El Tribunal de Cuentas ha emitido un comunicado en el que pone de manifiesto la "independencia" de los miembros que lo componen y de sus informes, que "no pueden ser modificados por otras instancias, ni recurridos".
La nota llega apenas dos horas después de que en una entrevista en televisión, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya criticado que "una exministra de Aznar" -en referencia a Margarita Mariscal de Gante-, forme parte del Tribunal. Eso es un "anacronismo", ha manifestado.
Tras estas palabras, el órgano ha respondido al presidente -aunque sin mencionarlo- defendiendo la legitimidad y competencia de todos sus componentes. "Los consejeros y consejeras de Cuentas de la Institución son elegidos por mayorías cualificadas de tres quintos de los plenos del Congreso de los Diputados y del Senado, y son independientes e inamovibles conforme a la Constitución. El personal está integrado por profesionales altamente cualificados que han accedido al Tribunal por los procedimientos de ingreso en la función pública previstos en las leyes", dice la nota.
Mariscal de Gante fue ministra de Justicia en el primer gobierno de José María Aznar, entre 1996 y el año 2000. Ha ejercido como juez y fue miembro del Consejo General del Poder Judicial. Desde 2012 es miembro del Tribunal de Cuentas, a propuesta del Senado.
El Tribunal de Cuentas supone un escollo para el Gobierno en su intención de normalizar relaciones con el independentismo catalán, tal y como han reconocido algunos de sus miembros, caso de José Luis Ábalos o Irene Montero.
"Piedras en el camino"
La semana pasada, el ministro de Transportes dijo que las causas contra ex altos cargos de la Generalitat abiertas en el Tribunal de Cuentas son "piedras en el camino" en el proceso de diálogo con la Generalitat.
"Sabíamos que todas estas causas, que no dejan de ser piedras en este camino, estaban ahí. Por lo tanto, nos corresponde ir desempedrando todo este camino, pero hacerlo siempre desde el reconocimiento de los órganos y las instituciones, y dentro de la legalidad", añadió Ábalos.
En concreto, afirmó que le llamaba la atención la "posición" del ex conseller Andreu Mas-Colell -uno de los investigados-, aunque subrayó que no cuestiona la función de órganos como el Tribunal de Cuentas y que toda solución debe tener encaje en la ley.
El informe de este órgano también ha desatado las críticas del separatismo, que lo ha calificado de "represión" fiscal y "persecución" política.
El último informe de este órgano sobre el procés responsabiliza a sus líderes de los gastos de las embajadas catalanas y de Diplocat, una suerte de Ministerio de Exteriores catalán para promover el independentismo en el extranjero. Por ello les reclama más de 5,4 millones de euros.
Cuentas pendientes
En concreto, el Tribunal de Cuentas reclama casi dos millones de euros al líder de ERC, Oriol Junqueras, y al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, por el desvío de fondos para las embajadas y al Diplocat.
Este tribunal contable también reclama 2,8 millones al expresidente Artur Mas y al que fue su conseller de Economía, Andreu Mas-Collel, que son quienes deben pagar la cantidad más elevada. Una vez notificado el expediente de liquidación todos los responsables tienen un plazo de 15 días para abonar el dinero.
En total, el Tribunal de Cuentas pide 5.422.879 euros a 42 ex altos cargos independentistas, entre los que se encuentran también los exconsellers Mas-Collel, Neus Munté y Francesc Homs así como a algunos de los políticos indultados la semana pasada, como Jordi Turull y Raül Romeva.
La consellera catalana de Justicia, Lourdes Ciuró, ha dicho este jueves que el Tribunal de Cuentas "ha encontrado un talón de Aquiles" para "arruinar a las personas" con su decisión de reclamar los 5,4 millones de euros.