Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, cree que "no tiene base" el debate en torno a que la Ley de Memoria Democrática contemple que el franquismo concluyó en 1982, con la llegada al poder de Felipe González.
"Es un debate que no tiene base. La ley termina su periodo de aplicación con la entrada en vigor de la Constitución", ha explicado el ministro antes de admitir que en una disposición adicional de la norma sí se recoge que tras 1978 "todavía hubo un tiempo inercia de la dictadura y vulneración de derechos fundamentales a personas que trataron de asentar la democracia y que merecen reparación".
"Es el consenso historiográfico. La reparación moral de esas personas es positivo, nadie puede estar en contra", ha zanjado Bolaños, que también se ha referido a la controversia en torno a la derogación o no de la Ley de Amnistía de 1977.
Lo ha hecho en 'Más de uno', en Onda Cero, donde ha insistido en que "no cambia nada", lejos de lo que pudo parecer este miércoles a mediodía, cuando llegó a hablarse de derogación, tal como exige ERC. No obstante, Bolaños ha recordado que aquella norma se rige "conforme al derecho internacional, que es lo que dice la Constitución".
¿Supone esto que exdirigentes como Rodolfo Martín Villa, procesado en Argentina, pueden serlo en España?, ha preguntado el periodista Carlos Alsina a Bolaños. "No cambia nada", ha insistido el ministro. La doctrina internacional declara imprescriptibles e inamnistiables los crímenes de lesa humanidad.
La ley, sin mayoría
La derogación daría lugar a que ERC apoyara la Ley de Memoria, pero los republicanos, en voz de Gabriel Rufián, no ven que esto vaya a ocurrir y acusan al Gobierno de "engañar al personal".
Es más, Bolaños ha ensalzado aquella medida de gracia del 77, "un paso importante para la consolidación de la democracia en España" que, ha recordado, "pidió la izquierda". "Permitió que gente que estaba en la cárcel por intentar cambiar el régimen franquista saliera", ha explicado.
A esta hora, la suma no le sale al Gobierno, que sigue teniendo sobre la mesa la propuesta de Ciudadanos: apoyo a cambio de que, entre otras cuestiones, se prohíban los homenajes a etarras. Unidas Podemos rema para que sea ERC y no el partido de Inés Arrimadas, es decir la mayoría de la investidura, la que obre la aprobación.