Partido Popular, Ciudadanos y Vox han acudido a instancias europeas para paralizar la implantación de la Ley Celáa. ¿El resultado? La puesta en marcha de una investigación de la Comisión Europea sobre si vulnera el pluralismo educativo y la libertad de elección, y dos solicitudes a órganos de la Eurocámara para que se posicionen también al respecto.
En este punto, serán la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo y el Intergrupo sobre Discapacidad los que tendrán que pronunciarse.
De esos tres cartuchos puede depender el futuro de una Ley Educativa aprobada de forma exprés y con una gran contestación en la calle y en el Parlamento. El objetivo del Partido Popular ahora es obtener un posicionamiento europeo que pueda paralizar la puesta en marcha de la ley antes del curso 2021/2022.
El debate en Bruselas, propiciado por la presentación de cinco denuncias de asociaciones y plataformas como Más Plurales o CONCAPA, ha sido impulsado por varios eurodiputados españoles, como la popular Pilar del Castillo.
En declaraciones a EL ESPAÑOL, del Castillo explica que el veredicto de Europa es muy importante, pues debe pronunciarse sobre "si el derecho de los padres a educar a sus hijos de acuerdo con sus preferencias morales o religiosas debe de ser efectivo o no".
Puntos fuertes
Del Castillo recuerda que, entre los puntos fuertes de las peticiones de amparo que han presentado las distintas organizaciones reclamantes está el "derecho a elegir la educación", que se contempla en el artículo 27 de la Constitución Española y en artículo 14.3 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales. "Los colegios concertados pueden tener un futuro complicado ante la ausencia de este criterio", explica la europarlamentaria.
Es importante para los eurodiputados del PP lo que concierne a la enseñanza especial. Un tema muy sensible que esta semana ha levantado más de una herida en el Congreso de los Diputados. La Plataforma Educación Inclusiva Sí, Especial También, que agrupa a personas con discapacidad, ha exigido la dimisión de la ministra de Educación, Isabel Celaá, por responder "faltando al respeto" al diputado Juan José Matarí, después de que este contara la experiencia de su hija con síndrome de Down en un centro especializado.
Pilar del Castillo, europdiputada del PP.
El debate no sólo se torna personal, sino también formativo. del Castillo lamenta que si la ley Celaá prospera, se avecine un cierre de esos centros "para llegar a convertirse en asesores de centros ordinarios". "Es muy grave. Los centros de educación especial cubren una necesidad con situaciones muy complejas a nivel formativo", señala.
Si todo va según espera el PP, la Comisión Europea podría emitir un informe sobre el tema "señalando los puntos donde los responsables educativos de España" vulneran algún derecho. Incluso, podrían instar a "corregir los problemas que se han planteado" y dar "garantías" para que esa vulneración del derecho "desaparezca".
Correcciones
El pronunciamiento de la Eurocámara podría ayudar, tal y como espera el PP, a que el Gobierno repensara la "posibilidad" de corregir "algunos de esos elementos" cargados de polémica.
Cualquier posicionamiento, a favor o en contra, tendrá que ser emitido por el acuerdo de comisarios. En el PP no están seguros de cuál será su respuesta, aunque reconocen que percibieron "sintonía" en gran parte de la Cámara.
Una resolución del Parlamento Europeo no implicaría una derogación de la LOMLOE, ni de su contenido. Sí tendría una gran legitimación política y podría tener gran repercusión en el debate social. Además, podría ser utilizada por la Comisión en sus negociaciones con España.
Cabe recordar, además, que contra la Ley Celaá hay dos recursos ante el Tribunal Constitucional: el de Vox, que ya se ha presentado, y el del PP que se ha registrado este mismo lunes.