Sánchez promete al PP una comisión para estudiar el cambio de la ley después de renovar el CGPJ

El PSOE ya está abierto a "abrir un marco de negociación" sobre la reforma de la ley del Poder Judicial, como reclama el Partido Popular. Así lo han confirmado fuentes cercanas al presidente del Gobierno a este periódico en la última semana. La condición de los socialistas pasa por pactar ese espacio de diálogo "con posterioridad a la renovación" del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pedro Sánchez se lo ha transmitido a sus negociadores, y éstos ya le han hecho llegar "el compromiso" a los enviados de Pablo Casado.

El cambio de posición de Moncloa es visible, a la vista del "rotundamente no" con el que contestaba hace apenas tres meses a esta posibilidad, tal como desveló este diario en exclusiva: "Nuestra posición es la de la ley vigente, no habrá cambios", confirmaba dos días después Félix Bolaños en la radio. Y el inmovilismo del PP, que reclamaba la tramitación de una ley en paralelo a la negociación, también se ha relajado.

Lo cierto es que ambas partes saben que el reloj corre en su contra. Y no sólo por los más de 1.000 días de interinidad de los vocales del actual CGPJ. Sino porque la Comisión Europea quiere que España esté en orden antes de que acabe el año, dado que en diciembre se van a tomar graves decisiones en Bruselas sobre el ataque de Polonia a la separación de poderes y la UE no quiere que uno de los grandes países de la Unión le dé una baza, siquiera dialéctica, al Gobierno populista de Varsovia.

El comisario de Justicia, Didier Reynders, ya le ha dejado claro al Gobierno qué es lo que quiere: "La renovación del CGPJ", atascada desde hace casi tres años, y el cambio de la ley que lo rige, para que los vocales jueces "sean elegidos por sus pares".

El reciente acuerdo que desbloqueó el resto de instituciones constitucionales que permanecían ancladas en la misma circunstancia ha "abierto la puerta", según fuentes del Gobierno, a que se pueda cumplir la indicación de Bruselas. El Tribunal Constitucional, el de Cuentas, el Defensor del Pueblo... la negativa del Partido Popular a abordar ninguna negociación sin el compromiso de Sánchez para "despolitizar la Justicia" había parado todo.

El presidente, dispuesto

Ambas partes, el entorno de Teodoro García Egea (PP) y el de Félix Bolaños y Héctor Gómez (PSOE), dicen confiar en que se cierre el acuerdo "para diciembre" y que ninguno de los dos salga derrotado en el relato: "Habrá una salida más que digna", asegura una de las fuentes negociadoras.

Esta semana, según ha podido saber EL ESPAÑOL de fuentes cercanas al presidente del Gobierno, ya hay un compromiso. Sánchez "se ha abierto a estudiar el cambio de la ley que proponga el PP". Eso sí, siempre en un escenario en el que antes se cerrara el pacto entre los dos grandes partidos para cerrar el cambio de vocales, según la normativa actual. 

Eso ya lo tiene. Pablo Casado siempre ha asegurado explícitamente que "este proceso ya está iniciado, y debe terminarse según la ley actual". Su exigencia se centra, después de cumplir con el mandato constitucional de renovar el CGPJ, en cumplir con el otro que, en su opinión, se vulneró con la ley vigente. Una posición reforzada, desde hace al menos dos años, por los informes sobre el Estado de derecho en España de la Comisión Europea [consúltelo aquí en PDF].

En 1985, el primer Gobierno socialista de Felipe González promulgó con su enorme mayoría absoluta de 202 diputados, la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que establece en su artículo 567.2) que "cada una de las Cámaras elegirá, por mayoría de tres quintos de sus miembros, a diez Vocales, cuatro entre juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio en su profesión y seis correspondientes al turno judicial".

Una redacción que forzaba la interpretación de la Constitución y que sólo aceptó el TC en su sentencia de un año después imponiéndole salvedades. Porque se corría el riesgo (como se ha visto) de que todo acabara en un reparto de cromos entre los dos grandes partidos.

Negociaciones y pactos

Según pudo saber este diario, desde la llegada de Casado a la presidencia del PP, su obsesión ha sido la de cumplir por fin con el compromiso incumplido de sus antecesores al frente del partido, e impulsar la despolitización del sistema de elección del CGPJ.

Con el PSOE se fueron acordando distintos mecanismos, pero ninguno terminó de consolidarse. Finalmente, Casado se cerró en banda -y se confesó "desconfiado" con las promesas del PSOE- y exigió la tramitación de su proposición de ley, que incluía también una reforma para la mayor independencia de la Fiscalía General del Estado, "otra salvedad que nos pone Bruselas en sus informes del Rule of law", recuerdan fuentes populares.

Algo se había avanzado en el último pacto por la Justicia del año 2001, cuando el ministro popular José María Michavila acordó con el luego ministro socialista Juan Fernando López Aguilar, que los 12 vocales jueces salieran de una lista preseleccionada por sus pares. Pero eso no satisfizo a la Comisión, que ahora exige tener cerrada la renovación (y al menos iniciada la reforma de la ley) antes de fin de año.

"Los nombres sobre la mesa"

Un eurodiputado, precisamente de la mayoría conservadora en la Eurocámara, recordaba hace pocas semanas a este diario que el Parlamento "impuso el año pasado la regla del Estado de derecho en la libración de fondos para el Plan de Recuperación".

Y en menos de un mes, el Consejo Europeo debe decidir sobre ello en los casos de Polonia y Hungría. A los socios europeos les costará poner negro sobre blanco una sanción de este calado a ambos gobiernos si el español sigue en falta.

A mediados de octubre, Pablo Casado recogió el guante lanzado tres semanas antes por el portavoz parlamentario del PSOE, Héctor Gómez, en estas páginas: "Dejemos a un lado de momento el CGPJ, y renovemos el resto de órganos". En menos de una semana hubo acuerdo.

"Desde entonces, se ha abierto la puerta y sigue habiendo conversaciones", explica uno de los negociadores a este diario. "La cosa avanza bien, aunque tiene ramificaciones y se tensará cuando pongamos los nombres sobre la mesa", apunta una fuente socialista. "Pero confiemos, el presidente está dispuesto a negociar y el PP ya lo sabe".