La llegada de Ione Belarra al Gobierno de Pedro Sánchez se puede complicar si el juez de Instrucción del número 42 de Madrid atiende la petición de imputación de la sustituta de Pablo Iglesias. El caso de los sobresueldos de Podemos se enreda, de hecho, por culpa de la línea de defensa del propio partido.
Y es que es en los documentos presentados como pruebas exculpatorias por la dirección del partido en lo que se basa el recurso contra el sobreseimiento de esta causa en el que la acusación particular amplía a "toda la dirección de Podemos" la responsabilidad de "encubrimiento y complicidad" en el delito. Y concretamente, contra Belarra, como secretaria del Consejo de Coordinación del partido, que estaría tratando de "actuar como juez y parte" para "confundir al instructor" del caso.
La exsenadora de Podemos Celia Cánovas, personada en la causa abierta por el juez Juan José Escalonilla, ha recurrido el archivo de la denuncia por "administración desleal" presentada por José Manuel Calvente y Mónica Carmona, acordado el pasado 11 de marzo. Sólo ocho días después, Cánovas interpuso recurso de reforma y subsidiario de apelación a cuyo escrito ha tenido acceso este periódico.
En el documento, de 23 páginas, la también abogada amplía no sólo desmonta los argumentos del juez Escalonilla para el sobreseimiento de la denuncia, acusando a Podemos de "encubrir" los actos "ilegales y contrarios a los Estatutos del partido" de dos de los miembros de su dirección, Rocío Esther Val (gerente) y Daniel de Frutos (responsable de finanzas).
También amplía las imputaciones a Ione Belarra -actual secretaria de Estado para la Agenda 2030 y futura ministra de Derechos Sociales- en su calidad de secretaria del Consejo de Coordinación de Podemos en 2019, por "firmar los certificados de los acuerdos que obran en las actuaciones".
"Propiedad privada"
Además, pide la citación como investigado del responsable económico-financiero de la formación política, Denis Thomas Maguire. Y la declaración como testigo de Pablo Manuel Fernández Alarcón, exgerente del partido que "propuso la creación de las tablas salariales en el año 2017" y cuya declaración fue acordada pero que "no pudo llegar a practicarse" antes del archivo de la causa.
El escrito es demoledor contra el auto de sobreseimiento y culpa al propio partido de haber intentado "ocultar información, confundir al instructor y entorpecer totalmente la investigación" presentando "hechos tergiversados" en sus escritos y en los documentos aportados a la causa.
Según la recurrente, la dirección de Podemos ha convertido el partido en una "propiedad privada" de sus dirigentes, que "no respeta los estatutos" y "valida actos de disposición patrimonial de sus miembros porque son ellos mismos quienes los cometen", ya que la gerente y el tesorero son miembros de la ejecutiva del partido.
"no respetó las tablas salariales vigentes", ni las "normas estatutarias" puesto que la Gerencia "carece de potestado para modificar unilateralmente las tablas salariales". Y acusa al Consejo de Coordinación, que es la ejecutiva del partido, de querer "confundirse" con la misma formación política " de modo que su personación" en la causa se centre en "defender a ultranza a los dirigentes" y "no velando por los intereses y fines de Podemos".
Alega el escrito que los representantes legales de Podemos están "perjudicando" al partido, "poniendo en riesgo los fondos públicos de que se nutre", y que la formación "está siendo utilizada maliciosamente por sus dirigentes en defensa de los autores" de los delitos denunciados.
Halla otros 9 'sobresueldos'
Concretamente, el recurso explica que cuando los abogados de Podemos trataron de negar la responsabilidad de Val y De Frutos en la "creación" de unos complementos salariales "ilegales", aportaton "un muestreo de nóminas con otros complementos acordados por la gerencia".
Y que estos "complementos salariales" sin autorización expresa del Consejo Ciudadano -el órgano autorizado para crearlos-, lejos de ser un descargo, son "una prueba más de la creación" de 'sobresueldos'.
Así, a los complementos de coordinación y de coordinación ejecutiva, se añadirían otros nueve más. Con nombres tan poco específicos como los de "implementación de imagen corporativa"; de "coordinación de producción", de "coordinación informática", de "coordinación de redes", de "responsabilidad en comunicación", de "responsabilidad personal", otro de "coordinación de audiovisuales", de "coordinación de producción", uno más de "responsabilidad personal en comunicación" e incluso un "complemento personal".
Y que ni los dos investigados hasta ahora ni estos otros nueve "tampoco están contemplados en la tabla salarial de 2017", que era la vigente en 2019, según los Estatutos de 2018, que además "le ocultaron al juez" y "al no haberse aprobado un presupuesto para 2019".