El Gobierno permitirá los 'ongi etorris' hasta que lo prohíba la UE: Henri Parot tendrá su fiesta el día 18

El departamento de Fernando Grande-Marlaska afirma que está a la espera de que la Comisión Europea revise la Directiva 2017/541, de 15 de marzo de 2017, para cambiar la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo. Y que entonces, ya sí, se podrán evitar los ongi etorris y las fiestas en honor a terroristas.

Es decir, que Parot tendrá su fiesta reivindicativa. Porque aunque podría haberse cambiado la ley del país con más experiencia policial, legal y mortal de Europa, el Gobierno ha decidido no hacerlo hasta que la Unión Europea le obligue. "Las directivas hay que trasponerlas", recuerda la abogada de la AVT Carmen Ladrón de Guevara, en conversación con este periódico, "pero podrían haberlo hecho ya, si quisieran".

Así es a la vista de la Resolución 2018/2044 de la Eurocámara, sobre las conclusiones y recomendaciones de la Comisión Especial sobre Terrorismo.

Y es que desde que se votó el informe en la sede de la soberanía europea el 12 de diciembre de 2018, se sabe que la directiva de la Comisión incluirá los puntos 214 y 215 de aquel documento. 

Esos apartados, textualmente, reclaman "a los Estados miembros que prohíban los homenajes a las personas declaradas culpables de llevar a cabo actividades terroristas mediante sentencia firme"; y "que presten especial atención a las víctimas cuando éstas puedan sufrir acoso o teman posibles nuevos ataques por parte del entorno social de los agresores".

Y ya gobernaba Pedro Sánchez en España cuando se votó. Y ya era ministro del Interior Marlaska, pero decidió esperar a la reforma de la directiva europea, prevista para el 8 de este mes de septiembre, pero que ya va con retraso. "El Gobierno ha perdido la brújula interna que ayuda a discernir lo tolerable", apunta la eurodiputada y víctima del terrorismo, Maite Pagaza, en conversación con EL ESPAÑOL. "Ese homenaje [a Parot] es intolerable, pero no quieren llevarse mal con los herederos políticos de ETA".

Sin embargo, hace sólo tres meses y medio, la Delegación del Gobierno en Ceuta sí prohibió una concentración política preventivamente. Fue a Vox, que había convocado a sus seguidores a protestar en Ceuta "en defensa de las fronteras" y contra la entrada masiva de más de 10.000 marroquíes en la ciudad autónoma. 

La Delegación del Gobierno en la ciudad tomó esta decisión "ante la posibilidad" de que las movilizaciones supusieran "un riesgo para la seguridad ciudadana". Interior alegó que no era "momento de tensar más la situación y crispar la pacífica convivencia de los ceutíes".

¿No hay instrumentos?

Se justificaba también este domingo Josu Erkoreka, vicelehendakari primero y consejero de Seguridad del Gobierno vasco, en que "hoy por hoy, no existen instrumentos para poder impedir la celebración de un acto" como el homenaje que recibirá el sanguinario Parot el próximo sábado en Mondragón.

Y decimos que se justificaba por lo explicado más arriba. Y porque Erkoreka se mostraba, en la misma entrevista con Radio Euskadi, preocupado porque la movilización "pueda convertirse en un acto de exaltación del terrorismo, de terroristas y de menosprecio a las víctimas".

Porque lo cierto es que esas víctimas ya le han dicho a él, al ministro del Interior, al delegado del Gobierno en el País Vasco, Denis Itxaso, y a los propios presidentes, Iñigo Urkullu y Pedro Sánchez, que "si quieren, claro que pueden impedir" la fiesta convocada por el colectivo Elkartasun Eguna y Sare, la red de apoyo a los presos de ETA.

El homenaje al terrorista más sanguinario de la banda, condenado a más de 4.000 años de prisión por el asesinato de 39 personas, se esconde bajo la denominación de "marcha reivindicativa". Una carrera de 31 personas que harán relevos de un kilómetro cada una por cada uno de los 31 años que el etarra lleva entre rejas.

Los promotores afirman que es "un preso político", a pesar de sus crímenes, como el de la casa cuartel de Zaragoza -con 11 muertos, entre ellos, cinco niños-, y que ya debería haber sido excarcelado. A pesar de que su fecha de salida está prevista para el 9 de mayo de 2030, el discurso abertzale lo ensalza como "víctima de una cadena perpetua encubierta".

Límites a la libertad de expresión

Y es esa reescritura de la verdad la que "preocupa" ahora a Erkoreka. Aunque siempre etiquetó los ongi etorris y a sus promotores, en muchas ocasiones partidos incluidos en la coalición EH-Bildu, como unos "irresponsables" pero, a todos los efectos, "amparados por la libertad de expresión".

Ladrón de Guevara, abogada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), recuerda que la ley actual, en todo caso, sí les da dos vías posibles para limitar ese derecho fundamental y tratar de impedir estos homenajes: la penal y la administrativa.

Por la vía penal, sería la Audiencia Nacional la que, a instancias de la Fiscalía, podría dictar la suspensión de la convocatoria amparándose en el artículo 578.1) del Código Penal que proscribe "el enaltecimiento o la justificación públicos de los delitos [de terrorismo] o de quienes hayan participado en su ejecución, o la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares".

Pero tal como admite la propia abogada de la AVT, "no existe jurisprudencia" que avale esta vía. Así, consultadas las cinco sentencias del Tribunal Supremo que, en aplicación del 578 ofrecen los servicios del CGPJ, ninguna de ellas encaja. Porque no tratan sobre revisiones a alguna suspensión preventiva de un acto público por causas de "enaltecimiento del terrorismo" o "humillación de las víctimas". 

Y además, en una de ellas, la STS 31/2017, cuyo ponente fue Manuel Marchena, se llega a afirmar que "no todo mensaje inaceptable o que ocasiona el normal rechazo de la inmensa mayoría de la ciudadanía ha de ser tratado como delictivo por el hecho de no hallar cobertura bajo la libertad de expresión". Y que la vía penal, "o su consideración como 'última ratio', avalan la necesidad de reservar la sanción penal para las acciones más graves".

Es decir, que en realidad, no existe la vía penal que ampare la limitación del derecho fundamental a la libertad de expresión, "que es en el que políticamente se encuadran estos actos deleznables", salvo "a posteriori". Así lo admiten Guevara y otros expertos jurídicos consultados. 

La vía administrativa

Aún quedaría la administrativa. En ella, podrían ser el propio Erkoreka, como consejero de Seguridad, o el delegado del Gobierno -como hicieron en alguna ocasión Carlos Urquijo (PP) o Jesús Loza (PSOE)-, los que invocaran la Ley de Víctimas del País Vasco o la estatal.

La primera se compromete, en su artículo 6) a impulsar "medidas activas para asegurar, dentro del máximo respeto y dignificación de las víctimas [... ], el recuerdo y el reconocimiento de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos".

La segunda obliga al Estado a "prevenir y evitar la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del terrorismo, homenaje o concesión pública de distinciones a los terroristas".

Ladrón de Guevara da por imposible parar el homenaje a Parot, pero advierte: "Una sociedad sana no puede permitirse fiestas a los principales enemigos de la democracia. Si no hay herramientas, habrá que aprobarlas... y ya vamos tarde".