El Gobierno impondrá su reforma laboral a la CEOE si no hay acuerdo antes del 30 de noviembre
Bruselas impone que el texto esté en vigor antes del 31 de diciembre y "diálogo social, pero no pacto; si los empresarios se levantan...".
17 noviembre, 2021 11:50Más allá del contenido, de que se llame "derogación" o "modernización", habrá reforma laboral, eso es seguro. Primero, porque lo impone la Comisión Europea a cambio de librar los fondos de recuperación. Y segundo, porque es un compromiso de Pedro Sánchez, del Gobierno de coalición, del discurso de investidura, y de su mitin de cierre en el 40º Congreso del PSOE, en Valencia, hace ahora un mes.
Es la primera de las razones es la que marca el plazo: el Ejecutivo se ha comprometido con Bruselas a tenerla aprobada y en vigor antes del 31 de diciembre de 2021. Si no lo hubiera hecho, sería más que posible que -del mismo modo que esta promesa eterna del presidente se ha ido aplazando desde que llegó al Gobierno, hace ya tres años y casi medio-, la cosa se volviera a demorar. No en vano, la caída del desempleo es la única cifra económica que le sonríe.
Y en todo caso, sin duda, sería más que probable que no hubiera tantas prisas por cerrar el texto antes del martes 30 de noviembre.
Fuentes gubernamentales inmersas en la negociación con los agentes sociales confirman a este periódico que ésa es la fecha límite para llegar a un acuerdo con sindicatos y empresarios. Pero que "reforma habrá", con pacto o sin él.
Del mismo modo que este lunes, día 15, acababa el plazo para cerrar el pacto para la reforma de pensiones. No es un capricho, sino los plazos legales los que apremian en ambos casos.
La reforma de las pensiones producto del decreto del pasado mes de junio se está tramitando como proyecto de ley. Y la idea del Gobierno es incluir lo pactado por José Luis Escrivá con los sindicatos por la vía de la enmienda parlamentaria a la Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad del sistema. Ya no se podía dejar más tiempo para que cupiese en un plazo de enmiendas que ya se ha prorrogado hasta en seis ocasiones.
Ahora, en la reforma laboral, la condición la impone la legislación. Según el artículo 22.3) de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, la comisión permanente del Consejo de Estado debe ser consultada ante los "reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de las Leyes, así como sus modificaciones". Y aunque vaya por la vía de urgencia, el tiempo máximo que tiene el órgano consultivo es de 15 días.
Eso colocaría el expediente en la tercera semana de diciembre, con sólo dos Consejos de Ministros disponibles. De modo que si el Ejecutivo quiere aprobar la reforma laboral y publicarla en el Boletín Oficial del Estado antes de Nochevieja, debe remitirla al Consejo de Estado antes del puente de la Constitución, para que, como muy tarde, el real decreto-ley salga del consejo del martes 28 de diciembre.
Ambiente enrarecido
La vicepresidenta segunda es consciente de este calendario y ya ha apremiado a sus compañeros de gabinete. Así es al punto de que esta semana se han acelerado los trabajos y no habrá una reunión con los agentes sociales -como cada miércoles-, sino dos: el viernes, sindicatos y empresarios están también convocados en la sede del Ministerio de Trabajo para continuar las negociaciones.
Éstas se están desarrollando con dificultades, y no sólo por el tropezón de la semana pasada. Entonces, tanto CEOE y Cepyme como UGT y CCOO rechazaron el modelo de ERTE propuesto por el Ejecutivo. Aunque era "una posición de Gobierno", lo cierto es que Yolanda Díaz no se hace responsable de la propuesta, que vino del lado socialista del Gobierno, impulsada por la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, competente en este campo.
Pero es que es precisamente Escrivá a quien desde el lado morado de la coalición se hace responsable del ambiente enrarecido. La imposición a los empresarios de una subida de las cotizaciones como vía para "asegurar el futuro de las pensiones" también es definida públicamente por Díaz como "una propuesta colegiada del Gobierno".
Es más, pareció apoyar el nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) en la rueda de prensa de este martes, cuando dijo que "desde la gran huelga general de 1984, éste es el primer Gobierno que reforma el sistema de pensiones por la vía de los ingresos y no por la del recorte de gastos". Una andanada elegante, aunque evidente, a todo el histórico de gobiernos del PSOE -contra los del PP no hacía falta mucho más de lo habitual- en esta materia.
El 'castigo' y el aviso
Más allá de que la subida de un 0,6% en las cotizaciones durante 10 años no vaya a redundar en mejores pensiones, ni siquiera en su garantía de futuro -pues los nuevos ingresos se destinan al fondo de reserva-, las patronales se encontraron con una especie de castigo el lunes por la tarde.
Cuando a mediodía se levantaron de la mesa de negociación, el reparto era de dos tercios de subida para el empleador y un tercio para el empleado. Cuando salió el ministro a explicar el "acuerdo", lo que se presentó fue que el 83% del esfuerzo vendrá del empresario, y sólo una décima de las seis de recargo recaerá en el trabajador.
En un duro comunicado, la CEOE y Cepyme habían manifestado su rechazo por considerar que la intervención era "insuficiente", que no garantizaba "el equilibrio del sistema" y que se necesitarán "medidas adicionales en el futuro para asegurar la sostenibilidad" del sistema de pensiones. Pero el castigo fue la gota que colmó el vaso.
Y, aunque fuentes gubernamentales de la negociación consideren que "una negociación no influye en la otra", lo cierto es que éste es el segundo acuerdo consecutivo del que se excluye a los empresarios. Y la desconfianza ya se ha instalado en las patronales.
La imagen de la mañana, con el presidente celebrando un "desayuno de trabajo" en Moncloa junto a su cúpula económica y los líderes sindicales, Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT), fue otra advertencia. O así se interpretó en las sedes empresariales.
CEOE y Cepyme quieren jugar la baza de que Bruselas no aceptará una reforma sin su acuerdo, como ha insistido en deslizar hasta el propio Sánchez... pero las mismas fuentes aclaran que "lo que exige la Comisión Europea es que haya diálogo social, no el pacto. Si los empresarios se quieren luego levantar, ya no es cosa nuestra".