Una cosa es "cumplir con nuestra responsabilidad histórica, que es lo que nos toca" y "garantizar la convivencia" y otra no ser conscientes del coste electoral de los indultos. El Gobierno de Pedro Sánchez se ha lanzado a recuperar su agenda social de inmediato y, en apenas una semana, ha presentado la ley Trans, el acuerdo con empresarios y sindicatos para la sostenibilidad de las pensiones -la parte buena, la del recorte la dejan para noviembre- y este martes, llega al Consejo de Ministros la largamente pospuesta ley del sólo sí es sí.
En realidad, el presidente está aprovechando el empeño de Yolanda Díaz e Irene Montero, dos de los miembros del Gobierno de Unidas Podemos para impulsar una ofensiva social que cambie el foco del debate. O al menos, lo compense.
En esta vuelta de tuerca ha tenido que partir en dos la reforma de las pensiones, cediendo a la exigencia eterna de los morados de revalorizarlas al IPC, en contra de la opinión de su vicepresidenta segunda, Nadia Calviño. Se dejó la verdadera "sostenibilidad" para más delante. Pero en un "mal día", su ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, reveló los planes, rompió la magia y se ganó la reprimenda de los agentes sociales... y la de Sánchez, que le obligó a rectificar en público de inmediato.
Entretanto, el presidente ha desbloqueado los dos proyectos que impulsaba Irene Montero desde el inicio de la legislatura: la ley Trans, aprobada el martes pasado, y la del sólo sí es sí. La norma tiene el informe favorable del Consejo Fiscal y del Consejo de Estado, pero llegará este martes al Consejo de Ministros con el rechazo frontal del Consejo General del Poder Judicial. Por el camino, también se han quedado los ideales del PSOE, encarnados en Carmen Calvo, a la que apartó hace un mes y medio de la negociación.
...y sin embargo, los socialistas no evitaron el boicot en las marchas del Orgullo de este fin de semana. Con razón, ministros de una y otra ala del Ejecutivo fueron por separado a las manifestaciones. La ley Trans-LGTBI recoge casi todas las reivindicaciones de Unidas Podemos, que son las de los colectivos, pero éstos dicen saber quién la ha estado bloqueando hasta última hora. Y sobre todo, quién, en el fondo, no cree en ella.
Tampoco aquí ha logrado el presidente su objetivo y por eso, acorralado, centró su discurso del Comité Federal de este sábado en los indultos y, sobre todo, en descalificar al PP, "indistinguible de la ultraderecha". Es más fácil unir filas contra el enemigo común.
Las pensiones
Díaz fue el pepito grillo del Pacto de Toledo durante años en el Congreso, y luego específicamente del PSOE. En la primera legislatura de Sánchez en Moncloa -tras la moción de censura-, la hoy vicepresidenta tercera mantenía auténticas batallas dialécticas con el entonces secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado.
A la hoy titular de Trabajo le atribuyeron el estallido del consenso a última hora hace ahora casi tres años, preámbulo de lo que luego fue la ruptura de la legislatura y el rally electoral de 2019. Ella siempre negó su responsabilidad en el fracaso del Pacto de Toledo entonces, y desafió a que las siguientes reuniones de la comisión parlamentaria se celebraran "con cámaras".
Porque todo radicaba en "la concepción" del asunto, decía: "No se puede decir que no hay dinero para las pensiones", sostenía (y sostiene), porque "son la médula del sistema". Es decir, una prioridad. "Y deben actualizarse al IPC, eso es irrenunciable". Acusó entonces a Nadia Calviño de "funcionaria ultraliberal de Bruselas" y de haber "traicionado la subida acorde a la inflación, volviendo a los reclamos de PP, Cs y PDeCAT". Hoy, lo ha conseguido.
Una ley parada
Irene Montero llevaba casi un año batallando por que Calvo le dejara subir la ley Trans al sistema interno del Consejo de Ministros. Y el asunto no desencalló hasta que la amenaza de la Federación Plataforma Trans puso un ultimátum y Sánchez intervino. La colaboración directa con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha sido "magnífica y muy enriquecedora", según las fuentes moradas en el Gobierno.
Y lo mismo va a pasar este martes con la ley de libertades sexuales, la del sólo sí es sí. La norma, destinada a ser la bandera del primer 8-M de Montero como ministra de Igualdad, fue parada desde el primer día por Calvo. Cumpliendo sus prerrogativas de vicepresidenta y criticando la "seguridad jurídica" del texto -"es un desastre", llegaron a confesar fuentes socialistas del Gobierno entonces-, la paró en el consejillo del jueves anterior, provocando la primera gran crisis en la coalición.
Pablo Iglesias llegó a calificar de "machista frustrado" al ministro de Justicia Campo. Forzó a Sánchez para que el anteproyecto se aprobara "provisionalmente", es decir, a medias -o sea, una cosa inédita- en el Consejo de Ministros... y luego todo se olvidó, porque la polémica se centró en si la manifestación debió haberse celebrado o no, con el coronavirus ya circulando por España.
El texto había llegado a Moncloa -según las fuentes socialistas- con tachones, correcciones, adendas, salvedades, rectificaciones, enfados y frustraciones procedentes de los demás departamentos implicados, que eran muchos al ser una ley integral. Y salió de allí con fuego cruzado entre las dos patas del Ejecutivo de coalición.
Las salvedades principales fueron presentadas por su departamento, que no veía encaje jurídico a la figura del "consentimiento expreso", y éste es precisamente el pilar fundamental de las disposiciones penales de la ley. Y no sólo se escondió en un cajón la ley por empeño personal de Calvo, sino incluso un año después que Montero aún sostenía que el PSOE tenía su "ministerio intervenido".
Por qué ahora sí
¿Qué ha pasado desde entonces? Dos cosas principales: los indultos (y la necesidad de esconderlos en un tsunami de anuncios favorables) y la retirada de Calvo de la circulación en lo tocante a leyes del Ministerio Igualdad. Según fuentes del Gobierno, ella sigue ejerciendo de vicepresidenta primera, en sus labores de coordinación entre departamentos implicados. Pero ya no negocia como secretaria de Igualdad del PSOE, por expresa decisión de Sánchez.
El pasado martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero presentaba la ley Trans agradeciendo "la magnífica aportación y el buen trabajo" de Campo desde Justicia. Y él respondía con las mismas palabras para ella... y para Calvo, reivindicando su figura.
La titular de Igualdad fue preguntada expresamente por ello, y dio una larga cambiada. No agradecerá a la vicepresidenta haber mantenido la misma firmeza que ella en sus posiciones, contrarias a la "libre autodeterminación de género" o a la inversión de la carga de la prueba sin garantías en el "consentimiento expreso" de la norma que se aprueba este martes.
La norma fijará que sólo "hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona". La norma elimina la distinción entre abuso y agresión: "Todo acto sexual sin consentimiento será agresión".
Sánchez cree que necesita dar muestras de que su Ejecutivo continúa el camino, dar buenas noticias y "expandir derechos". Y además, según fuentes de su entorno consultadas por este periódico, está ofreciendo estos triunfos a los morados (las moradas), a la espera de que Ione Belarra ceda en el control de precios de alquileres que sigue encallando la ley de Vivienda.
Pero ella misma dice que no cederá. Que "lo firmado obliga". Y se remite a la ley Trans. O a la del sólo sí es sí. O a la revalorización de las pensiones al IPC. Que, al final, "son ley".
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