El Gobierno mantiene la restricción de fumar en la calle por la Covid si no hay distancia de seguridad

El Ministerio de Sanidad está imponiendo una especie de "estado de alarma encubierto". Prohibiciones a nivel nacional, como la de fumar en la calle, se imponen después de que España haya sido amonestada por la Unión Europea por no haber actualizado su ley contra el tabaco, que data de 2006, desde hace más de una década.

El anuncio de Salvador Illa de que haría una nueva Ley Antitabaco nada más llegar al Ministerio, en febrero de 2020, para "ampliar los espacios libres de humo", nunca se llevó adelante. Y ahora se cuela en la regulación contra la Covid, "sin debate y por obligación", lamentan a este periódico fuentes de las consejerías rebeldes, a pesar de que "nos hablan de cogobernanza, pero luego nos imponen las medidas... eso sí, cuando suben los contagios, desde el Gobierno central señalan a cada territorio".

La Ley Antitabaco entró en vigor el 1 de enero de 2006 y fue modificada cinco años después para prohibir fumar "en todos los espacios públicos cerrados", aunque permitía hacerlo en lugares al aire libre, como terrazas de hostelería, siempre que estuvieran totalmente abiertas. A partir de este sábado, esto ya no es así: el decreto de Sanidad que ha vuelto a unir a las CCAA del PP con los socios separatistas del Gobierno de Pedro Sánchez -e incluso a varias regiones socialistas- prohíbe fumar al aire libre y permanecerá en vigor mientras dure la pandemia.

Las consejerías de Sanidad que votaron en contra el pasado miércoles en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) rechazan el nuevo decreto de medidas vinculadas a la Covid. Fuentes de la Consejería madrileña recuerdan que, "de la noche a la mañana pasó de ser un documento de recomendaciones a una imposición".

Prohibido fumar por decreto

Una de las consecuencias de que este catálogo de restricciones haya derribado las fronteras competenciales de las Comunidades Autónomas es que desde este sábado está prohibido fumar en la calle.

Así lo recoge expresamente el texto que Carolina Darias impuso a las CCAA en el último Consejo Interterritorial, el pasado miércoles [consúltelo aquí en PDF]: "No se permitirá fumar en la vía pública o en espacios al aire libre cuando no se pueda respetar una distancia mínima interpersonal de al menos 2 metros. Esta limitación será aplicable también para el uso de cualquier otro dispositivo de inhalación de tabaco, pipas de agua, cachimbas o asimilados".

Según las fuentes consultadas, la reunión fue un auténtico esperpento. Porque la batalla política entre el PSOE en el Gobierno y el Partido Popular en sus ejecutivos autonómicos está centrando los titulares de prensa. Pero en realidad la rebelión más llamativa en la cita de Darias con los consejeros la protagonizaron las regiones regidas por sus socios parlamentarios, País Vasco (PNV) y Cataluña (ERC), y dos CCAA de gobierno socialista, Baleares y Comunidad Valenciana.

Gotzone Sagardui es la consejera vasca, de un gobierno en coalición con el PSE-PSOE, y se negó siquiera a participar en el debate. Y es que la noche anterior, a las 21.59 horas del martes, el Ministerio de Sanidad hizo llegar a cada una de las Consejerías regionales el documento recién salido de la Comisión de Salud Pública... pero con una modificación clave: Darias lo había convertido en un proyecto de Declaración de Acciones Coordinadas (DAC).

Y eso, en la jerga jurídica del Interterritorial se traduce en "de obligado cumplimiento".

Eso significaba cambiar la filosofía inicial de este tipo de medidas, ideadas el pasado mes de julio, todavía con Illa como ministro de Sanidad, a la salida del primer estado de alarma y para "gobernar coordinadamente la desescalada".

Aquel Plan de Respuesta Temprana, Illa lo vendió como "el instrumento del que nos dotamos para que la cogobernanza funcione", como el paso intermedio entre la "nueva normalidad" y el "estado de alarma, que sólo se volvería a aplicar en caso de extrema necesidad", añadió... y con un funcionamiento basado en la voluntariedad: "Cuando haya situaciones comunes en más de una Comunidad Autónoma, aprobaremos en el seno del Consejo Interterritorial una DAC con medidas que rijan en esas dos regiones".

Pero nunca como imposición. "Éste es un documento trabajado en los últimos dos meses", dijo Illa, "con las aportaciones de todas las comunidades".

Por eso, el País Vasco recuerda que ya pidió una legislación alternativa al estado de alarma y, a falta de ésta, invoca sus competencias en Sanidad para no aceptar "esta injerencia". El presidente de los peneuvistas, Andoni Ortuzar, llegó a advertir el viernes de que su partido se "replanteará" el apoyo al Ejecutivo central si seguía adelante con la imposición.

