La consejera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha calificado de "insuficientes" los acuerdos alcanzados tras la Comisión Bilateral de este lunes con el Gobierno central, ha emplazado a ambos ejecutivos a seguir trabajando y ha exigido más concreciones y un trabajo más intenso.
En rueda de prensa desde la Delegación del Gobierno en Madrid y junto al vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, la consejera ha lamentado que no han conseguido "el objetivo de la parte catalana", que reclamaba 56 traspasos competenciales.
Vilagrà ha subrayado que no quieren que los asuntos tratados en este encuentro bilateral se mezclen con la mesa de diálogo, que se celebrará en septiembre.
Ha concretado que han acordado un calendario de trabajo "intenso" de cara a otoño e invierno: en octubre se reunirá un grupo de trabajo para analizar los 56 traspasos que el Govern reclama, y se priorizarán las cuestiones más importantes, según Vilagrà; en noviembre se constituirá y reunirá la Comisión de Infraestructuras, y en diciembre, la de Asuntos Económicos y Fiscales.
En este último punto, Vilagrà ha dicho que han propuesto al Gobierno central que se adelante esta comisión económica, pero "desde la parte del Estado han dicho que no"; y, por último, han acordado que en enero se vuelva a reunir la Comisión Bilateral.
IMV y alquileres
En cuanto a los acuerdos de traspasos, se han avenido modificar la legislación estatal para hacer el traspaso del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y que se integre con la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), así como modificar las leyes estatales para contener la subida del precio del alquiler, en la línea con la ley aprobada en Catalunya.
Han abordado la posibilidad de una jubilación anticipada de los Mossos d'Esquadra y Agentes Rurales antes de los 60 años y que se permita a la Generalitat convocar nuevas plazas y llegar a 22.000 nuevos agentes, para lo que se han emplazado a trabajar en la próxima Comisión Bilateral.
Ambas administraciones han acordado priorizar la negociación cuando haya problemas de conflictividad competencial y evitar llevar estos asuntos al Tribunal Constitucional, y Vilagrà ha pedido que esto se vea "en hechos, no en palabras" y ha avisado de que el Parlament seguirá haciendo leyes sociales.
La consejera catalana ha lamentado que no han llegado a un acuerdo en cuanto a la ley audiovisual, y ha reprochado al Gobierno central que esté preparando una norma estatal que "solo protege la lengua castellana y la producción propia, y no prevé protección del catalán", además considera que invade competencias en ámbitos como la motorización de contenidos.
Por su parte, Puigneró también ha calificado de "insuficiente" lo acordado sobre los traspasos de la disposición adicional tercera del Estatut, y ha reprochado que el acuerdo al que han llegado ya figuraba en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y reconoce que hay 3.800 millones de euros que "se deben a la Generalitat".
Ha aplaudido que el Gobierno central se haya comprometido a estudiar el traspaso de la gestión de Rodalies en la Comisión de Transportes: "Por fin esperamos poder decir que se hace efectivo".