Sánchez impone a Yolanda Díaz que la reforma laboral la controlen Nadia Calviño y Escrivá

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha logrado imponer, en el seno del Gobierno de coalición, el nuevo "método" de negociación para la "coordinación" de la reforma laboral, como ya informaba EL ESPAÑOL este martes.

Moncloa cierra así la pelea abierta hace ahora seis días entre la vicepresidenta segunda y titular de Trabajo, Yolanda Díaz, y la vicepresidenta primera y coordinadora de la política económica del Ejecutivo, Nadia Calviño.

Según fuentes del Gobierno, las reuniones de "la mesa de diálogo social para la reforma laboral se celebrarán los miércoles por la mañana". La delegación del Gobierno de España en esa mesa la encabezará el secretario de Estado de Empleo, pero de ella formará parte, como reclamaba Calviño, un director general de su departamento y otro del Ministerio de Seguridad Social.

En función de los temas que se traten, podrán acudir representantes de los otros Ministerios afectados. Este mismo miércoles, Trabajo había convocado otra cita con patronal y sindicatos para "seguir avanzando en el Componente 23" del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia enviado a la Comisión Europea. Es decir, para la reforma laboral. Pero a esa mesa no estaba invitado ningún otro ministerio, a pesar de las exigencias de Nadia Calviño.

Sánchez las llama a capítulo

Además, añade una nota oficial del Ejecutivo, el presidente del Gobierno se ha visto obligado a ser él quien presida "una reunión con las vicepresidentas", en la que se convocará a los ministerios de Hacienda, de Seguridad Social y el de Educación y FP "para fijar la posición del Gobierno en la mesa de diálogo social". Y aclara el comunicado que los términos estarán basados en el "acuerdo de Gobierno de coalición".

Esto quiere ir en consonancia con el mensaje de fondo que trataba de transmitir la parte socialista del Ejecutivo de que no había "ningún conflicto con los contenidos", sino que la discusión interna era una cuestión de "metodología". El documento firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en su momento dice expresamente: "Derogaremos la reforma laboral".

En concreto, el acuerdo detalla que PSOE y Unidas Podemos "recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012". Y que eso se hará "derogando las limitaciones al ámbito temporal del convenio colectivo" (es decir, la ultraactividad) y "derogando la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los sectoriales" (o sea, la negociación colectiva). 

Estos dos son los puntos de fricción que la patronal no quiere aceptar y que suscitan reticencias en el seno de la Comisión Europea, como ha dejado claro la visita a España estos días de Paolo Gentiloni, titular de Economía y Finanzas. "Estamos donde está Europa", ha afirmado Antonio Garamendi en un desayuno informativo en Madrid en el que se ha sentado después junto con el líder de la oposición, Pablo Casado.

En todo caso, para preparar las citas con sindicatos y empresarios de cada miércoles, "todos los martes a las 17.00 horas" se celebrará una reunión para fijar la posición del Gobierno en esa mesa. Otra imposición de Sánchez.

A esa reunión asistirán el secretario de Estado de Empleo, el de Economía y el de Seguridad Social y Pensiones. Moncloa detalla que "en función de los temas a tratar, podrán acudir otros secretarios de Estado o representantes de los otros ministerios afectados".

Además, esas mismas personas "se reunirán también los miércoles por la tarde para analizar" el desarrollo de la negociación en la mesa y "coordinar el trabajo de preparación de la siguiente mesa de diálogo".

Crisis profunda

Tanto detalle y rendición de cuentas es poco habitual en el Ejecutivo, lo que da la medida de la profundidad de la crisis. También la comparecencia improvisada de la ministra portavoz, a mediodía en Moncloa.

Isabel Rodríguez tenía el encargo de transmitir un mensaje de "normalidad" y de que ésta "es la metodología aplicada en otras leyes y reformas". Así ocurrió, por ejemplo, en la de la Ley de Vivienda, cuyas competencias son de un Ministerio del PSOE y fue negociada "con la participación de Derechos Sociales", departamento de la líder de Podemos, Ione Belarra.

Pero lo cierto es que Rodríguez admitió que "el contenido está pactado, pero ha de ser vivo para mejorar la negociación", y se rio cuando se le preguntó por si esta decisión se ha tomado a propuesta de Unidas Podemos, como reivindica la formación morada: "No comparto esa interpretación".

El conflicto se abrió el pasado jueves, cuando la vicepresidenta primera se dirigió a los interlocutores sociales y fue respondida al día siguiente por Yolanda Díaz y un tuit de Ione Belarra exigiendo una reunión urgente de la mesa de seguimiento del pacto de coalición para rechazar esas "injerencias".

En su misiva, Calviño advertía a sindicatos y empresarios de que, ahora que la negociación dejaba la "fase preliminar" y entraba en la "decisiva", ella pasaba a coordinar los trabajos. Díaz se revolvió y desde su departamento se filtró que el asunto no debía girar en torno a "los egos", sino al contenido... y que la vicepresidenta primera no estaba "de acuerdo" en eliminar "determinados aspectos que precarizan el empleo en España".

Para apagar un incendio que amenazaba la estabilidad -e incluso la supervivencia misma- del Ejecutivo, el presidente también ha dejado establecido que Calviño y Díaz se reúnan "cuando sea necesario por la importancia o complejidad política de los asuntos".

Según Moncloa, estas citas se celebrarán, con carácter general y para facilitar la coordinación de agendas, inmediatamente antes o después de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos... que preside Calviño.