El Ministerio de Transportes cree que ya no hay marcha atrás. El acuerdo sobre las inversiones de Aena para los próximos cinco años, de 2022 a 2026 se aprobará -si no antes- en el último Consejo de Ministros de este mes de septiembre, por necesidades de toda la maquinaria administrativa. Fuentes cercanas a la ministra, Raquel Sánchez, apuntan a que "hay pocas posibilidades de que se retracten, porque no hay unidad de criterio en el propio Govern, pero si volvemos al pacto del 2 de agosto, podría hacerse aún".
Ese ultimátum de dos semanas, transmitido al Govern catalán, según ha podido saber este diario, suena así a la última oportunidad. En caso de que Pere Aragonès siga "sin respetar el acuerdo alcanzado por la ministra y su vicepresidente, Jordi Puigneró el pasado 2 de agosto", los 1.700 millones de euros previstos para ampliar las instalaciones aeroportuarias y convertirlas en un verdadero hub internacional acabarán en otros destinos.
De hecho, la posición oficial del Gobierno de España es que la oportunidad está ya perdida, aunque abra un rayito de esperanza bajo la mesa... precisamente a una semana de reanudarse los contactos en la llamada Mesa de diálogo, negociación y pacto.
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana insistía públicamente este jueves en que la razón que el motivo de la paralización de las inversiones no es otro que la división que existe dentro del Govern de la Generalitat... aunque dijo mantener su "oferta de diálogo y apuesta por Cataluña". La exalcaldesa de Gavà trataba de lanzar un guiño, aunque desde su departamento se transmitía a este periódico "la incongruencia de un president que hace un hilo de Twitter crítico con una reunión en la que ni estaba".
Se refieren las fuentes a las críticas lanzadas por Aragonès al DORA (Documento de Regulación Aeroportuaria). El jefe del Govern catalán acusaba a Aena de no haber respetado "el consenso establecido en el 'sí' del Govern" al proyecto. "Pero es que lo que se presentó en esa reunión era el acuerdo negociado el 2 de agosto por la ministra Sánchez y el 'vicepresident' Puigneró", apunta este portavoz de Transportes. "Esa misma frase ya deja claro que el problema está en el seno de la coalición entre ERC y Junts".
Algo muy parecido dejaba traslucir Jordi Sànchez en una rueda de prensa desde Bruselas. El secretario general del partido de Carles Puigdemont hacía equilibrios ante los medios para culpar de la situación, sobre todo, al Gobierno de España y "la nula capacidad de mantener su palabra", y no dejar escapar a su rival por la supremacía independentista.
"Si traicionan un acuerdo de 1.700 millones alcanzado hace cuatro semanas simplemente tras leer un hilo de Twitter, ¿cómo vamos a esperar que vayan a respetar lo que se acuerde en la mesa?", dijo.
Otras fuentes del Parlament aclaran a este diario parte de los secretos de lo que pasa. La ampliación de El Prat se lleva negociando desde 2019... cuando todavía presidía la Generalitat Quim Torra, de Junts. Y el acuerdo se cerró por otro político exconvergente, Puigneró, número dos del Govern.
"Si no se cerró antes es porque donde está ahora Junts estaba ERC, y quien se lo ha cargado ahora vuelven a ser las dudas de los republicanos", apunta a este periódico un alto cargo del PSC. "Es Esquerra la que tiene problemas internos con este tema, y es Esquerra la que tiene un pacto con la CUP, en el que no está Junts".
...es decir, que el "no" categórico de los independentistas antisistema a la ampliación ha asustado a Esquerra. Al punto de que su portavoz, Marta Vilalta, anunció que ERC se adhería a la manifestación del 19 septiembre contra la ampliación del aeropuerto que su Govern apoyaba. Sólo dos horas después, la ministra comunicaba que se retiraba la inversión.
En declaraciones a La Sexta, la titular de Transportes se explicaba este jueves, subrayando que el Gobierno sigue priorizando todas las inversiones comprometidas con Cataluña, "que es motor económico de España". Pero que, en este momento, no se dan las condiciones para ampliar el aeropuerto en los términos que se habían planteado inicialmente.
La polémica estallaba a pocos días de la Diada, de nuevo centro de las reivindicaciones independentistas. Y de nuevo dividida entre quienes se niegan a aceptar "la patrimonialización de la fiesta de todos los catalanes" y quienes necesitan una movilización poderosa para llegar fuertes a la Mesa de la semana que viene.
"La movilización es menor que otros años", apuntan fuentes de Transportes, "no creo que esto les permita hacerse las víctimas, porque son sus propios votantes los que les culpan de perder esta enorme oportunidad". La lectura es interesada, claro, y coincide con los mensajes enviados por Moncloa desde la vuelta de verano, que buscan enfriar el asunto catalán y alimentar las divisiones en el seno del independentismo.
"Maniobra de presión"
Pero en algo sí coincidieron Jordi Sànchez y Pere Aragonès en sus declaraciones de este jueves. En que la decisión de parar El Prat es "un chantaje" o una maniobra "de presión" -ése es el matiz- para llevarlos débiles a la Mesa y que en ésta "se hable de cosas que no tocan, como inversiones y transferencias".
Según el Govern, y así lo acordaron el presidente Sánchez y el president Aragonès el 29 de junio, la comisión bilateral Cataluña-Estado es la que se encarga de esos aspectos. Y la Mesa "es sólo para el conflicto político". Fuentes de la dirección de ERC apuntan a que Moncloa "busca excusas para no hablar de autodeterminación y amnistía, que es nuestra propuesta, porque no parece que ellos tengan ninguna".
Tampoco del lado de Madrid hay unidad. Ni en El Prat ni en la Mesa están de acuerdo PSOE y Unidas Podemos. Para lo del "conflicto político", los morados defienden posiciones muy parecidas al Govern, que la solución es "un referéndum para que los catalanes decidan su futuro". Y en lo del aeropuerto, este jueves la vicepresidenta Yolanda Díaz visitó la laguna de La Ricarda y expresó su satisfacción por la paralización de la inversión para ampliar el aeropuerto.
Sólo eso podría consolar las tensiones internas del Govern, ya que Esquerra no puede criticar a Sánchez sin dar la razón a Junts. Y Junts no puede forzar a los republicanos a romper su pacto en el Congreso sin que, como consecuencia, se les caiga el Govern también. Y aunque Puigdemont desea con toda su potencia que su partido regrese a la primacía separatista, todavía no es el momento político.
Eso llegará en dos años, cuando se cumpla el vaticinio del expresident huido, la "inevitable confrontación con el Estado" por su "inexistente voluntad de pactar una salida política al conflicto". Algo que está firmado en el acuerdo del Govern. Y algo que, según Sànchez, quedó demostrado con la decisión de no ampliar El Prat.
...aunque todo ese argumentario de pelea interna, dicen en Madrid, demuestre que es el Govern el que pone casi imposible cumplir lo pactado. Aunque en Barcelona ya saben que tienen 15 días, y una Mesa de por medio.
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