Cuando el ministro de Universidades, Manuel Castells, presentó el proyecto de Ley de convivencia universitaria (conocida como la ley de las novatadas) lo hizo recordando que se había dialogado con el sector educativo (rectores y estudiantes) durante más de dos años. El mismo trabajo en equipo que ahora, y según la comunidad universitaria, se ha caído por un pacto con Esquerra Republicana de Cataluña.
Este mismo lunes, el Congreso de los Diputados ha celebrado la primera ponencia de la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades para debatir las enmiendas al proyecto de ley. En esta cita, se ha puesto de manifiesto el trabajo de todos los grupos (incluidos PSOE, Unidas Podemos y ERC que han presentado todas sus enmiendas de manera conjunta).
Correspondientemente, -y asegurándose que tendrán el aval de la mayoría de la ponencia por la unión de los tres grupos-, el Gobierno y ERC han eliminado toda la parte de la ley en la que se hacía referencia a los llamados "mecanismos de mediación". Aquellos por los que las Universidades públicas y privadas de todo el país debían reglar los conflictos que ocurrieran en el ambiente universitario.
Problemas como las manifestaciones y los escraches a personajes públicos en la universidad que son cada vez más comunes. Por ello, este ha sido uno de los puntos más controvertidos de la normativa.
En Cataluña, donde el atropello a los estudiantes no nacionalistas empieza a ser un problema, con agresiones como las vividas recientemente contra S'ha Acabat en la Universidad Autónoma de Barcelona, el cambio de norma puede favorecer la impunidad de los agresores.
Muchos grupos hacen especial relevancia en que la norma incluya como "falta grave" impedir "por la vía de la fuerza" la celebración de actos por parte de las asociaciones, partidos políticos, sindicatos u otras organizaciones legales que hayan sido autorizados por la Universidad.
Escraches
Pero, en este sentido, el departamento del ministro de Universidades, Manuel Castells, tiene otros planes. Ha modificado parte del redactado original a gusto de ERC. En un primer momento, se hablaba de que consideraría falta grave "impedir la celebración de actividades universalizas de docencia, investigación o transferencia de conocimiento".
ERC consideraba que este apartado hacía referencia a los actos de protesta o los boicots y quería eliminarlo. Según la enmienda que han presentado PSOE, Unidas Podemos y ERC, la idea (ahora) es que sólo se pueda sancionar si se impiden este tipo de actos, teniendo en cuenta "los derechos de reunión, asociación, manifestación y huelga".
Mediación
Uno de los pilares de esta ley anti-novatadas era que el sistema universitario tuviera un "mecanismo" para regular la convivencia basado en la "mediación". Una especie de órgano independiente, conformado por todos los agentes implicados, que regularía en los conflictos que pudieran plantearse dentro de la universidad.
La modificación de la ley pactada por el Gobierno con ERC mantiene la esencia de la norma, pero no marca unos mínimos comunes. O lo que es lo mismo, aunque reivindica la figura de este tipo de órganos deja en la mano de cada universidad cómo desarrollar los "medios oportunos para la resolución de conflictos en el ámbito universitario".
De esta manera ya no existirá una única norma que mida este tipo de situaciones sino que cada universidad, con su claustro y su rector, será quién lo organice. A ojos de los rectores, el cambio supone un error, puesto que ven necesario la existencia de una regulación "básica" para todo el territorio español.
Manifestaciones
Crue Universidades Españolas junto a las organizaciones estudiantiles CREUP y CEUNE han rechazado el acuerdo de los grupos asegurando que "elimina el espíritu de convivencia del proyecto e "impide" el establecimiento de un marco único para todo el Sistema Universitario Español.
Crue, CREUP y CEUNE advierten que, con los cambios pactados por las tres fuerzas parlamentarias, "se anula" la principal aportación del proyecto consensuado con Universidades: "el desplazamiento del eje del sistema de convivencia del ámbito puramente disciplinario a la resolución pactada de los conflictos".
Esta última semana los estudiantes han dado un paso más allá y han llamado a la manifestación el próximo 18 de noviembre para reclamar una universidad "pública, democrática y de calidad".
Más enmiendas
Las enmiendas de ERC no han sido las únicas presentadas por los grupos parlamentarios, aunque sí las que más posiblidades tienen de salir adelante. Cuentan con menos apoyos, Vox, Ciudadanos, el PNV o el Partido Popular que también han presentado sus "mejoras". Según fuentes parlamentarias "no todas" tienen por qué rechazarse.
Ciudadanos, por ejemplo, ha presentado varias enmiendas llamando a la "neutralidad" de las universidades. Entre los artículos que pretenden incluir los de Inés Arrimadas, destaca la necesidad de plasmar que todos los partidos políticos con "candidatura formalizada" a algún tipo de proceso electoral puedan hacer uso de los espacios universitarios.
Además, solicitan que las universidades no realicen comunicaciones públicas sobre una materia "no encuadrable" en el marco de sus competencias. Es decir, que no existan posicionamientos políticos por parte de los rectorados de las facultades.
El Partido Popular siempre se ha manifestado contrario a la ley y todas las enmiendas (como la de la totalidad que ya se rechazó) van encaminadas a tumbar la norma.
Vox ha presentado modificaciones (que también van a ser rechazadas en su mayoría) intentando que la legislación no permita lo que ellos llaman "cultura de la cancelación": que determinadas asociaciones impidan celebrar actos de una ideología contraria a la suya.
De hecho, en su argumentario, el grupo de Santiago Abascal recuerda que "en el año 2010" estudiantes adscritos a "organizaciones de izquierda radical" consiguieron impedir un acto de la entonces portavoz del partido Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Diez. Acto en el que estaban Pablo Iglesias e Íñigo Errejón.