La secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge, ha emplazado a la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, a "dejar de ser la ministra subordinada de la Unión Europea y empezar a ser la de los españoles".
También ha anunciado que Podemos impulsará una auditoría pública sobre los costes reales de cada una de las tecnologías con las que se genera electricidad en este país para poner fin al abuso del oligopolio.
Así lo ha trasladado durante su intervención en la jornada 'Las eléctricas o la gente. Recuperar el control', celebrada en la 'Universidad de Otoño' de Podemos.
La 'número tres' de Podemos ha destacado que en España existen 6 millones de personas que sufren pobreza energética en España y, ante esta situación, ha emplazado a Ribera que debe buscar "soluciones más allá de la Unión Europea".
"Debería dejar de ser la ministra subordinada a la Unión Europea y empezar a ser la ministra de los españoles y españolas", ha proclamado ante sus correligionarios.
También ha defendido los instrumentos con los que cuenta el Estado para proteger a los sectores estratégicos y a la población, volviendo así a reivindicar la creación de una empresa pública de energía "que lidere la transición verde" en el campo energético.
Algo perfectamente factible, a su juicio, mediante el artículo 128 de la Constitución que recoge la supeditación de toda la riqueza al interés general, y que constituye un "mandato a los poderes públicos, no solo un recordatorio pasajero".
Auditoría sobre la luz
Por otro lado, ha destacado que impulsarán una auditoría pública sobre los costes de producción energética "para que el oligopolio no nos siga ocultando información". "Porque la riqueza del país debe estar al servicio de todas y todos, no de unos pocos. Eso sí es cumplir con la Constitución", ha zanjado.
Mientras, el dirigente de la formación morada Rafa Mayoral ha afirmado que se está ante "un cambio de época que debe ir acompañado por un cambio en el modelo productivo", defendiendo también la creación de una empresa pública. "No se puede dejar la transición ecológica en manos de las empresas privadas. Eso tiene que hacerlo una empresa pública", ha advertido.
Y es que ha acusado también a los sectores oligárquicos de romper el acuerdo constitucional "simplemente para responder a los intereses de las minorias que pretendían no tener beneficios, sino súper beneficioso por ejercer el monopolio sobre elementos esenciales para la vida de las mayorías sociales"