Bruselas

De nada han servido sus intensas presiones personales a los eurodiputados, ni tampoco su campaña mediática de desprestigio contra la democracia española. El pleno del Parlamento Europeo ha retirado este martes la inmunidad parlamentaria a Carles Puigdemont y a sus exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí. El resultado de la votación sobre Puigdemont se ha anunciado a las 9 de la mañana: 400 votos a favor del suplicatorio, 248 en contra y 45 abstenciones.

En el caso de Comín y Ponsatí, las cifras han sido ligeramente distintas: de los 705 diputados que tiene la Eurocámara, un total de 404 han apoyado levantarles la inmunidad, 247 se oponen y 42 se han abstenido. El resto no ha votado. La aprobación del suplicatorio requería únicamente la mayoría simple.

Aunque el voto es secreto, los cuatro grandes grupos políticos de la Eurocámara han comunicado su apoyo a levantar la protección a Puigdemont: populares (en el que está el PP español), socialistas (incluido el PSOE), liberales (Ciudadanos) y el grupo de derecha radical al que está adscrito Vox (Conservadores y Reformistas Europeos).

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Su argumento es que los hechos de los que se acusa al expresidente catalán son muy anteriores a su elección al Parlamento Europeo y no tienen nada que ver con su actividad como eurodiputado. En todos estos grupos ha habido fugas de votos (que algunas fuentes cifran entre el 10%-15%) de delegaciones de países pequeños que simpatizan con el separatismo.

En contraste, todos los socios de Pedro Sánchez han votado en contra del suplicatorio. Empezando por su compañero de coalición, Unidas Podemos, así como todo su grupo en la Eurocámara, la Izquierda radical, en la que está también Bildu. La formación de Pablo Iglesias alega que se opone a la "judicialización" del "conflicto político" en Cataluña. También se han opuesto Esquerra Republicana y su grupo de los Verdes europeos, así como la eurodiputada del PNV, Izaskun Bilbao.

Además, la mayoría del grupo de ultraderecha Identidad y Democracia, al que pertenecen la Reagrupación Nacional de Marine Le Pen, la Liga de Matteo Salvini y Alternativa por Alemania, ha rechazado levantar la inmunidad a Puigdemont.

El levantamiento de la inmunidad a Puigdemont despeja la vía para reactivar la euroorden contra él emitida por el juez del Supremo, Pablo Llarena, por los delitos de sedición y malversación por su participación en el referéndum ilegal del 1-O y la fallida declaración unilateral de independencia de Cataluña en octubre de 2017.

Siguientes pasos

Aunque tanto Puigdemont como Ponsatí y Comín conservan sus escaños de eurodiputados, la consecuencia más immediata de haber perdido su inmunidad es que verán limitada su capacidad de movimiento fuera de Bélgica. El siguiente movimiento le corresponde al juez Llarena, que es el que debe comunicar a la justicia belga que los políticos catalanes ya no gozan de protección parlamentaria.

Llarena ya ha indicado que antes de reactivar la euroorden se plantea acudir al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para que éste verifique si Bélgica está aplicando correctamente la legislación de la UE. El Tribunal de Apelación de Bruselas rechazó en enero la entrega a España del exconseller Lluís Puig -que no es eurodiputado y no gozaba de inmunidad- con el argumento de que el Supremo no es competente para juzgarlo y de que su presunción de inocencia está en riesgo.

Por su parte, Puigdemont ya ha anunciado que acudirá al TJUE para tratar de salvar su inmunidad alegado irregularidades y falta de imparcialidad en la tramitación del suplicatorio en la Eurocámara. El recurso por sí mismo no paraliza el suplicatorio, pero el expresidente catalán ha indicado que reclamará medidas cautelares.

Puigdemont, Ponsatí y Comín huyeron a Bélgica en octubre de 2017, tras la fallida declaración de independencia de Cataluña en el Parlament y la aplicación del artículo 155. Desde allí se presentaron a las elecciones europeas de mayo de 2019 y en enero de 2020 fueron reconocidos como eurodiputados gracias a la polémica sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre Oriol Junqueras.

El juez Llarena pidió de inmediato el suplicatorio a la Eurocámara, pero la solicitud ha estado paralizada durante meses debido al impacto de la Covid-19, que impidió celebrar las reuniones presenciales a puerta cerrada que exige el reglamento para preservar la confidencialidad. Los trámites se reactivaron el pasado noviembre tras un dictamen de los servicios jurídicos que autorizaba a seguir de forma telemática.

El pasado 14 de enero, Puigdemont, Comín y Ponsantí comparecieron ante el comité de Asuntos Jurídicos para presentar sus argumentos de defensa. El comité aprobó el suplicatorio el 23 de febrero por 15 votos a favor, 8 en contra y dos abstenciones. Una decisión que ha ratificado ahora de forma definitiva el pleno.

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