La Fiscalía de Memoria investigará crímenes republicanos, pero "hará hincapié en los de Franco"

El Gobierno ha tomado como referencia los textos de Naciones Unidas para construir la definición de víctima en la nueva Ley de Memoria Democrática. A lo largo de los setenta folios, se habla varias veces de "víctimas del golpe de Estado, de la guerra y la dictadura". También se establece un amplio catálogo de represaliados por el franquismo, pero no se menciona los crímenes sucedidos en la retaguardia republicana.

Este periódico ha contrastado de fuentes autorizadas que Moncloa sí considera amparados por su ley a los asesinados en zona republicana: "Por supuesto que tienen derecho a la reparación y a que se investigue lo que ocurrió". Desde el Gobierno trasladan a EL ESPAÑOL que el censo oficial de víctimas creado con la nueva norma "incluirá a las de los dos bandos".

Sin embargo, la ausencia en el proyecto de ley de los hechos acaecidos en la entonces llamada "retaguardia roja" no es baladí. Hay una intencionalidad política que el propio Ejecutivo reconoce: "La dictadura honró su memoria durante cuarenta años. En cambio, las víctimas del franquismo han estado envueltas en el silencio. Haremos hincapié en ellas".

Llevado a la práctica, pongamos algunos ejemplos: ¿qué pasaría si el sobrino de un sacerdote asesinado en Madrid a lo largo de la guerra exigiera su "derecho a la verdad"? ¿Y si denunciara un expolio patrimonial una familia conservadora? Las fuentes consultadas responden: "Aunque esos casos son menos numerosos, están en su derecho". No habrá distinción de trato, prometen.

Trabajos como Retaguardia roja. Violencia y revolución en la guerra civil española (Galaxia Gutenberg, 2021), publicado por Fernando del Rey, último premio nacional de Historia, exhiben que los silencios y las oscuridades no sólo están pendientes de esclarecer en el franquismo. Este diario ha comprobado que, por ejemplo, este y otros trabajos han pasado por las manos de la secretaría de Estado de la Memoria Histórica.

La nueva ley prevé la creación de una Fiscalía relacionada con la "Memoria Democrática". Las investigaciones que ese órgano lleve a cabo irán nutriendo, entre otras fuentes, el registro y el censo que se pondrán en marcha.

Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, reiteró la importancia de generar un "censo oficial" que acabe con las estimaciones fluctuantes. También indicó que el resultado más probable de las nuevas investigaciones será el de los delitos prescritos por la muerte de sus autores.

Está por ver si el Gobierno, al igual que ha reconocido a preguntas de este periódico, da un paso al frente y explicita en el Congreso de los Diputados que las víctimas de la retaguardia republicana también serán amparadas por la Ley de Memoria Democrática. No ocurrió así en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Las fuentes consultadas insisten en que el 31 de octubre, "Día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas", será lo que dice el papel: un día de "todas las víctimas". Vox, Partido Popular y Ciudadanos no creen en el Gobierno y ya han manifestado que no votarán a favor cuando el proyecto se debata en el Parlamento. Bolaños ha dicho "estar abierto a incluir enmiendas", pero no parece que la oposición esté dispuesta a negociar sobre la Ley de Memoria Democrática.

"Transversalidad"

En Moncloa destacan la "transversalidad" de la nueva ley, que va desde la educación hasta la economía pasando por los títulos nobiliarios. Tal y como adelantó este periódico, el Gobierno instruirá a los profesores y a los funcionarios en contenidos de "memoria democrática" y generará "nuevos contenidos" para los alumnos de ESO, Bachiller y Formación Profesional.

Las exhumaciones de fosas tendrán carácter "anual". Ya están en marcha 114 y se espera llegar el año que viene hasta las 300. Moncloa calcula que son un total de 500 y que hay entre 20.000 y 25.000 cadáveres por encontrar.

Se creará un banco de ADN, se suprimirán los títulos nobiliarios concedidos entre 1948 y 1978 que representen la "exaltación de la guerra y la dictadura" y se "resignificará el Valle de los Caídos".

El Gobierno pretende llevar el proyecto de ley al Congreso "lo antes posible". Es previsible que pueda aprobarlo con la mayoría de la investidura, pero está por ver qué ocurre con los recursos de inconstitucionalidad. El CGPJ, por ejemplo, en su informe consultivo advirtió de que el texto ponía en riesgo la libertad ideológica.