El Consejo de Ministros, reunido en el palacio de La Moncloa, ha aprobado este martes las primeras ayudas de urgencia para los cientos de familias afectadas por la erupción del volcán de Cumbre Vieja, en la isla de La Palma. Se trata de 10,5 millones de euros, divididos en dos tramos diseñados a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y el de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que se articulan a través de un real decreto al que ha tenido acceso este periódico.
Los departamentos de Ione Belarra y Raquel Sánchez han diseñado un decreto de subvenciones directas al Gobierno canario para "realojar a las familias damnificadas". Las ayudas son una primera respuesta con la que el Gobierno de coalición quiere responder a la emergencia con prontitud. Alojar a un centenar de familias que han perdido su hogar y, al mismo tiempo, liberar espacio en las instalaciones públicas improvisadas y darle dignidad a los afectados.
El departamento de Derechos Sociales librará 5,5 millones de euros en subvenciones directas al Gobierno canario para financiar la adquisición de 107 viviendas en la isla de La Palma. Las casas que se pretende adquirir atenderán a este número de familias "con carácter temporal o definitivo" que, a falta de que acabe la emergencia, son simplemente el inicio de una línea de asistencia comprometida por el propio Pedro Sánchez en sus dos visitas a la isla la semana pasada.
Estos inmuebles, según el texto legal, podrán ser "de titularidad pública o privada". La condición principal que deberán cumplir es que estén en condiciones de ser ocupadas "con carácter inmediato" por las familias afectadas, o -a lo sumo- en un plazo "compatible con la urgencia de la necesidad a cubrir".
La ayuda estatal podrá "sufragar hasta el 100% del coste total" del precio del inmueble que el Ejecutivo canario vaya a comprar para estos realojos. Además, la Comunidad Autónoma se compromete a dedicar las viviendas exclusivamente a este fin. En caso contrario, si los alojamientos son finalmente temporales, el Gobierno canario deberá destinar las viviendas "a alquiler social o asequible u otras formas de tenencia, siempre que se justifique su fin social".
"Perentorio e inaplazable"
Ésa es una de las partes de las subvenciones. Los otros 5 millones de euros se destinarán a ayudas económicas para la "adquisición de enseres de primera necesidad". Estas ayudas se destinarán a las familias de La Palma afectadas con la "pérdida o daño que imposibilite el disfrute de su vivienda habitual" como consecuencia de la erupción volcánica, ya sea con carácter temporal o definitivo.
El texto legal especifica que "sólo serán financiables aquellas actuaciones que se deriven de los daños ocasionados por la erupción volcánica". Y que a estos efectos, la Comunidad Autónoma de Canarias presentará "un certificado con la relación de inmuebles afectados por la erupción". También deberá presentar el Ejecutivo regional otro certificado "con la relación de las viviendas a adquirir, en el que se declarará expresamente la idoneidad de las viviendas para el fin adquirido".
La motivación del decreto es subvenir "necesidades perentorias e inaplazables que requieren una actuación inmediata, sin perjuicio de otras actuaciones que se realizarán", anuncia, ya sea directamente por la Administración General del Estado o ya desde el Gobierno de la Comunidad Autónoma.
El Gobierno sigue preocupado por la viabilidad de las ayudas a largo plazo, y que la atención a cientos de damnificados se vea dificultada por falta de licencias y contratos. Moncloa y el Ejecutivo canarios son conocedores de que muchas casas y negocios arrasados por el volcán en La Palma estaban en situación irregular.
En todo caso, para este primer tramo de subvenciones, exigirá a la administración autonómica que exija a los particulares que perciban las ayudas "acreditar" que son "residentes en la isla de La Palma y que la vivienda siniestrada constituía su residencia habitual con anterioridad a la producción del siniestro". Y para ello, deberán presentar documentación que certifique, "según proceda, la condición de propietario o arrendatario".