Bruselas presiona a PSOE y PP para cerrar "este mes" el nuevo CGPJ y la reforma de la ley para su elección

¿Por qué tanta prisa? Porque diciembre es un mes clave para presionar al Gobierno de Polonia, inmerso en un proceso de sanciones junto al de Hungría, del mismo signo ultraconservador y populista. Y no se puede abordar con credibilidad política si España se mantiene en falta.

Conviene este silencio en la prensa a ambas partes, PSOE y Partido Popular, para seguir las negociaciones en discreción. Pero, según ha podido saber este periódico de altos funcionarios europeos, la Comisión no deja de presionar, y el último mensaje enviado a Moncloa ha sido el siguiente: en noviembre tiene que quedar solventado.

Es urgente porque "si queremos presionar a Polonia, no se les puede dar la baza de que otro gran país europeo se mantiene fuera de los estándares europeos".

"Es inadmisible"

El Gobierno ha recibido las presiones del entorno del comisario de Justicia con recelo. Recientemente, un ministro comentaba, en conversación privada con este periódico, que "es inadmisible que se equipare a España con un gobierno como el polaco que, efectivamente, está atacando el Estado de derecho y saltándose todo el ordenamiento de los Tratados".

Didier Reynders, comisario de Justicia de la UE. CE

Y de hecho, el titular de la cartera en Bruselas, el liberal Didier Reynders, admite que ambos casos no son, ni por asomo, asemejables. De ahí que las fuentes del Gobierno español nieguen haber recibido ningún ultimátum. Sin embargo, el argumento que está utilizando Varsovia tiene visos de verosimilitud, cuando ya van dos años seguidos en los que el informe sobre el cumplimiento en España del Rule of law [consúltelo aquí en PDF] ha mandado serios avisos.

La Comisión Europea está preocupada por "la sensación de politización del gobierno de los jueces" por dos razones: no se renueva el Consejo, "caducado desde hace ya tres años", y el sistema que marca la ley de 1985 "no cumple los estándares europeos".

Las tres instituciones de la Unión Europea están comprometidas en el mismo sentido.

La "diplomacia" de la UE

Un eurodiputado, precisamente de la mayoría conservadora en la Eurocámara, recordaba esta semana que el Parlamento "impuso el año pasado la regla del Estado de derecho en la libración de fondos para el Plan de Recuperación".

El propio titular de Justicia en la Comisión se reunió hace unas semanas con las asociaciones judiciales españolas y les dio la razón. "Las fuerzas políticas españolas no deben dilatar más el acuerdo para renovar los vocales del CGPJ", dijo Reynders antes de añadir, "además de abordar conversaciones para reformar el sistema de elección y que los vocales jueces sean elegidos por sus pares".

Y, finalmente, el próximo diciembre será el Consejo, que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno, el que tomará una postura conjunta -de los Veinticinco que no son Polonia ni Hungría-. Fuentes cercanas al Ejecutivo español admiten que es de esperar un pronunciamiento sobre la independencia judicial y los procesos pendientes. Y eso quiere decir, en lenguaje diplomático europeo, que ya se están negociando los términos del párrafo.

Al resto de aliados europeos les costará poner negro sobre blanco que Varsovia y Budapest están en grave falta si Madrid mantiene sus deficiencias. Y las presiones son poderosas.

Ya ocurrió hace ahora un año, cuando Pedro Sánchez hubo de "congelar" su reforma de la ley del CGPJ, porque ésta iba en el sentido frontalmente opuesto al que marca la Comisión: para saltarse "el bloqueo del PP", las fuerzas del Ejecutivo de coalición -PSOE y Unidas Podemos- habían registrado una proposición de ley que rebajaba las mayorías necesarias en el Parlamento y que, según Bruselas, politizaba aún más el gobierno de la Justicia española.

Pedro Sánchez y Carmen Calvo escuchan la intervención de Pablo Casado en el Congreso de los Diputados. Efe

En el lenguaje diplomático europeo "hay tres pasos", explica a EL ESPAÑOL, un alto cargo en Bruselas desde hace décadas. "Primero, te llaman; luego, un portavoz de la Comisión lanza un aviso, en un comentario inesperado que convierte una anodina rueda de prensa en titulares; y finalmente, si no atiendes esos dos avisos, el comisario del ramo saca el descabello".

¿Y dónde estamos? "Entre el paso dos y el tres".

Hace un año, efectivamente, hubo una llamada desde los despachos de la Comisión a Moncloa. Y Sánchez aprovechó el duro discurso de Pablo Casado en la moción de censura presentada por Vox para, en su réplica, anunciar la paralización de la reforma como una respuesta "esperanzada en que el PP demuestre con hechos este nuevo talante".  

Pasado un año, aquello se puede interpretar hoy como un teatrillo. Y es que algo muy parecido ocurrió hace 15 días, con el mismo pleno del Congreso como escenario. El líder de la oposición dejó pasar tres semanas desde y se subió a la oferta que el nuevo portavoz parlamentario del PSOE, Héctor Gómez, lanzó en estas páginas: "Dejemos a un lado de momento el CGPJ, y renovemos el resto de órganos".

Tras una respuesta forzadamente reticente de Sánchez, esa misma tarde se reunieron Félix Bolaños y Teodoro García Egea. Y en menos de una semana hubo acuerdo.

Entendimiento en Bruselas

Los avisos han llegado en ruedas de prensa, en los informes del Rule of law, y en las declaraciones de Reynders tras su cita con las asociaciones judiciales el pasado 20 de septiembre. 

Moncloa es consciente de que ya no se puede dilatar más la solución. Y en Génova reciben mensajes en el mismo sentido de sus funcionarios en Bruselas.

Los contactos entre ambas partes, en los pasillos de las instituciones europeas, son fluidos. Ayuda que el presidente de la Comisión de Libertades del Parlamento Europeo (LIBE) sea el exministro de Justicia socialista Juan Fernando López Aguilar, artífice del último pacto entre los dos grandes partidos junto a José María Michavila en el año 2000, cuando gobernaba el PP.

López Aguilar ha multiplicado sus contactos con todos los actores potencialmente influyentes. Además de con Reynders, con la comisaria de Relaciones Interinstitucionales, Vera Jourova. También con interlocutores del PP como Javier Zarzalejos , compañero en LIBE. Y todo para frenar el "uso contraproducente de España en los debates sobre Estado de derecho e independencia judicial".

La negociación en Madrid se ha ralentizado desde que, hace una semana, el secretario general popular, García Egea, fue padre por tercera vez. Pero ambas partes saben que noviembre es el mes en el que hay que dejarlo todo sellado: el PP deberá "desbloquear" y el PSOE olvidarse del "rotundamente no" a cambiar el sistema de elección, que ha venido sosteniendo. 

Porque el mismo 2 de diciembre, la Justicia europea dará a conocer el primer dictamen sobre los recursos de Polonia y Hungría contra la salvaguarda que introdujo el Parlamento Europeo: no habrá fondos de recuperación para el país que no cumpla los estándares del Estado de Derecho. La iniciativa fue del Partido Popular Europeo, mientras que el ponente fue el socialista López Aguilar en su comisión LIBE... es decir, que están de acuerdo y cuando quieren, se entienden.