Marruecos guarda silencio sobre la polémica repatriación de menores marroquíes desde Ceuta que coordinó con las autoridades españolas.
El algo más de medio centenar de niños y adolescentes devueltos a partir del viernes fue derivado a un centro de asistencia social de 60 plazas en la ciudad de Martil, en la región de Tánger-Tetuán, a 30 kilómetros de la frontera.
Organizaciones de derechos humanos califican el local como “una prisión con poca capacidad, servicios de nutrición deficientes y ausencia de asistencia social”, a pesar de que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que las autoridades marroquíes se comprometían a respetar los derechos de los menores deportados.
“Las autoridades [marroquíes] colocaron a los menores en el centro, con poca capacidad, mala alimentación y ausencia de asistencia social; y los dejaron a su suerte, eligiendo entre quedarse o irse”, denuncia Mohamed Benaissa, el presidente del Observatorio Norte de Derechos Humanos (ONDH) en declaraciones recogidas por el periódico árabe local Nador City.
Según esta organización, “el centro de Martil está vacío de menores deportados desde Ceuta, y las autoridades los dejaron a su suerte”. El ONDH incide en que “todos los menores salieron del centro, bien hacia sus domicilios o a la calle”.
De hecho, las puertas del centro asistencial, que albergaba principalmente a personas sin hogar, y que posteriormente se dedicó a acoger menores candidatos a migrar, permanecen abiertas para los menores que quieran entrar o salir.
Por otro lado, Benaissa no descarta “un intento por parte de algunos de ellos de volver a inmigrar a Ceuta, especialmente con la nueva decisión judicial que estipula que los menores no deben ser deportados hasta después de que sean llevados ante el poder judicial”.
Derechos humanos
La denuncia del ONDH contradice al Gobierno español, que considera que la finalidad de la repatriación de los menores es en su favor, y que el regreso a Marruecos, ya sea con sus familias o a los centros de acogida, será mejor para ellos.
Para varias organizaciones de derechos humanos, con la deportación se estaría incumpliendo el acuerdo bilateral sobre cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado, hecho en Rabat el 6 de marzo de 2007. Este acuerdo contempla que “el interés superior del menor debe constituir la base de toda cooperación entre las Partes Contratantes (España y Marruecos)”.
El documento refleja que las devoluciones tienen que favorecer el retorno asistido de los menores al seno de sus familias o a la institución de tutela del país de origen, así como su reinserción social.
Según el artículo 5.3, “las autoridades competentes españolas y marroquíes cooperarán en el establecimiento de un dispositivo de acogida dotado con recursos materiales y humanos cualificados, tanto públicos como privados o que procedan de ONG que trabajan en el ámbito de la protección y de la repatriación de menores”.
Sin embargo, la Audiencia Nacional resolvía este miércoles sobre las repatriaciones de menores a Marruecos y aseguraba que no hay violación de derechos. Respondía así a la resolución de un juez que había ordenado la suspensión cautelar de las deportaciones.
La orden de devolución de menores partió de la Casa Real alauita. El rey Mohamed VI dio instrucciones a su gobierno para el retorno de los menores desde España y Europa el 1 de junio, tras el enfado de la Eurocámara ante la entrada de 12.000 migrantes por la frontera sur en el mes de mayo para presionar a Madrid ante la acogida de Brahim Ghali, secretario general del Frente Polisario.
En la ciudad autónoma española, son pocos los políticos que se oponen a esta repatriación a pesar de las condiciones en las que se está desarrollando y la posible vulneración del acuerdo bilateral.
La coalición Caballas aseguró en su cuenta de Twitter este miércoles que “Ceuta no puede convertirse en un espacio de impunidad, los menores expulsados sin la más mínima garantía administrativa evidencian la crueldad y el desprecio por los derechos humanos en nuestras políticas con el Sur global”.