Pablo Iglesias ha anunciado su dimisión como vicepresidente segundo del Gobierno para disputar a Isabel Díaz Ayuso la presidencia de la Comunidad de Madrid en las elecciones convocadas para el próximo 4 de mayo. Y lo ha hecho a través de un mitin grabado en su despacho oficial, ubicado en la sede del Ministerio de Sanidad.
Esto supone que el líder de Unidas Podemos habría incumplido el artículo 50.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), que prohíbe en época electoral que los poderes públicos usen medios institucionales para la promoción de sus logros.
Así lo apuntan distintos expertos en Derecho consultados por EL ESPAÑOL, que consideran que Iglesias habría incumplido la norma que prescribe que "desde la convocatoria de elecciones y hasta la celebración de las mismas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones".
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La escenografía no deja lugar al equívoco. Las dos banderas institucionales -España y Unión Europea-, junto a los cuadros característicos de Luis Feito, delatan que el todavía vicepresidente segundo del Gobierno ha utilizado su despacho oficial para arrancar la campaña electoral contra la "ultraderecha" -encarnada, en su imaginario, en Ayuso y Vox-.
Tampoco puede suscitar mucha discusión el marcado carácter electoralista de su discurso, que ha comenzado recordando cómo "hace poco más de 7 años presentamos Podemos en el teatro del barrio".
A partir de ahí, Iglesias ha asegurado que han "conseguido cosas que nunca antes se habían conseguido en política", como "acabar con el bipartidismo" o, desde su llegada al Gobierno, haber "limitado los infames desahucios", "revertido los recortes del PP" e "impulsado una ley para proteger a la infancia contra la violencia".
Tras atribuir a su partido todo un ramillete de logros y loar su labor dentro del Gobierno de coalición, el vicepresidente ha cargado contra Ayuso y ha asegurado que su intención es evitar "el asalto de la derecha trumpista a las instituciones" o "evitar que los criminales de ultraderecha tomen el poder apoyados por los poderes económicos y mediáticos". Todo ello desde su despacho oficial.
El precedente Sánchez
El precedente más reciente es bastante claro al respecto. Y es que la Junta Electoral Central ya multó a Pedro Sánchez por hacer campaña desde la Moncloa antes de las elecciones del 10 de noviembre de 2019.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el periodista Antonio García Ferreras en un momento de la entrevista.
El presidente del Gobierno tuvo que pagar 500 euros por el uso "electoralista" que dio al palacio de la Moncloa antes de la campaña del 10-N, en una entrevista concedida al periodista Antonio García Ferreras en Al Rojo Vivo.
El acuerdo relativo a Pedro Sánchez establecía una cuantía de sanción inferior a la propuesta final que trasladó a la Junta el instructor del expediente, Eduardo de Porres.
El magistrado propuso una sanción de 2.800 euros al reparar en que "la escenografía" de la entrevista delataba sin lugar a dudas que se estaba celebrando en la sede de la Presidencia del Gobierno. Tenía en cuenta, por otro lado, que la web de la propia Moncloa reprodujo íntegramente el contenido de la entrevista en cuanto acabó. Un precedente muy similar, amén de poco alentador para Pablo Iglesias.