Y el Gobierno siguió: publicó el decreto este sábado en el BOE.

La bronca en el CISNS

Las fuentes consultadas relatan que en la cita del miércoles, el consejero catalán, Josep Maria Argimon (Junts), pidió en su última intervención a Darias "que retirara el documento" y diera una semana a todas las regiones para hacer sus aportaciones, "trabajarlo mejor y discutirlo en común". Pero Darias ni siquiera contestó, relatan partícipes de la reunión.

Patricia Gómez i Picard, consejera de Salud balear, y Ana Barceló, la de la Comunidad Valenciana, levantaron la voz, por su parte, advirtiendo a Darias de que estas imposiciones no podrían aplicarse en sus respectivas regiones "porque atacaban directamente al sector del ocio nocturno" y al turismo, con la restricción del tabaco y los dispositivos de vapeo.

"Justo ahora, iniciando la campaña turística", advirtieron, "es un golpe a la economía". Y sobre todo, por imposición desde Madrid, que no les permite modular las medidas.

Por su parte, fuentes de la Comunidad de Madrid señalan que "Darias impone restricciones, lo cual es ilegal y vamos a recurrir", pero sobre todo, que "lo hace utilizando criterios de hace nueve meses, del pasado septiembre, cuando la situación es completamente distinta".

Enrique Ruiz Escudero señala a este periódico que "son restricciones sin sentido" porque "hoy tenemos a casi la mitad de la población generando anticuerpos, como mínimo con la primera dosis de la vacuna, y los semáforos de restricciones que nos obligan a aplicar han quedado obsoletos, no tiene sentido".

El consejero se vacunó precisamente este sábado, en el Hospital Puerta de Hierro. A la salida, atendió a los medios y dijo estar seguro de que el decreto será tumbado por los tribunales: "El lunes tomaremos una decisión, pero Sanidad hace pasar el Interterritorial como una Conferencia Sectorial, y no lo es", explicaba. Es decir, que "el reglamento obliga a que las decisiones se tomen por consenso y no vale una votación por mayorías".

Hay que recordar que seis regiones votaron en contra en el CISNS, otras dos se abstuvieron... y País Vasco simplemente ni se dio por aludida.

Rebelión de los socios

Este viernes, representantes de ERC, JxCat, PDeCAT, EH Bildu, la CUP y el BNG solicitaron por escrito una comparecencia urgente de Carolina Darias en el Congreso para "dar explicaciones sobre lo acontecido" en el último Consejo Interterritorial de Salud.

Y ésta es la prueba de que todas las formaciones políticas fuera del Gobierno de coalición consideran esta imposición como un estado de alarma encubierto e impuesto. Cabe recordar que los contactos del PP con todos los grupos -menos Bildu- para sacar adelante su llamado "plan B jurídico" siguen adelante. Y esa extraña asociación se vuelve a reunir en este caso.

Las fuerzas soberanistas con representación en el Congreso consideran que Darias impuso el pasado miércoles "de manera unilateral y no consensuada" unas decisiones que pretende obligatorias. Y sobre todo denuncian que las advertencias lanzadas públicamente por la ministra de Sanidad suponen "una invasión competencial inaceptable y un ataque a la soberanía de los gobiernos y parlamentos autonómicos".

Pero, a pesar de todo, el BOE de este sábado publicaba el decreto sobre la DAC frente a la Covid-19, con la prohibición de fumar en la calle incluida. La tabla tres de restricciones, en su apartado sobre "Medidas de carácter general sobre relaciones sociales y familiares", además, especifica que esta restricción no tiene grados en función de la situación epidemiológica. Es decir, que no se le aplican los semáforos que van relajando otras restricciones en función de los "niveles de alerta", que van del 1 al 4.

El texto añade que "la apertura de los locales de ocio nocturno se podrá autorizar cuando la situación epidemiológica de la unidad territorial de referencia para el control de la COVID-19 de la Comunidad Autónoma en la que se encuentre el local esté fuera de los niveles de riesgo o en nivel de alerta 1".

La medida fue aprobada por mayoría en la sesión del pasado miércoles del Consejo Interterritorial con los votos en contra de los gobiernos autonómicos de la Comunidad de Madrid, País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía y Murcia. Sin embargo, el texto recuerda que las declaraciones de actuaciones conjuntas (DAC) "son de obligado cumplimiento en todas las comunidades y ciudades con estatuto de autonomía, con independencia del sentido de su voto".