El Gobierno pregunta al régimen de Maduro por los tres "presos políticos" españoles en sus cárceles

Lo cierto es que las relaciones entre España y el régimen chavista en Venezuela nunca pueden ser completamente transparentes. Y paradójicamente, está bien que así sea. Probablemente, el Gobierno de Pedro Sánchez tenga que transigir con situaciones que no son fácilmente digeribles por la opinión pública, a cambio de que las empresas de nuestro país sean -como son- las únicas que no han sido intervenidas, expropiadas o acosadas en cada uno de los sectores económicos del país caribeño.

Y quien habla de empresas habla, sobre todo y en verdad, de una realidad aún mucho menos confesable: los presos políticos con nacionalidad española. Las fuentes citadas explican a este diario que estos casos se tratan con suma delicadeza y que "la Embajada de España en Caracas hace un continuo seguimiento de los presos políticos binacionales hispano-venezolanos", tratando de quitarle hierro al asunto.

Pero la verdad es que la familia de uno de ellos, la del teniente coronel Ruperto Chiquinquirá Sánchez Casares ha denunciado que el actual representante diplomático de nuestro país no la está atendiendo.

Las cosas han cambiado

Fuentes del Ministerio admiten que las cosas han cambiado mucho desde el relevo en la legación diplomática. Tras la salida de Jesús Silva, perseguido por los secuaces de Nicolás Maduro, España castigó al chavismo sin enviar embajador. En la actualidad, el diplomático de mayor rango es el encargado de negocios, Juan Fernández Trigo, hasta entonces embajador en Cuba.

Aquel cambio, a finales del año 2020, tuvo que ver con una nueva etapa en las relaciones entre España y Venezuela, mucho más oscura y cercana a las negociaciones bajo la mesa que al enfoque más frontal del Gobierno del PP de Mariano Rajoy o a la confusa indefinición inicial de la Administración Sánchez.

El 4 de noviembre de 2020 el Gobierno de España lo designó para el cargo ratificando que no nombraría un nuevo embajador ya que el Ejecutivo de Sánchez no reconoce a la administración de Maduro como el Gobierno legítimo de Venezuela. Pero es cierto que Fernández Trigo está jugando un papel de perfil mucho más bajo que el que llevó Silva, quien por ejemplo alojó al líder opositor Leopoldo López durante casi dos años en su propia residencia.

En la actualidad, España combina actuaciones inobjetables desde el punto de vista diplomático (pero rayanas en lo ofensivo para con el régimen chavista desde una visión política), con una apertura a las conversaciones y al acercamiento a medio plazo con la oposición. Así, recientemente Arancha González Laya no dejó de visitar la frontera en Cúcuta cuando viajó a Colombia, por donde pasan en "la búsqueda de una mejor vida" los miles de venezolanos que cruzan al país vecino.

Al otro, Nicolás Maduro, alzó el tono contra un gesto que leyó como una "agresión" y puso bajo revisión "toda la relación" con España. "No estoy aquí para criticar ni dar lecciones a Venezuela, yo estoy aquí para intentar, junto a la comunidad internacional, dar una respuesta a los ciudadanos venezolanos que han decidido abandonar su país y venir a Colombia en búsqueda de una mejor vida", dijo la jefa de la diplomacia española.

Un militar hispano venezolano

El militar Ruperto Sánchez permanece desde hace casi siete años recluido por el régimen por un presunto delito de instigación a la rebelión, a pesar de que no ha podido probarse después de 22 tomas de declaración públicas que realizó el tribunal a cargo del caso.

Detenido el 2 de mayo de 2014 por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), permaneció en los calabozos de la sede de ese cuerpo en Boleíta durante tres meses, antes de ser trasladado a la cárcel militar de Ramo Verde, la misma de Leopoldo López. El padre del líder opositor, el eurodiputado Leopoldo López Gil, por el PP, ya impulsó el año pasado una iniciativa para que el Parlamento Europeo se involucrara en la liberación de los presos políticos eurovenezolanos.

Sánchez nació en Valladolid (España) y llegó con su familia a Venezuela siendo un niño. Servía en el Ejército del Aire y siempre rechazó la imposición ideológica del régimen tras la llegada al poder de Hugo Chávez en 1999. Los partidarios de Maduro aprovecharon una supuesta conspiración, bautizada como el Golpe Azul (color de la Aviación), para incluirle entre los acusados en 2014.

Su esposa, Kerling Rodríguez, denuncia que ya ha cumplido 6 años y casi 11 meses de su pena de su condena a 7 años y 3 meses. De hecho, "debió salir en libertad en agosto de 2019" por el tiempo redimido de su condena a cambio de los días trabajados en prisión, según su defensa. Fuentes diplomáticas españolas confirman que el teniente coronel Sánchez está preso sin pruebas, y que su juicio y condena no contaron con ninguna garantía.

Los otros presos políticos

Pero asimismo señalan el caso de María Auxiliadora Delgado y el de Jorge Alayeto Bigott. Delgado, otra hispano venezolana, y su marido fueron detenidos junto al hermano de ella por el supuesto atentado contra el mandatario Nicolás Maduro en 2018. Ella fue liberada después de de siete meses presa y nuevamente arrestada en menos de 24 horas.

Alayeto Bigott permanece en la actualidad encerrado también en Ramo Verde, una cárcel militar en medio de la selva, lejos de la capital, sin acceso a un juicio justo ni a la atención médica que requiere ante su delicado estado de salud, según denuncian sus familiares.

Fuentes conocedoras de su situación explican a EL ESPAÑOL que este empresario de Valencia fue arrestado por ser el dueño de una finca que varios militares utilizaron como base de un asalto a un arsenal de armas, en la llamada operación David. Su pesadilla comenzó el 6 de agosto de 2017, cuando fue detenido sin siquiera orden judicial por agentes de la Dgcim.

La operación David, encabezada por el capitán de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Juan Carlos Caguaripano, buscaba el asalto del parque de armas del Fuerte Paramacay.

Fuentes de Exteriores en España explican que la embajada sigue pendiente de los tres, a pesar de las tensiones diplomáticas entre los dos países y con la Unión Europea, cuya embajadora, Isabel Brilhante, fue declarada non grata el pasado 24 de febrero y expulsada de Caracas, después de que Bruselas sancionara a otras 19 personas de la cúpula del régimen. Es más, que "de forma regular se solicitan las correspondientes visitas consulares" a cada uno de ellos.

La labor habitual en estos casos, explican las fuentes, es más de consuelo y atención social a los familiares. Pero el hecho de que tengan la doble nacionalidad los convierte, quieran o no, en un activo dentro de las negociaciones más o menos explícitas que mantienen ambos países.

España sigue reconociendo a la Asamblea Nacional nacida de las elecciones de 2015 como el interlocutor legítimo. Pero lo cierto es que en Exteriores recuerdan que ésa es la posición política pero otra es la realidad, que quien "detenta el poder real es Maduro" y que es con él con quien hay que entenderse para operar en el país... y que esto opera tanto para las empresas como para los presos.