efectivamente, "directas", y qué parte iría a recapitalizaciones y cuál a reestructuración de créditos ICO.

Disparidad de criterios

Y en esa cita pedida por Iglesias, según fuentes del Ejecutivo, el vicepresidente segundo planteó que fueran las Comunidades Autónomas las que pusieran 4.000 millones "y sólo en ese caso, que el Gobierno central pusiese otros 4.000", explican estas fuentes. Sin embargo, ahora los morados quieren 8.000, "que es lo mismo, pero todos directamente desde las cuentas del Estado". 

Además, según ha podido saber este periódico, Iglesias postula que las ayudas directas (esos 8.000 de los 11.000 millones planteados) tienen que ser para empresas de todos los sectores. Economía quiere que sean "esencialmente" para los sectores más afectados por la caída de la demanda: el turismo, la hostelería y el ocio. 

El único requisito para acceder a las ayudas que plantean los morados -que se fijan sólo en la facturación- sería presentar una caída drástica de los ingresos anuales en 2020, que cifran entre el 30% y 40%. Fuentes de Economía critican este plan de Unidas Podemos, porque no tiene en cuenta la viabilidad futura de las empresas para la concesión de las ayudas. Es decir, que también las empresas zombis o de viabilidad dudosa podrían recibirlas.

Fuentes de Unidas Podemos consideran que ésa es la única manera de "ser justos" y que el dinero no acabe en compañías que ya son solventes por sí mismas, y que no precisan "realmente" de las ayudas del Estado. Es decir, una vez más, la discrepancia parte de la desconfianza de los morados en Calviño, cuyo decreto consideran "más cercano a una coalición del PSOE con Ciudadanos que con Unidas Podemos".

Sin embargo, desde Economía se critica la cortedad de miras del criterio morado, ya que medir la elegibilidad para las ayudas basándose sólo en la facturación, es decir, revisando el IVA, "indica nada más la capacidad de ingresos, pero no mide la situación real de una compañía". Lo cierto es que otras ayudas, como los ERTE, ya han cubierto gastos empresariales y lo que hay que medir "es la viabilidad" para que el dinero usado sea efectivo.

Mantener un 80% del empleo

En todo caso, el lado morado del Gobierno sí plantea imponer ciertas condiciones para la recepción de estas ayudas directas. Tal como explican las fuentes de Unidas Podemos, la desconfianza también la enfocan en el sector empresarial y reclaman "evitar abusos por parte de las compañías y casos de mala utilización de los fondos públicos" y ligar el apoyo estatal a "ciertos objetivos de políticas públicas".

Para empezar una cláusula de salvaguarda del empleo parcial, de manera que las empresas rescatadas estén obligadas a mantener entre el 70% y el 80% de sus plantillas durante al menos dos años. Es decir, que tendrán muy limitada su capacidad para reestructurar su personal hasta al menos 2022.

Cabe recordar que las empresas que están en un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) también están obligadas a una cláusula de salvaguarda del empleo durante los que dure el ERTE propiamente dicho y los seis meses posteriores al mismo. En este caso, se tiene que mantener al 100% de la plantilla.

Por otro lado, la propuesta morada también contempla que se añada el compromiso de la empresa que reciba estas ayudas "de abandonar en tres años el Régimen de Tributación por módulos".

En caso de que estas condiciones no se cumplan, las empresas tendrían que reembolsar las ayudas directas. Esto también ocurriría si son sancionadas por la Inspección de Trabajo o la Agencia Tributaria o si las propias empresas o sus responsables son condenados por delitos económicos o societarios por hechos acaecidos después del 28 de febrero de 2020.

El resto de las ayudas

Fuentes de Presidencia informaban en la noche del lunes a este diario que Sánchez busca, "no sólo no dejar a nadie atrás", sino mirar adelante "con ambición". La idea es limpiar los balances de las pymes y los autónomos en peor situación, "para iniciar en plenitud de facultades la recuperación económica".

Así, aprovechando las ayudas europeas, "queremos no sólo salvar empresas o empleos", apuntaban las fuentes de Moncloa, "sino reforzar esas empresas y esos empleos": Es más, las fuentes confirmaron la intención del Gobierno de "crear nuevas empresas y nuevos empleos", como ya informó este diario.

El decreto que prepara el Gobierno incluye, además de las ayudas directas que los liderados por Iglesias quieren que se aumenten, un segundo fondo de recapitalización para empresas medianas mediante la empresa pública Cofides -vía deuda subordinada y préstamos participativos-, en la línea del implementado por la SEPI de 10.000 millones de euros para grandes empresas.

El tercer y último fondo se configurará para la reestructuración de los más de 120.400 millones de créditos avalados hasta la fecha por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), en un 98% a pymes y autónomos.

A este respecto, el Ministerio de Asuntos Económicos podría elaborar un protocolo de cara a las reestructuraciones, si bien es previsible que finalmente deje a merced de la banca los procesos de quitas y reestructuraciones. En cualquier caso, las entidades tendrán que asumir parte del coste de estas nuevas medidas.