La pandemia no termina de imponer el consenso y la cogobernanza entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. La primera gran decisión de la desescalada, acordada el pasado miércoles en el seno del Consejo Interterritorial con seis votos en contra, está agitando una rebelión.
El BOE de este sábado recoge la obligatoriedad cumplir con las nuevas restricciones sobre el ocio nocturno y la hostelería pero varias comunidades ya han afirmado que no las acatarán y han puesto ya en manos de sus servicios jurídicos la orden. Madrid incluso ha anunciado que recurrirá ante la Audiencia Nacional.
"Lo que el Gobierno no puede hacer, pretextando una actuación coordinada, es invadir las competencias de las comunidades porque para que un acuerdo sea obligatorio primero no tiene que haber votos en contra", ha aseverado el consejero de Justicia en funciones de la Comunidad, Enrique López.
El dirigente madrileño ha tachado de "ilegal" esta actuación, de la misma forma que su homólogo en el departamento de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que ya había anunciado antes que el Ejecutivo en funciones de Isabel Díaz Ayuso no va a "permitir que se produzca ese retroceso en la vuelta a la normalidad".
La orden establece, entre otras cosas, la reapertura del ocio nocturno hasta las 02.00, ampliable una hora más, siempre y cuando las comunidades que estén fuera del nivel riesgo o en el nivel de alerta 1. Según el último reporte de Sanidad, hasta el viernes eran solo Galicia, Cantabria, Navarra, Extremadura, la Comunidad Valenciana, Murcia, Baleares y Canarias. El resto, salvo País Vasco y La Rioja -que están en el 3- se sitúan en el nivel 2.
Ruiz Escudero ha asegurado que su departamento ha trasladado la orden del Ministerio a los servicios jurídicos regionales para saber qué acciones se pueden tomar con el fin de que Madrid siga aplicando su modelo de medidas, un planteamiento replicado por la Xunta gallega.
El Ejecutivo liderado por Alberto Núñez Feijóo ha insistido en que seguirá su "hoja de ruta" para la desescalada y ha vuelto a dejar en el aire la aplicación de las medidas publicadas en el BOE a la espera de conocer el dictamen de la asesoría jurídica de la Administración autonómica, que prevén tener listo "la semana que viene".
"Si nos dicen que es obligatoria, no somos un gobierno insumiso", ha señalado el vicepresidente del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda Rueda, que ha censurado la "imposición" de medidas "sin diálogo, explicación y sin argumentación" y ha alegado que "las restricciones no tienen sentido, sobre todo, por ser prolongadas en el tiempo y sin ninguna evaluación paulatina".
En la misma línea se ha pronunciado este sábado el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que ha censurado que el Gobierno se obceque en "en aumentar las restricciones que tanto daño hacen a la economía cuando la evolución epidemiológica y sanitaria está a la baja" y ha instado al Ejecutivo central a "volver al consenso".
Imagen del Consejo Interterritorial de este miércoles.
Además de Madrid, Galicia y Castilla y León, también votaron en contra de la norma el pasado miércoles Cataluña, Murcia, País Vasco y Andalucía. Esta última, aunque ha anunciado que "es leal con el Gobierno de España" y acatará la medida, ha rechazado colaborar con el Ejecutivo central "para acabar o hundir al sector de la hostelería".
En el lado opuesto, la portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha instado ha "dejarse de confrontación y ponerse de acuerdo". "Intentemos ponernos de acuerdo. Tiremos la llave al mar si hace falta hasta que encontremos un acuerdo porque la ciudadanía lo necesita. Vamos a ponernos de acuerdo en los matices, porque al final se trata de matices", ha pedido.
Por imposición
Tras el fin del estado de alarma, el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez optó dejar las futuras decisiones sobre la gestión de la pandemia y la vuelta a la normalidad en manos del Consejo Interterritorial, que reúne al Ministerio de Sanidad y las distintas comunidades, en su apuesta por la "cogobernanza".
Sin embargo, el primer gran "acuerdo" salió adelante con seis votos en contra y críticas desde todos los flancos por su carácter de obligado cumplimiento que el departamento dirigido por Carolina Darias se ha encargado de subraya.
El Ministerio de Sanidad trasladó este viernes a las comunidades la orden con las restricciones al ocio nocturno y la hostelería recordándoles que deben acatarla hasta que la ministra "apruebe la finalización de su vigencia", previo acuerdo del Consejo Interterritorial. No obstante, la norma es recurrible en reposición ante la propia ministra o ante lo contencioso de la Audiencia Nacional.
Desde el PP, instan al Gobierno a no imponer "por la fuerza" estas restricciones y acusan a Sanidad de actuar "con criterios políticos y no técnicos". Por eso, según ha considerado la vicesecretaria de Política Social de la formación, Ana Pastor, "tienen que rectificar".
También el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, ve "muy discutible" que sean de obligado cumplimiento las nuevas restricciones ya que no han sido adoptadas por unanimidad. "Quiero pedirle a Darias que se aclare y aclare de una vez por todas por qué decide criterios más restrictivos cuando las comunidades están tomando sus propias decisiones: ¿en qué quedamos? ¿Cogobernanza o mando único? Las dos cosas no valen", ha reprochado el dirigente naranja.