El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, implantó una nueva política penitenciaria a su llegada al departamento, de la mano de su secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz.
Una orden de servicio aprobada por el Ministerio el 7 de enero de 2020, llamada Programa de productividad vinculado al rendimiento y la calidad del servicio para el personal de los centros penitenciarios, pasó a vincular los pluses de productividad a la consecución de la mayor cantidad de excarcelaciones posibles, por la vía de impulsar la concesión de terceros grados.
Desde entonces, el Ministerio del Interior ha pagado 393.676,01 euros a sus directores de centros penitenciarios y otros funcionarios con responsabilidades en este campo.
Pagos de pluses por parte del Ministerio del Interior a cambio de aumentar las excarcelaciones de presos.
La información, procedente de los datos oficiales del Ministerio y a la que ha tenido acceso este periódico, significa que Marlaska ha pagado casi 720 euros al día entre enero de 2020 y junio de 2021 -último mes contabilizado- para fomentar la salida de prisión de reclusos.
"Ahora conocemos con datos lo que paga Marlaska por poner a delincuentes en la calle", lamenta Ana María Vázquez, diputada del Partido Popular. "Es una vergüenza que se pague por excarcelar a criminales y no por defender a los funcionarios de prisiones de las agresiones que sufren cada día".
La diputada del PP Ana Vázquez en su última pregunta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Fue una iniciativa de la portavoz del PP en temas de Interior la que ha conseguido que Interior revele estas estadísticas, que Vázquez califica de "nauseabundas". Hace apenas un mes, presentó una batería de preguntas escritas a través del registro del Congreso de los Diputados.
En ellas, Vázquez, su compañero Javier Merino y la portavoz del PP, Cuca Gamarra, exigían datos sobre este programa de excarcelación de presos a cambio de dinero.
Seis liberados al día
El director de Prisiones, Ángel Luis Ortiz, es un amigo de Marlaska procedente de sus años en la carrera judicial. Fue él quien implantó esta filosofía, concebida en torno a que el sistema de prisiones español es "tremendamente duro" en comparación con otros países de nuestro entorno. Así lo calificó él mismo públicamente en la última edición de los cursos de verano de la Universidad Complutense.
La idea consiste en que a más excarcelaciones, más sueldo. El Ministerio del Interior paga este plus de productividad a los directores de cárceles por conceder la principal medida de semilibertad a la población penitenciaria.
De hecho, desde la llegada del ministro a la cartera, tras la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy en el primer Gobierno de Pedro Sánchez, son 4.438 los penados a los que se ha sacado de prisión por esta vía.
O lo que es lo mismo, cuatro reclusos al día, incluyendo sábados, domingos, fiestas y vacaciones. Descontando las jornadas inhábiles, son casi seis reclusos liberados al día en España desde la llegada del exjuez a Interior.
Unos niños en una concentración en recuerdo del menor asesinado en Lardero (La Rioja).
Este periódico ya informó de esta "insólita política" el pasado 30 de octubre, en los días posteriores al estallido del escándalo del asesinato del pequeño Alex en Lardero (La Rioja) por un polidelincuente que estaba en libertad condicional como producto de un tercer grado concedido por Instituciones Penitenciarias en contra del dictamen de la junta de tratamiento de la prisión.
Francisco Javier Almeida, con antecedentes por violencia de género y violación, fue detenido rápidamente como el presunto autor del asesinato del menor, al que confundió con una chica porque iba disfrazado de "la niña del Exorcista".
"Buenismo que cuesta vidas"
Vázquez lamenta que "la política penitenciaria del buenismo que practica Marlaska ya cuesta vidas, como hemos visto con el niño de Lardero". Para la portavoz popular de Interior, "ésta no es la seguridad que con sus impuestos pagan los españoles, los españoles no quieren esa productividad que cuesta vidas".
Según un escrito de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias al que tuvo entonces acceso este periódico, los incentivos económicos pueden ascender hasta los 2.000 euros anuales. El tercer grado penitenciario es, además, el requisito previo para que luego un juez pueda conceder, como también ocurrió en el caso del crimen de Lardero, la libertad condicional. Precisamente, lo que ocurrió en el caso del reo reincidente de Lardero.
El acusado ahora enfrenta una posible condena a prisión permanente revisable, una pena que el PSOE prometió derogar cuando la incluyó el Gobierno del Partido Popular.
Después de recurrirla ante el Tribunal Constitucional y de que éste avalara que este tipo de condena cumple con los requisitos y objetivos que marca la Carta Magna, el actual Ejecutivo socialista ha olvidado la polémica. De hecho, el propio ministro Marlaska se ha visto obligado a reconocer que ya no tiene "intención de derogarla", ahora que el TC se ha pronunciado.
"Resulta nauseabundo ver que la política penitenciaria de Marlaska está basada en un sistema de incentivos a la excarcelación", reseña Vázquez, "y por la innoble vía de ofrecer estímulos económicos, sin pensar que hay personas incompatibles con la libertad, que no deben pisar la calle".