El asalto a Ceuta entre el lunes 17 y el martes 18, la semana pasada, supuso la entrada ilegal de "más de 8.000 personas" en territorio español, según fuentes del Gobierno. Diferentes agencias del Ejecutivo han cifrado en alrededor de 1.000 los menores que estaban incluidos entre ellos "y muchos de ellos, engañados", se explica desde el entorno de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, competente en materia de Infancia.
Tras varias reuniones del Consejo Interterritorial, el Gobierno ha logrado repartir entre las CCAA a 200 inmigrantes que no podrán ser devueltos a Marruecos, dada su condición de menores de edad.
La ministra de Podemos -candidata, de hecho, a dirigir el partido tras la retirada de Pablo Iglesias- sabe que en este incidente tiene una posición muy delicada. Su partido siempre ha renegado de las devoluciones en caliente, ha criticado "a la dictadura marroquí" y ha defendido "la libre autodeterminación de la república saharaui".
Ahora, un Ejecutivo de coalición del PSOE con Unidas Podemos presume de "haber devuelto en menos de 48 horas a más de 5.000 de los 8.000 que entraron en Ceuta". Y de que entre ellos, había menores. "Pero porque entraron engañados, los reclamaban sus padres desde el otro lado de la frontera", explican las fuentes del Gobierno.
Reacción rápida
Para poder abordar esta situación de "grave crisis humanitaria" provocada por "un conflicto político", añaden desde Derechos Sociales, el mismo martes 18 por la noche, Belarra convocó para el día siguiente un consejo interterritorial con los consejeros autonómicos.
Oficialmente, para "abordar la situación de los niños y niñas que migran solos en Ceuta". En realidad, la cita era para pedir ayuda a las Comunidades Autónomas, que son las administraciones competentes en servicios sociales y las que debían aceptar o no el envío a la Península de los menores. Porque son sus servicios y presupuestos los que se harán cargo.
"Debemos ofrecer una respuesta colectiva como país a la altura de nuestros compromisos internacionales con los derechos de la infancia", clamaba entonces Belarra. La realidad es que ha necesitado una semana para arrancar un compromiso a los gobiernos regionales, algunos de ellos reticentes a aceptar un reparto que tensionará sus centros de acogida. De hecho, Madrid ya advirtió de que en los últimos años no ha recibido "ni un solo euro" del Gobierno central para esta misión.
Ya estaban en Ceuta
El objetivo de Belarra no era enviar a la Península precisamente a los menores recién llegados a la Ciudad Autónoma en el asalto orquestado por las autoridades marroquíes. Fuentes de su entorno explican a este diario que "en realidad lo que se hará será trasladar a los chicos y chicas que ya estaban en centros de la ciudad, para dejar espacio a los recién llegados".
Así se pretende que se pueda atender mejor a una ingente cantidad de menores y, sobre todo, seguir trabajando en su repatriación "por reagrupación familiar". Los servicios del Ministerio de Derechos Sociales, en colaboración con Interior y el gobierno de la ciudad de Ceuta, han habilitado teléfonos y listas de contacto para que las familias marroquíes que buscan a sus hijos desde la tarde del pasado lunes, puedan buscarlos en Ceuta para reclamar su regreso. "Y eso no es viable si los mandas a la Península".
Pero tampoco se les puede atender si no se vacían los centros de Ceuta, razón por la que había que hacer estos traslados. Debido al elevado número de menores extranjeros no acompañados que ya tienen bajo su tutela, las propias Ceuta y Melilla, además de Canarias -que ya acoge a 2.700- han quedado excluidas del reparto propuesto.
El reparto
Finalmente, Madrid y Galicia son las comunidades que más menores acogerán, con 20 cada una, seguidas de Castilla y León (18), Cataluña (15), Castilla-La Mancha (14) y Comunidad Valenciana y Andalucía, con 13 plazas cada una. Precisamente, el Gobierno andaluz se ha visto sometido a presiones de Vox, su apoyo parlamentario, que amenazó con romper sus vínculos con el Ejecutivo de coalición entre el PP y Ciudadanos. El presidente, Juanma Moreno, reaccionó con displicencia: "Vox es muy libre de decir lo que quiera, y este gobierno de hacerlo... cumpliremos".
Además, a Baleares, Asturias y Extremadura irán 11 menores a cada una, nueve serán reubicados en Aragón, ocho en el País Vasco, siete en Cantabria y Murcia, seis en Navarra y cinco en La Rioja.
Aunque inicialmente La Rioja iba a acoger 17 menores, su consejero de Servicios Sociales, Pablo Rubio, ha aclarado a Efe que serán 5 después de haber redefinido con el Ministerio su propuesta inicial basada en indicadores que no habían tenido en cuenta que ya habían acogido a niños extranjeros anteriormente.
En las horas previsa a la reunión, desde las consejerías de Cataluña, Andalucía, Galicia y Madrid se han mostrado reticencias a las formas de este reparto, más allá de ofrecer su colaboración solidaria. Cataluña ha pedido más recursos, Andalucía ha avisado de que está saturada y Galicia y Madrid han se han mostrado disconformes con la fórmula de reparto.
La distribución planteada por Belarra se basa en diversos criterios: el 50 % de las plazas por el impacto en acogida de los menores migrantes no acompañados de cada comunidad, otro 25 % en función de la población y otro 25 % por situación económica, que a su vez se reparte en un 12,5 % por renta per cápita y el otro 12,5 % según la tasa de paro.