El PSOE asume la tesis de Podemos de que hubo franquismo hasta la llegada de Felipe González

Los de Ione Belarra llevan reivindicando desde hace años, bajo el liderazgo de Pablo Iglesias, que hubo víctimas de la dictadura más allá de la muerte de Franco en 1975 y del final de su régimen, con las primeras elecciones democráticas de 1977. E incluso después de la Constitución, refrendada por los españoles el 6 de diciembre de 1978. En concreto, hasta el final de 1982, cuando Felipe González llegó a La Moncloa tras ganar por mayoría absoluta.

Se trata de una filosofía que ha sido objeto de iniciativas parlamentarias en el pasado, cuando estaban en la oposicón, y que se plasma ahora en una de esas enmiendas conjuntas presentadas este miércoles por socialistas y podemitas a la norma que actualizaría la vigente Ley de Memoria Histórica, que el Ejecutivo negocia con socios como el PNV, ERC o Bildu.

En concreto, se añadiría una disposición adicional a la Ley que mandataría al Gobierno a, en el plazo de un año, crear una "comisión técnica" con el encargo de hacer un estudio sobre los "supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia". 

La tesis de Podemos, que asume el PSOE, se refiere a sucesos como el "caso Almería" en el que tres jóvenes fueron torturtados y asesinados por miembros de la Guardia Civil en mayo de 1981, o a la muerte en Málaga de un joven durante una manifestación en favor del Estatuto de Aandalucía, aunque este hecho ocurrió en el 77. Las treinta enmiendas de los dos partidos en el Gobierno hablan también de crear un Fiscal de sala especializado en los crímenes de la guerra civil y el franquismo, un censo que se ampliaría así a los que Podemos llama "víctimas de la transición". 

Ley de Amnistía 

En otra de las enmiendas, la más comentada, se habla de alterar la Ley de Aministía de 1977, uno de los hitos de la Transición que apoyó entonces con entusiasmo el Partido Comunista de España (PCE). El texto asegura que "todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescriptibles y no amnistiables". 

PSOE y Podemos evitan así hablar de la derogación de la Ley de Aministía -"no es la panacea" decía gráficamente el portavoz socialista, Héctor Gómez- pero no contentan a ERC, cuyo portavoz en Madrid, Gabriel Rufián, se apresuraba a convocar a la prensa para decir taxativamente que el Gobierno pretende así "engañar al personal". Sin embargo, Rufián evitaba el verbo derogar para referirse a la norma del 77 y hablaba, simplemente, de "cambiar" lo que considera un "error horrible" que tuvo lugar "hace cuarenta años". 

Por motivos radicalmente distintos, la enmienda de PSOE y Unidas Podemos merecía duras críticas de la oposición. La portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, acusaba a la izquierda de hacer "una enmienda a la totalidad a la Transición" y de tener un "afán por reescribir la historia". En declaraciones a EL ESPAÑOL, el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, coincidía en que la pretensión de la propuesta es "destruir" la Transición, y recordaba que en 1977 también se amistiaron a terroristas de ETA y a "presos políticos de Franco". 

La Ley de Memoria Democrática, que empezó a negociar la exvicepresidenta Carmen Calvo y que ahora pilota el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, tiene aún una larga tramitación por delante, pero es uno de los compromisos del acuerdo de Gobierno para esta legislatura.