Pedro Sánchez ya se ha reunido por primera reunión con un político del Partido Popular por un tema de Estado, la primera vez desde... quizá ya nadie lo recuerde. Juan Jesús Vivas, presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, lleva tres meses largos reclamando asistencia, fondos, ayuda material y atención del Gobierno central ante el "grave problema social y de convivencia" que le ha provocado a la urbe española del norte de África la presencia de más de mil menores extranjeros no acompañados (menas) desde la invasión auspiciada por Marruecos en primavera.
La cita entre ambos dirigentes se convocó de urgencia este martes, sólo minutos después de conocerse la decisión de la juez de lo Contencioso-Administrativo de Ceuta. El auto era un nuevo varapalo al Ministerio del Interior, denegando el levantamiento de la suspensión de la ejecución de la orden de devolución de mediados de agosto.
Sin el apoyo de Unidas Podemos, que sigue "rechazando" de plano el plan de Fernando Grande-Marlaska, Sánchez llamó a Vivas en busca de "una solución", según fuentes de Moncloa. Ahora, el presidente le guiña un ojo al PP, en busca de un nuevo acuerdo, más ambicioso que el alcanzado hace tres meses, en el que sólo se pudo repartir a 200 menores de los casi 1.500 que habían entrado a Ceuta.
Pedro Sánchez y Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, en Moncloa.
La solución, a la vista del no de la Justicia porque "nada de lo ordenado" por la normativa vigente se había cumplido en el plan de Interior, no puede ya ser otra que repartir a los menores por la Península. Y esperar la colaboración de las CCAA... que ya fue muy escasa en su momento. Fuentes del entorno de Vivas han evitado confirmar este detalle a EL ESPAÑOL, pero han mostrado su "agradecimiento" al presidente.
Fuentes del Gobierno de Ceuta valoran muy positivamente "el gesto" de Sánchez de convocar este miércoles en Moncloa al máximo representante del Estado en la Ciudad Autónoma. Consideran que se trata de "una pronta reacción" que puede ayudar a paliar el nuevo "mazazo judicial", como califican la paralización decretada por el Juzgado de instrucción número 1 ceutí, que admite así las medidas cautelares solicitadas por varias ONG... y apoyadas por Unidas Podemos.
Exigen el cese
Pero lo cierto es que no queda otra opción, a la espera de que Interior se reúna con el Ministerio de Derechos Sociales, titular de las competencias en Infancia, "para definir un protocolo que respete la ley y tenga todas las garantías". Así lo remarcaron fuentes del departamento de Ione Belarra a este diario después de convocarse la reunión.
Los morados exigen el "cese la operación hasta definir adecuadamente un protocolo que establezca dos condiciones fundamentales", advierte. Por un lado, "que los niños y niñas que deseen volver con sus familias puedan hacerlo en condiciones de seguridad". Y sobre todo, que se tenga en cuenta "el interés superior del menor", como marca la legislación, y "que los niños y niñas que no deseen regresar, se queden en España en condiciones de acogida dignas".
Y eso sólo pasa por repetir el llamamiento a las Comunidades Autónomas que ya se hizo tras la invasión de Ceuta la primavera pasada.
El pasado 18 de mayo, gendarmes marroquíes alentaron y hasta engañaron a muchos de esos niños y adolescentes a cruzar la frontera. No sólo entraron en la ciudad autónoma más de 10.000 personas que, en pocos días, fueron devueltas en su inmensa mayoría según se las fue localizando. También se colaron en territorio nacional un millar largo de menores que se convirtieron en el mayor problema, aún sin arreglar.
Los menores marroquíes de Ceuta dejan a Marlaska en evidencia: su acogida "puede alargarse meses".
La operación principal, migratoria, política y hasta militar, precisó de un refuerzo policial y de unidades del Ejército. Además del viaje personal del presidente Sánchez a la ciudad, la movilización de todos los socios europeos y hasta del Gobierno de Estados Unidos.
Pero ahora, el presidente, acuciado por el segundo auto judicial que tumba el plan de Marlaska, precisa de hallar una "solución". Entre otras cosas, porque está inmerso en dos grandes crisis internacionales, vinculadas de algún modo con ésta.
La primera es la recuperación, aún en ciernes, de las relaciones estables con Marruecos. La segunda es la de Afganistán, que hoy absorbe todas las energías del Gobierno en el corto plazo y la inteligencia en el medio y largo... y para la crisis migratoria, de refugiados y de seguridad que se avecina tras la toma de Kabul por los talibanes, Moncloa también necesitará a Rabat, apuntan las fuentes consultadas.
Bronca con Marlaska
En todo caso, Sánchez ya sabe que no cuenta con el apoyo ni siquiera de su socio en el Gobierno de coalición. Unidas Podemos en bloque, y el partido morado en especial -cuya secretaria general es la ministra responsable de Infancia, Ione Belarra- advierte, antes de la minicumbre de Moncloa, de su "rechazo al proceso de devolución de menores a Marruecos".
El enfrentamiento de los morados con Marlaska viene de lejos, y le tienen puesta la proa. La paradoja es que el presidente del Gobierno se sentará con Juan Jesús Vivas en los salones de Moncloa a buscar "una solución urgente" a un problema acuciante... pero ni cuenta con sus socios ni con la asistencia del resto de CCAA.
El plan de Interior de entregar en bloque a los alrededor de 800 menores que continúan en Ceuta a las autoridades marroquíes sí estaba aceptado por Rabat, dentro del "nuevo equilibrio" que están tratando de buscar los Ejecutivos de ambos lados del Estrecho.
Pero el Ministerio de Belarra ya mandó una carta el pasado 16 de agosto al del Interior advirtiendo de que, incluso, se sentían engañados por el ministro del Interior: "Solicitamos información detallada de las actuaciones hasta ahora realizadas, así como conocer cuál es la entidad de protección en Marruecos que se ha hecho cargo de los menores ya repatriados y el protocolo de seguimiento establecido con esta para garantizar su retorno seguro", advertía la misiva.