El pasado 6 de octubre, un grupo de jóvenes universitarios catalanes aglutinados en la entidad constitucionalista S'ha Acabat fueron agredidos por un centenar de radicales separatistas en la Universidad Autónoma de Barcelona al grito de "Pim, pam, pum, que no en quedi ni un!" ("¡Pim, pam, pum, que no quede ni uno!").
El episodio generó reacciones de lo más variopintas en el seno del independentismo: desde la CUP acusando de "fascistas" a los jóvenes agredidos en el Parlamento de Cataluña hasta una carta del rectorado de la UAB que, lejos de condenar los hechos, lamentaba la "instrumentalización ideológica" que habían hecho, a su juicio, los partidos que se solidarizaron con los agredidos (Vox y Ciudadanos, sobre todo).
Pero aún más llamativo resulta el silencio del Gobierno de España, que transcurrido más de un mes desde aquella agresión sigue sin condenarla. Y eso que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Universidades, está tratando de aprobar, con el apoyo de ERC, el proyecto de Ley de convivencia universitaria que regula cómo combatir el acoso.
El silencio gubernamental no se ha roto ni a petición de terceros, pues Ciudadanos instó a Manuel Castells a "condenar" los hechos a través de una pregunta parlamentaria registrada el pasado 13 de octubre: "¿Condena el Gobierno de España, y en concreto su Ministerio de Universidades, de manera expresa la agresión sufrida por miembros y personas concurrentes a la carpa de la asociación estudiantil S'ha Acabat en el campus de la UAB el pasado 6/10/2021?".
El texto, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, también exigía saber si el Ministerio de Universidades había mantenido contacto con el rectorado de la UAB "a fin de ser informado de manera exacta de las circunstancias y hechos sucedidos". O si había dirigido "algún tipo de indicación, sugerencia o propuesta de medidas a adoptarse para evitar" episodios similares.
Pero la respuesta dada por el Gobierno es un compendio de vaguedades que van desde el "compromiso con los valores democráticos y los constitucionales" al "respeto a la diversidad", pasando por "el principio de objetividad sobre los intereses generales". Ninguna referencia explícita a la agresión a los jóvenes constitucionalistas catalanes.
"Es una burla"
El encargado de formular la pregunta, el diputado de Cs Juan Ignacio López-Bas, admite su indignación en conversación con EL ESPAÑOL: "Es una burla a nuestro trabajo parlamentario. Era tan sencillo como decir que se condenan unos hechos concretos, pero nada".
"Sólo les ha faltado copiar la linea del rectorado denunciando la instrumentalización que algunos partidos políticos habían hecho de este tema", dice el liberal en referencia al comunicado emitido por el equipo de gobierno de la UAB, cuyo rector es Javier Lafuente, tras la agresión a los jóvenes de S'ha Acabat.
Este -el comunicado- no hacía referencia a quiénes fueron los agresores ni las víctimas, decía rechazar "la situación de tensión" vivida en el campus de Bellaterra, y lamentaba en un párrafo "la instrumentalización ideológica por parte de determinados partidos políticos", en referencia a la presencia de Carlos Carrizosa (Cs) e Ignacio Garriga (Vox), que se acercaron para solidarizarse con los jóvenes constitucionalistas.
Jordi Salvadó, vicepresidente de S'ha Acabat, acusa de "absoluta indiferencia" al ministro Castells por su "no respuesta": "No es capaz de condenar las agresiones, ni hablar del grave deterioro en cuanto a libertades civiles y derechos fundamentales que sufrimos los jóvenes constitucionalistas cuando cada vez que queremos hacer algo en la UAB se nos ataca, se nos señala y se nos intenta expulsar".
Salvadó admite que se sienten "desamparados" por el Gobierno de España y lamenta que que haya decidido "mirar hacia otro lado y no condenar los hechos" cuando "tiene herramientas para impedir que sucedan episodios tan lamentables".