La aprobación de la ley de la eutanasia y la futura modificación de la ley del aborto ha creado una nueva contradicción en el Gobierno entre la parte socialista y la de Podemos.
Mientras la ministra de Igualdad, Irene Montero, aseguraba este martes que iba a crear una lista de médicos objetores para la práctica del aborto, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, negaba en el Congreso de los Diputados la puesta en marcha de un listado similar para la práctica de la eutanasia.
Todo se ha precipitado en menos de 24 horas. El lunes, el Congreso hacía pública una respuesta parlamentaria de Sanidad al grupo parlamentario de Vox en la que el Ministerio rechazaba poner en marcha un registro de médicos objetores y trasladaba esta responsabilidad a las Comunidades Autónomas.
Respuesta parlamentaria en la que Sanidad descarta poner en marcha un registro nacional de médicos objetores.
Aun así, y haciendo referencia a la legislación de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la Eutanasia, Sanidad explicaba que dicho registro no era una categorización de profesionales entre los que quieren practicarla o no, sino un lugar al que adscribir las declaraciones de objeción de conciencia.
Pero, mientras Darias afirmaba esto en una respuesta parlamentaria a la que ha tenido acceso este diario, Irene Montero daba un paso al frente con motivo del Día Global de Acción para el Acceso al Aborto Seguro y Legal. El equipo de Igualdad aseguraba que, para garantizar el acceso al aborto, van a "usar" la Ley de Eutanasia como referencia para crear un registro de médicos objetores.
El objetivo de este registro, según confirman desde Igualdad, es identificar las necesidades en cada área sanitaria, "de manera que se pueda garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en todos los casos".
Regular la objeción
Las ministras de Sanidad e Igualdad también han mostrado sus discrepancias sobre la posibilidad de regular la objeción de conciencia del médico. Aunque Montero lo ha pedido en multitud de ocasiones, Carolina Darias lo rechazó en su última rueda de prensa. La titular de la cartera sanitaria descartó regular la objeción de conciencia y pidió "compatibilizar y respetar todos los derechos".
Con todo ello, Irene Montero también tiene en contra al Comité de Bioética del Ministerio de Sanidad. Su presidente Federico de Montalvo ha denunciado que "limitar la objeción de conciencia del médico" es "claramente inconstitucional".
El presidente del Comité de Bioética de España ha apostado por registrar a aquellos médicos que sí quieren practicar un aborto porque "si se quiere garantizar la práctica del aborto, habrá que saber quién está dispuesto". "Lo que interesa al Estado es saber quién lo hace, no quién no lo hace".
La propuesta de Montero no ha gustado nada a la profesión médica que sí ha aplaudido la respuesta de Sanidad de no hacer un registro nacional. En múltiples ocasiones los médicos han rechazado la existencia del registro de objetores autonómico (es lo que está vigente en la ley), aun estando a favor de la práctica de la eutanasia o del aborto.
Médicos en contra
En una entrevista a EL ESPAÑOL, el presidente del Consejo General de Médicos de España, Tomás Cobo, explicaba que el registro de médicos objetores no es útil porque "un profesional puede cambiar de opinión frente a cada paciente". "La objeción no es definitiva porque cada paciente es diferente", defendía.
La propuesta que Sanidad plantea, desde el ámbito de cada servicio de salud autonómico y no de forma nacional, es que las administraciones sanitarias creen un registro en el que se inscribirán "las declaraciones de objeción de conciencia para la realización de la misma". De esta forma, no será el Estado (como pide Irene Montero) sino las Direcciones Asistenciales de las Áreas sanitarias las que lo coordinen, siendo el responsable único la propia Administración regional.
Tras conocer la propuesta de Igualdad, este diario se ha puesto en contacto con los representantes de los médicos, que han asegurado que no realizar abortos en el sistema sanitario público (que es por lo que Montero quiere crear este registro) no es cuestión de ética médica, sino de falta de medios.
María Isabel Moya, vicepresidenta primera de la Organización Médica Colegial (OMC), ha asegurado que la reforma que se prevé de esta ley no puede poner el foco en el ejercicio del derecho de objeción de conciencia. "Es un problema de gestión y planificación de los recursos sanitarios. Deben garantizar que la prestación se realice con todas las garantías y a todas las mujeres que lo deseen", ha explicado.
"Consideramos que la objeción de conciencia del médico es un derecho fundamental que, a su vez, no puede ser un limitante para garantizar el aborto. Es clave la organización y la planificación de las Administraciones sanitarias que tienen la obligación de garantizar esta prestación respetando la objeción de conciencia del profesional", ha puntualizado.
Ley del Aborto
Este mismo martes, el ministerio de Igualdad ha sacado a consulta pública la que será la nueva ley del aborto. El documento, que puede recibir aportaciones de la ciudadanía hasta dentro de 15 días, parecía poner un poco de paz en el enfrentamiento entre la profesión médica y la ministra de Igualdad. Mar en calma que se ha vuelto a agitar por las declaraciones sobre un registro nacional de objetores.
En el texto que ha salido a consulta pública, Igualdad no habla de "violencia obstétrica de género", un término que había introducido durante la puesta en marcha de la modificación de la ley y que no había gustado nada a la profesión médica.
Tampoco hace referencia a la "regulación" de la objeción de conciencia (algo que también ha dejado caer que se podría modificar). Bien es cierto que esta consulta pública es sólo el inicio para la tramitación de la ley, pero que no aparecieran ambos términos se podía haber interpretado como un gesto de buena fe por parte del Ministerio hacia el colectivo.