Se avecina "un tiempo nuevo". Lo dijo Pedro Sánchez ante una plana mayor del PSOE rendida a su proyecto. Un Comité Federal sin críticos. Los tres barones tradicionalmente incómodos -Javier Lambán, Guillermo Fernández Vara y Emiliano García-Page- no acudieron al cónclave celebrado en Madrid por motivos médicos y personales. Para más inri, los dos primeros han acabado por plegarse a las medidas de gracia.
En esa tesitura, el presidente del Gobierno exhibió los mimbres de su "hoja de ruta", que cristalizará en el Congreso Federal del próximo octubre. Entre ovación y ovación, repitió el mantra que viene caracterizando la concesión de los indultos: "Vivimos juntos, decidimos juntos".
Es un eslogan que le permite una cosa y la contraria: una manera de abrir todos los caminos justo cuando comienza la "mesa del diálogo" con Cataluña. Incluido el de una consulta. El "respeto a la legalidad" mencionado por Sánchez deja cegada la vía de la autodeterminación, pero no abole una votación para complacer a los independentistas.
Sánchez no quiere volver a dejarse apresar por la hemeroteca, como ha ocurrido con los indultos. Ahí quedan el "un gobierno que saca a sus presos de la cárcel no es democrático" de Carmen Calvo y el "cumplimiento íntegro de las penas" pronunciado por él mismo.
El título de la recién estrenada hoja de ruta -"vivimos juntos, decidimos juntos"- le liberará en el futuro de las esposas de su actual discurso. De manera paralela, los independentistas catalanes proclaman que el Gobierno "tendrá que hablar en la mesa de amnistía y autodeterminación". El "decidir juntos" pretende desbloquear el punto intermedio deseado por Moncloa.
¿Un nuevo Estatuto?
A día de hoy, el Gobierno no descarta encontrar acomodo a la cuestión catalana en una reforma del Estatuto. Eso permitiría que los electores de Cataluña se pronunciaran sobre un texto pactado previamente entre Sánchez y el independentismo. Sin embargo, se antoja muy complicado que Junqueras y compañía acepten algo que no sea la autodeterminación.
Un camino alternativo sería la federalización de España. Miquel Iceta, ministro de Política Territorial, reveló en una entrevista con este periódico su deseo de llevar ese proyecto a la mesa de diálogo.
No obstante, son varios los ministros socialistas que, confesándose partidarios de la España federal, consideran inadecuado negociar ese punto con el Govern. Prefieren el Congreso de los Diputados, donde reside la soberanía nacional. Así piensan también los miembros de la vieja guardia del PSOE que todavía apoyan a Sánchez. Véase la última conversación de Joaquín Almunia -ministro de Felipe González y ex secretario general- con EL ESPAÑOL.
El artículo 92 de la Constitución abriría otro camino para Sánchez: "Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos". La consulta no sería vinculante; es decir, el resultado no debería cristalizar en realidad obligatoriamente. Existen los precedentes de la OTAN y de la malograda Constitución europea.
Ese "todos los ciudadanos" es un escollo para los separatistas, ya que se entiende que los padres de la Carta Magna incluyeron en él a los electores de todo el Estado. De todos modos, al ser la circunscripción la provincia, los catalanes podrían extraer su propio resultado para auspiciar un nuevo discurso de ruptura.
Sánchez necesitaría aprobar una ley orgánica para llevar a cabo esa consulta, lo que no supondría un obstáculo. Le bastaría con la mayoría absoluta que ya cosechó en la sesión de investidura.
A su lado, si el presidente del Gobierno eligiera ese camino, tendría a Podemos, cuyas posiciones sobre la autodeterminación son parecidas a las del independentismo. El próximo fin de semana, los socialistas volverán a convocar a los medios para exhibir la ponencia que encapsulará la nueva "hoja de ruta".
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