Tanto Ciudadanos como el Partido Popular han reclamado en el Congreso de los Diputados que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y su secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, den explicaciones sobre los pluses de productividad otorgados a los directores de las cárceles en función del número de terceros grados concedidos.
Tal y como publicó en exclusiva EL ESPAÑOL, el plus de productividad es un bono salarial que, desde el ministerio, se otorga a los directores de cárceles por conceder más terceros grados a los internos.
Según un escrito de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, del pasado 2020, esos incentivos económicos pueden ascender hasta los 2.000 euros anuales. El tercer grado penitenciario es, además, el requisito previo para que luego un juez de Vigilancia Penitenciaria pueda conceder la libertad condicional a un reo.
Tras desvelar este diario la existencia de este incentivo, el partido que lidera Inés Arrimadas ha registrado una petición de comparecencia tanto del ministro Grande-Marlaska como de Ángel Luis Ortiz para que "informen sobre el otorgamiento" del plus de productividad "vinculado al incremento en el número de terceros grados penitenciarios concedidos".
Por su parte, la popular Cuca Gamarra ha pedido "urgentemente" que tanto Marlaska como Ortiz acudan a la Cámara Baja a "dar explicaciones sobre las progresiones de grado en Instituciones Penitenciarias, con el fin de permitir más penados en tercer grado o semilibertad; así como los beneficios económicos de productividad que se entregaban a los responsables de los centros".
Este incentivo salarial va en línea con la filosofía tantas veces manifestada públicamente por el Secretario General de Instituciones Penitenciarias. En una entrevista con una publicación carcelaria en 2019, el máximo responsable de las cárceles españolas se fijaba como un objetivo prioritario el aumento exponencial de los terceros grados. El pasado julio, criticó la, a su juicio, excesiva dureza del sistema carcelario.
Tal y como destapó EL ESPAÑOL, fue el tercer grado la medida que este organismo central en materia penitenciaria, con Ortiz a la cabeza, otorgó, en febrero de 2020, al supuesto asesino del niño de La Rioja, que cumplía una condena previa y con la mayoría de la Junta de Tratamiento de la cárcel, en contra de otorgárselo.