El ministro Grande-Marlaska, en el Congreso de los Diputados.

El ministro Grande-Marlaska, en el Congreso de los Diputados. Efe

Política SANIDAD

Interior cede la atención sanitaria de las cárceles a compañías privadas por falta de personal

Las pobres condiciones que ofrece el Ministerio del Interior a los sanitarios está provocando que muchas plazas queden vacías. 

21 noviembre, 2021 06:55

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En el año 2003, el Ministerio de Sanidad aprobó la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) en la que se contempla la transferencia de la sanidad penitenciaria a los sistemas de salud autonómicos. Dieciocho años después, ese objetivo sólo se ha llevado a cabo en Cataluña, País Vasco y Navarra.

Esta situación ha derivado en falta de personal sanitario en muchas cárceles, dada la escasez de plantillas y la falta de relevos, lo que se traduce en una peor calidad asistencial a los presos. Y es que la sanidad penitenciaria acumula un déficit estructural de más del 50% en sus plantillas médicas, según denuncian fuentes sindicales.

Por ello, el Ministerio del Interior ha tenido que terminar contratando servicios privados de salud para gestionar las cárceles, una práctica que comenzó con la pandemia de la Covid-19, pero que se ha prolongado "porque la situación es cada vez peor".

"Es una bomba de relojería a punto de explotar", señalan los profesionales de prisiones. Ahora mismo, de las 500 plazas de médicos disponibles apenas están cubiertas la mitad, y muchos de los que ahora están ejerciendo "se van a jubilar en los próximos dos o tres años". Es decir, que la falta de sanitarios va a acrecentarse.

Es algo que se arrastra de hace tiempo. Según Francisco Amaya, coordinador nacional de Sanidad Penitenciaria CSIF Prisiones, en dos años se ha jubilado o traspasado a otros servicios "el 30% de la plantilla de prisiones".

El Ministerio del Interior ha intentado parar la fuga de profesionales, pero con las pobres condiciones laborales que ofrece, le resulta casi imposible. Durante los últimos años, Instituciones Penitenciarias ha sacado a oferta pública varias plazas de médico, enfermero y farmacéutico que apenas se cubren.

La razón es que las condiciones laborales son mucho peores que las que ofrece el sistema sanitario general. Por ejemplo, la diferencia salarial entre profesionales es de unos 1.000 euros al mes. Además, en las cárceles los médicos no pueden renunciar a las guardias médicas cuando alcanzan una determinada edad.

Un sanitario inyecta la vacuna contra la Covid-19 a un preso.

Un sanitario inyecta la vacuna contra la Covid-19 a un preso. EP

El coordinador de CSIF da cifras al respecto: "La guardia médica en una prisión se paga a 15,99 euros, mientras que fuera de la cárcel el término medio es de 28,95 euros".

Gestión privada

Una de las soluciones que ha tomado Instituciones Penitenciarias ha sido la "privatización encubierta y paulatina de la medicina de prisiones". Según Francisco Amaya, las cárceles están asistiendo a los presos con la contratación de empresas externas. Ya ocurre en Madrid, en Málaga y en Galicia.

Sonsoles Castro, portavoz de la Organización Médico Colegial (OMC), afirma que la gestión privada de la sanidad en centros penitenciarios también se da en  cárceles como las de Burgos, Huelva, Cáceres, Villena (Alicante) y Cuenca.

"El modelo es de contrato individual por servicio y es algo puntual para cada centro. No es algo generalizado. En algunos casos se gestiona una ayuda para el médico titular si éste no puede dar cobertura a todo el servicio y, en otros, se sustituye completamente el servicio", explica.

Para Castro, como para las organizaciones sindicales, la solución no es entregar la atención a la sanidad privada, sino que las Comunidades Autónomas cumplan la ley de 2003 y se hagan cargo de la gestión de la sanidad penitenciaria.

Afirma que, de ser así, los servicios sanitarios de las cárceles se integrarían en los servicios autonómicos y "todo se solucionaría". "Lo que están haciendo es un parche. Una solución temporal, pero no es una buena solución", lamenta la vocal de la OMC.

Telemedicina

Desde CSIF y CCOO denuncian que, además de la gestión privada de las cárceles, Prisiones ha puesto en marcha otro "modelo" para paliar la falta de profesionales. "Una nueva chapuza llamada guardias telemáticas", lamenta Amaya.

En este caso, el proyecto se basa en que médicos externos al centro realizan asistencias telemáticas a los internos. "Lo que han pretendido es que un médico desde su domicilio personal (mediante ordenador y con cámara) asista a la enfermera de guardia de un centro que no tenga médico", denuncia.

"Nos parece humillante el trato que se le da a las enfermeras de prisiones, al quedar relegadas a meros 'sujetadores de móvil' para transmitir las imágenes al médico que estaría en su domicilio en otra provincia", añaden. Por el momento, este proyecto ha sido rechazado por toda la profesión sanitaria, tanto médicos como enfermeros, que están retrasando lo máximo posible su puesta en marcha.

Durante el mes de mayo de 2018, los integrantes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) recibieron una solicitud firmada por múltiples organizaciones médicas -entre las que se encuentra el Consejo General de Enfermería (CGE), la Organización Médico Colegial y los dos sindicatos mayoritarios de entre los profesionales, CESM y Satse- solicitando la inclusión de la sanidad penitenciaria en su orden del día.

Deuda importante

"Creemos que ahora se dan circunstancias más favorables para dar de forma definitiva cumplimiento a la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud con la inclusión del estudio de esta transferencia en el orden del día del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud", rezaba la misiva.

El Senado y el Congreso ya han aprobado (en el caso del Senado en varias ocasiones, una de ellas, en el pleno del día 26 de octubre de 2016) que esta normativa sea efectiva. 

Tras ello, y en reiteradas ocasiones, se ha preguntado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la transferencia de la sanidad penitenciaria. Por el momento, el Ministerio se justifica en las plazas convocadas y afirma que deben ser las Comunidades Autónomas las que acepten la transferencia.

Silvia Fernández, secretaria general de la sección sindical de CCOO en prisiones, afirma que las negociaciones con Andalucía estaban muy adelantadas y todo parecía indicar que la región gobernada por Juanma Moreno iba a ser la cuarta en hacer suya la gestión sanitaria de las cárceles. Pero no ha sido así. La Covid-19 lo ha paralizado todo.

Además, fuentes autonómicas afirman que la gestión sanitaria de las prisiones ha generado una "importante deuda" de la que las Comunidades Autónomas no quieren hacerse cargo. "En Interior quieren entregar la transferencia prácticamente gratis y no puede ser de esta forma", afirman.