El próximo 16 de octubre, la gestión del Hospital Universitario de Torrevieja pasará de manos privadas a públicas, de la empresa Ribera Salud a la Conselleria de Sanidad que dirige la socialista Ana Barceló. Y en los trámites para la transición ha salido a la luz el contrato de la menor que según sentencia judicial fue abusada por parte del exmarido de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, la nacionalista Mónica Oltra.
Hace escasas fechas se supo que la menor (cuando sucedieron los hechos juzgados y sentenciados), Teresa D. M., había sido contratada por la concesionaria del hospital torrevejense, al igual que su pareja.
En plena controversia por la actuación del departamento de Oltra respecto a la defensa de la menor, todas las alarmas han saltado a escasos días de que se produzca la reversión de la gestión de un hospital en el que los contratos de los trabajadores eventuales están en el aire. Cerca de 300 trabajadores.
Persecución política
El pasado miércoles, en el transcurso de la Comisión de Sanidad en las Cortes Valencianas en el que la consellera socialista comparecía para dar explicaciones sobre la transición del servicio, el diputado popular José Juan Zaplana alertó de una posible "persecución política contra la trabajadora".
Así, relató como en la reunión entre la nueva gerente del departamento de salud y la directora general de Recursos Humanos de la Conselleria con la dirección saliente de Ribera Salud, se pidió en exclusiva un contrato: el de la chica que recibió abusos por parte del exmarido de la vicepresidenta de la Comunidad.
"De los 1.200 contratos se pidió uno en específico, el de Teresa D.M., pero con nombres y apellidos", relató el diputado haciendo mención explícita al hecho de que la identidad debía permanecer en secreto ya que por el momento "no ha trascendido a la opinión pública".
"Señora Barceló, no sé muy bien para que quieren ese contrato, pero no van a cometer una persecución política sobre esa persona como ya ha hecho la Conselleria de la señora Oltra". El diputado se refería a la ratificación de la sentencia por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en la que se cuestionaba el papel de la Conselleria de la vicepresidenta.
No es el único, también la semana pasada el Sindic de Greuges (Defensor del Pueblo Valenciano), también cuestionó las interferencias por parte de la Conselleria de Oltra a sus investigaciones sobre los centros de menores en la Comunidad Valenciana. No sobre este asunto en concreto, pero sí sobre la situación general de los centros de menores con problemas de conductas.
La consellera Barceló en su réplica de cinco minutos no respondió a la pregunta del diputado popular.