El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la ministra de Economía, Nadia Calviño, han llegado a acuerdo para "derogar la reforma laboral de 2012". Así lo expresa un comunicado oficial: "El Gobierno está comprometido con la derogación de la reforma laboral de 2012 en los términos que establece el acuerdo de coalición y el Plan de Recuperación enviado a la Comisión Europea". Y a pesar de ello, la portavoz, Isabel Rodríguez, ha necesitado nueve respuestas para pronunciar el verbo derogar.
"Sería muy pobre referirnos a esta reforma como una mera cuestión semántica", admitió en su última respuesta. "Cualquier nueva normativa implica la derogación de la anterior. Pero no podemos derogar sin nada alternativo".
La realidad es que Rodríguez dio nueve turnos de preguntas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que llegaba también después de la cumbre en Moncloa entre Sánchez y sus dos vicepresidentas enfrentadas.
La portavoz esquivó la concreción en todas ellas remitiéndose al "respeto a las partes" para no desvelar "los contenidos" del acuerdo interno del Ejecutivo. Sobre todo, dijo, "porque queremos la mejor coordinación interna, para la mejor negociación con los agentes sociales, que dé paso al mejor acuerdo posible".
En la nota enviada a la prensa previamente, el Gobierno establecía, de hecho, que "la temporalidad", la "precariedad" y el "desempleo" son las principales "anomalías del mercado español" a las que hay que poner solución. "Es imprescindible disponer de herramientas equilibradas en la negociación colectiva y al mismo tiempo, establecer condiciones claras para la subcontratación", refiere el texto.
Tres puntos sin aclarar
Sin embargo, el comunicado no hacía referencia a ninguno de los tres contenidos que Unidas Podemos consideraba esenciales: la ultraactividad de los convenios, la prevalencia de los sectoriales sobre los de empresa y las cláusulas de descuelgue. Sólo se explica que los trabajos se harán "cumpliendo con los compromisos adquiridos tanto en el programa de coalición como en el Plan de Recuperación aprobado por el Consejo de Ministros y enviado a la Comisión Europea".
Pero la realidad es que estos dos documentos no se parecen.
Es la concreción de tres puntos concretos expresada en el pacto de coalición, y que no figura en el Plan de Recuperación, lo que abrió la disputa entre Calviño y Díaz y ha significado, en estos meses, el principal escollo entre PSOE y Podemos.
El acuerdo con Unidas Podemos habla, para empezar, del regreso de la ultraactividad de los convenios colectivos caducados -"derogando las limitaciones al ámbito temporal" de los mismos- y el Plan de Recuperación se limita a decir que se debe "abordar" ese aspecto.
El segundo asunto que se selló en el abrazo del 12 de noviembre de 2019 entre el presidente y Pablo Iglesias es el de la "derogación de la prioridad aplicativa de los convenios de empresa". Sin embargo, el documento que aprobó la UE se limita a anunciar la "modificación del Real Decreto Legislativo 2/2015, el Estatuto de los Trabajadores, en especial, diversos artículos y disposiciones de su Título III"... pero no dice en qué sentido.
Y finalmente, si los morados dicen que "lo firmado obliga", en el texto del Acuerdo de coalición para un gobierno progresista se dice que la nueva reforma laboral "limitará la capacidad de modificación unilateral de las condiciones de trabajo por parte de la empresa". Mientras, en el Componente 23 que Von der Leyen calificó de "sobresaliente" simplemente se plantea incorporar "mecanismos de consulta y negociación" para estos supuestos.
Semanas de tensión
El acuerdo llega después de semanas de tensión en el seno del Ejecutivo, que han enfrentado las ministras de Economía y de Trabajo.
La semana pasada y para rebajar el tono de crispación en la coalición, Moncloa anunció un "acuerdo en el seno del Gobierno de coalición" para cambiar el "método" de negociación con los agentes sociales. Oficialmente, para la mejor "coordinación" de la reforma laboral. En realidad, para ponerla bajo el control de Pedro Sánchez. Y más concretamente, de Nadia Calviño, a la vista de las declaraciones del presidente y de la vicepresidenta primera, el pasado fin de semana en la cumbre del G20, en Roma.
Pedro sánchez, entre su vicepresidenta primera, Nadia Calviño, su vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.
La reforma laboral es una medalla que Yolanda Díaz necesita en su doble condición de heredera de Pablo Iglesias y futura cabeza de lista del espacio político a la izquierda del PSOE.
Por un lado, la líder de Unidas Podemos necesita hacer "que se cumpla lo pactado", mantra al que se agarra Unidas Podemos cada vez que el Ejecutivo de coalición debe dar un paso. Y por el otro, habiendo sido la única ministra con peso del ala morada, el balance de su mandato en Trabajo debe incluir la "derogación de la reforma laboral del PP" o habrá fracasado.
De ahí que la batalla pública entre PSOE y Unidas Podemos se estuviera dando en el escenario, aunque la esencia haya estado, en realidad, entre bambalinas.
Reacciones
Una de las primeras reacciones tras la reunión es la de Comisiones Obreras (CCOO). Unai Sordo, su secretario general, ha considerado que "es compatible con los objetivos del sindicato" y la negociación que se había hecho hasta ahora.
De hecho, ha insistido en la reforma de la negociación colectiva y la recuperación de la ultraactividad, dos de los puntos más críticos de la negociación del Gobierno con patronal y sindicatos.