Ministros de UCD ven un "disparate" el cambio de la Ley de Memoria que les considera "franquistas"

En conversación con EL ESPAÑOL, Rafael Arias-Salgado, José Manuel Otero Novas e Ignacio Bayón, que ocuparon carteras ministeriales en aquellos primeros gabinetes de Suárez conformados después de la muerte del dictador Francisco Franco, abominan de lo que consideran una política revanchista y "revisionista" de la izquierda. Singularmente, por lo que se refiere a la Ley de Amnistía de octubre de 1977, uno de los principales hitos de la democracia apoyado por casi todo el arco parlamentario, que permitió liberar a los presos políticos de la dictadura.

Pero también por la extensión a 1982, justo cuando el PSOE llegó por primera vez al gobierno con Felipe González, de la existencia de víctimas de la represión franquista. Un hecho que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, justificaba porque hasta ese año habría llegado "la incercia", dijo en una entrevista en Onda Cero, del régimen.

Arias-Salgado (Madrid, 1942), que entre otras ocupó la misma cartera de Presidencia, y que fue diputado de la UCD por Toledo las dos primeras legislaturas, asegura en declaraciones a este periódico que "no tiene ningún sentido parar en 1982". El que fue uno de los principales colaboradores de Suárez asegura que hay que "reparar" a "todas las víctimas", también, matiza, "a las de ETA y las de los GAL". 

Ignacio Bayón (Madrid, 1944), ministro de Industria y Energía entre 1980 y 1982, a caballo entre las presidencias de Suárez y de Leopoldo Calvo-Sotelo, asegura que la enmienda de socialistas y podemitas es "un disparate como un piano", además de "un error" por parte del PSOE, ya que, recuerda, "la Transición se hizo con el acuerdo de los socialistas".

Otero Novas, con Adolfo Suárez. EFE

José Manuel Otero Novas (Vigo, 1940) considera que es "una broma" carente de sentido. "¿A quién pretenden perseguir con eso? No conozco ningún crimen de lesa humanidad en esa época. Y en cualquier caso, sería una aplicación retroactiva de la Ley. Supongo que no querrán decir que una carga de la Policía es un crimen de lesa humanidad, han existido siempre", concluye el jurista y escritor, ex titular de Presidencia y Educación. 

Podemos, que inspira esa enmienda aceptada finalmente por el PSOE, considera que hay sucesos como el llamado caso Almería -en el que tres jóvenes fueron torturados y asesinados por miembros de la Guardia Civil en mayo de 1981-, o la muerte en Málaga de un joven durante una manifestación en favor del Estatuto de Andalucía en el 77, que justifican la enmienda.

En ella se establece una disposición adicional a la futura norma que mandataría al Gobierno a crear una "comisión técnica" con el encargo de hacer un estudio sobre los "supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia".

"Cenizas y brasas"

Los tres exministros de UCD, el partido que desapareció poco después tras su descalabro precisamente en las elecciones generales del 82 -en las que González logró la mayoría absoluta-, coinciden en señalar a José Luis Rodríguez Zapatero como el responsable de poner en marcha un "proceso de deslegitimación del pacto constitucional".

Este aserto de Arias-Salgado lo comparten, palabra arriba o abajo, sus correligionarios. "No se pueden remover las cenizas, porque debajo salen brasas", asevera Otero Novas, quien relata su vivencia personal bajo la dictadura: "Nunca fui partidario de Franco en vida, me hizo pasar por el Tribunal de Orden Público [el célebre TOP] pero parece mentira que sólo se hable de las barbaridades de un lado o de unos muertos en la cuneta, cuando si vas al aeropuerto de Barajas puedes pasar por Paracuellos [del Jarama] escenario de una de las peores matanzas de la Guerra Civil".

El primer gobierno Suárez. EFE

Para Arias-Salgado, "la recuperación de los cadáveres es un objetivo legítimo y necesario, y para eso el Estado debe poner los medios pertinentes. Pero esto no tiene nada que ver con un planteamiento político que quiere impugnar la Transición", concluye.

El que luego repitiese como ministro, en este caso de Fomento, en el primer Gobierno de José María Aznar, es el único de los tres antiguos dirigentes de la UCD que se muestra entusiasta con la propuesta de Pablo Casado de hacer una "Ley de Concordia" que derogue tanto la vigente Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007 por Zapatero, como la que pretende sacar adelante Pedro Sánchez.

"Es un magnífico compromiso de Casado", afirma, recordando además que en el referéndum de la Constitución, UCD definió la Carta Magna naciente como la de la "concordia". Por eso, afirma Arias-Salgado, "recuperar esa palabra es lo más acorde con el pacto de la Transición". 

Bayón, en cambio, considera sobre la norma comprometida por Casado que no es necesaria. "No hay que hacer la Transición de nuevo", argumenta. De manera parecida, Otero Novas afirma que una 'ley de la concordia' fue "lo que ya establecimos" al nacer la democracia.  

Defensa de Martín Villa

Como antiguos compañeros de partido y de gobierno de Rodolfo Martín Villa, los tres defienden su actuación en los gobiernos de la Transición, ahora que Podemos cree que se le podría hacer responsable penalmente de actuaciones represivas, en la línea del proceso abierto por la juez María Servini en Argentina.

Otero Novas opina que ni siquiera Martín Villa tendría que haber declarado ante una magistrada cuya actuación considera de "una frivolidad increíble". Sobre todo, teniendo en cuenta que "Martín Villa en 1976 no tenía ninguna responsabilidad sobre la Policía. Es una cosa pintoresca, él era ministro de Relaciones Sindicales. ¿Esta señora qué piensa, que los ministros llamaban a los policías y les ordenaban disparar?", se interroga de manera retórica.

Bayón califica de "dislate político y jurídico" el señalamiento del que fue su compañero de gabinete y Arias-Salgado ensalza a Martín Villa por haber llevado a cabo en aquellos años "una gran labor para ir configurando una policía democrática".

Arias-Salgado, que desde su escaño de parlamentario por Toledo votó a favor de la Ley de Amnistía en la histórica sesión plenaria del 15 de octubre de 1977, relata su "gratísimo recuerdo" de aquel debate, al que corresponde la fotografía que ilustra este reportaje, donde aparece en la segunda fila de la bancada de UCD. "Fíjese, todos los partidos de entonces partimos de la idea de reconciliación nacional planteada por el PCE en 1956. Toda la articulación de la Ley de Amnistía está basada en esa idea", concluye.