Cinco presidentes del PSOE piden a Sánchez que la financiación autonómica "no pague embajadas"

Los equipos de Hacienda y Presidencia de estos ocho gobiernos autonómicos llevan ya unas semanas preparando un "documento político". En él recogerán las reivindicaciones comunes de esta España vaciada, y EL ESPAÑOL ha tenido acceso a algunos de los puntos ya consensuados.

Galicia, Castilla-La Mancha, Asturias, Castilla y León, La Rioja, Aragón, Cantabria y Extremadura (estas dos últimas, recién incorporadas) coinciden, entre otras cosas, en que el nuevo modelo de financiación "debe atender al Estado del bienestar, no a la creación de embajadas autonómicas o de policías autonómicas o conceptos similares".

Y por supuesto, en que "el coste efectivo y real de lo que cuesta el servicio [debe ser] el principal criterio que debe primar a la hora de reformar el modelo, no sólo, ni principalmente, el de la población". 

La cita llega justo a tiempo de ejercer presión sobre el Ministerio de Hacienda. La titular, María Jesús Montero, se comprometió a presentar antes del fin del mes de noviembre un borrador con su propuesta para la reforma de la financiación autonómica.

Según apunta el portavoz de uno de estos presidentes, en conversación con este diario, "la política nacional tiene que ser coherente, y aquí los hechos se miden en dinero, nada más".

Mensajes contradictorios

En la última semana, Hacienda ha mandado mensajes contradictorios. Se ha comprometido a la vez con los líderes de la España vaciada a privilegiar sus reivindicaciones, por un lado, y con los "infrafinanciados" valencianos y andaluces a que sea la población la que prime.

El actual modelo data de 2008 y caducó en 2014. El Gobierno de Mariano Rajoy tenía previsto abordar su renovación, ya superada la crisis financiera, cuando fue descabalgado por la moción de censura de Pedro Sánchez, el 1 de junio de 2018.

Ximo Puig y Emiliano García Page. Efe

A la reunión de Santiago acudirán cinco representantes socialistas, dos populares y un regionalista. El anfitrión recibirá, pues, en la capital gallega a Emiliano García Page (PSOE), Adrián Barbón (PSOE), Miguel Ángel Revilla (PRC), Alfonso Fernández Mañueco (PP), Concha Andréu (PSOE), Javier Lambán (PSOE) y a Guillermo Fernández Vara (PSOE).

Desde el inicio, el sistema de reparto vigente en la actualidad, organizado en la anterior etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, dejó insatisfechas a todas las regiones, pero especialmente a las más pobladas. Mayormente, la Comunidad Valenciana y Andalucía, que han organizado su propio "frente mediterráneo", junto a la Región de Murcia.

¿Reto demográfico?

Pero en los últimos años, el coste de los servicios del Estado del bienestar en los territorios más despoblados ha ganado peso. No sólo en el debate político, sino en la traslación real a la economía del día a día, en pleno proceso de digitalización y transición ecológica.

Y ésa es la fuerza que quieren ejercer estos ocho presidentes: "A ver si es verdad que se toman en serio el nombre del Ministerio de Teresa Ribera, el reto demográfico", explica a este diario el portavoz de uno de estos líderes regionales. 

Es clave la presencia de Fernández Vara, que no acudió a la misma cumbre de la que salió la Declaración de Zaragoza, el 10 de septiembre de 2018. Porque el líder extremeño es, a la vez, el secretario de Política Autonómica del PSOE, desde el último congreso socialista. Sánchez forzó un cambio de estatutos del partido para que un presidente autonómico en ejercicio pudiera entrar en la Ejecutiva. Una decisión sensible, teniendo en cuenta que Vara formó parte de los susanistas que lo enfrentaron en las primarias de 2017.

El cometido del presidente extremeño dentro de la dirección federal del PSOE será, según confesaron entonces las fuentes internas de la formación, poner en fila a los barones, para empezar, en el nuevo modelo de financiación autonómica. La idea de Sánchez es que, si no hay una posición común dentro del PSOE, que al menos no haya guerra interna.

Población y/o territorio

Son varios los puntos que ya se han acordado entre las ocho delegaciones, a los que ha tenido acceso este periódico horas antes de que se hagan públicos. Según una fuente interna que forma parte de las conversaciones preparatorias, "son principios muy básicos", pero lo cierto es que abordan de frente el problema que afrontan estas regiones.

"Somos menos de un tercio de la población, pero suponemos casi dos tercios del territorio", apunta el citado portavoz. "Y parece que sólo se acuerdan de la despoblación con la emergencia de Teruel Existe o de la plataforma ésa de España Vaciada que aspira a 15 escaños en las próximas elecciones generales".

Page (CLM), Fernández (Ast), Lambán (Ara), Feijóo (Gal), Ceniceros (La Rioja) y Herrera (CyL) firman la 'Declaración de Zaragoza'. Efe

Según lo acordado entre las ocho delegaciones, el documento que firmarán los presidentes recuerda que las CCAA prestan "los servicios esenciales para el Estado del bienestar" y que ése es un "gasto creciente que atiende una demanda cada vez mayor por parte de la ciudadanía". 

Por eso, se entiende que "todas las autonomías tienen un déficit en su financiación", lo cual alimenta el argumento de Hacienda de que este nuevo modelo deberá acompañarse de la reforma fiscal que el Gobierno quiere empezar a abordar en primavera. La propia Montero ya ha dicho que "hacen falta más recursos", es decir, más ingresos, o sea, más impuestos... "y una cosa no se puede hacer sin la otra".

Otro punto del texto ya pactado asegura que "las CCAA que nos reunimos en Santiago queremos garantizar la suficiencia financiera para poder prestar en condiciones de razonable igualdad los grandes servicios públicos esenciales".

Pero no reclaman sólo para ellas, sino que ponen en cuestión toda la estructura del modelo actual para que haya más fondos a repartir para todas: "Si queremos garantizar la suficiencia financiera del Estado del bienestar, las CCAA debemos representar más del 28% del gasto público total que suponemos ahora. Y ese esfuerzo lo debe hacer el Estado".

Eso sí, los ocho presidentes concluyen que sus circunstancias son las que deben servir de base para la modelización del cálculo. Y lo argumentan asegurando que "el coste real de servicios como la Sanidad o la educación es mayor en territorios muy extensos, poco poblados, con población envejecida y dificultades orográficas que en otros con mucha más población articulada en grandes núcleos urbanos".