El comisario de Justicia de la UE promete supervisar "personalmente" el caso del niño de Canet

Y más concretamente, el caso del menor de cinco años de Canet de Mar, acosado junto a sus padres por reclamar su derecho a recibir al menos el 25% de su enseñanza en castellano en la escuela Turó del Drac de la población barcelonesa.

Cuando en el verano de 2019, se constituyó la actual Comisión Europea, el liberal belga Reynders fue designado como comisario de Justicia. El ex viceprimer ministro y miembro del Gobierno de Bélgica ininterrumpidamente desde 1999 abrió su cartera y se encontró un catálogo de 13 responsabilidades en su mandato.

Entre ellas, la primera, "garantizar el respeto del Estado de derecho, incluido el Mecanismo Europeo de Estado de Derecho". Y más concretamente, la tercera, "prevenir e identificar las infracciones al Estado de derecho, apoyando la resolución temprana de los problemas y proponiendo una respuesta eficaz, proporcionada y disuasoria como último recurso".

La reunión la pidió hace dos semanas Bauzá, a instancias de la cúpula de SCC, "preocupada" por la inacción del Gobierno español ante el reciente fallo del Tribunal Supremo, que ratificaba la sentencia del Superior de Justicia de Cataluña, en defensa de la convivencia de las dos lenguas cooficiales en Cataluña. Un caso que ha adquirido emergencia absoluta ante el acoso que sufre el niño de Canet. Según ha podido saber este diario, Reynders se mostró especialmente preocupado por la posible vulneración de los derechos del menor.

El eurodiputado liberal explicó al comisario el caso de la familia del niño de 5 años hostigada por el independentismo, "con la mirada cómplice de Pedro Sánchez", se suma a otros muchos que se han producido en los últimos años contra quienes quieren ejercer el derecho a utilizar el español. Por ello, Bauzá y SCC reclamaron al guardián de la Justicia y el Estado de derecho en Europa que la Comisión defienda los derechos básicos de estos ciudadanos porque están siendo vulnerados.

El europarlamentario de Cs mantiene una estrecha relación con esta organización que combate la imposición de políticas nacionalistas. De hecho, Bauzá destacó por sus políticas lingüísticas cuando fue presidente del Gobierno de las Islas Baleares (cuando todavía era un liberal dentro del Partido Popular) y promulgó leyes que lograron frenar el avance de las políticas de inmersión pancatalanistas, después derogadas por el Ejecutivo de la socialista Francina Armengol.

"El gobierno de Armengol con los nacionalistas intenta continuamente implementar su agenda catalanista", recordó el expresidente autonómico. "La nueva ley de educación balear pactada con los nacionalistas o los nuevos requisitos de catalán para trabajar en la administración pública son ejemplos muy claros".

Cita urgente y exigencias

A pesar de su obligación de imparcialidad por ser parte del colegio de comisarios, Reynders forma parte también de la familia liberal en la que está integrada Ciudadanos, en el grupo Renew. La "preocupación" del comisario, unida a la buena relación entre Reynders y Bauzá, sin duda, contribuyó a que se celebrara con celeridad una cita en la que se le explicó la "grave vulneración de derechos en Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana por querer hablar y estudiar en español".

Según pudo averiguar este diario, Bauzá le hizo hincapié a Reynders en su "insólita" condición de haber sido "el único presidente autonómico de la historia de España que ha legislado en favor de la libertad del uso del español y en contra de la imposición nacionalista del catalán en la educación y en las administraciones públicas". Y le exigió que cumpliera los puntos 1 y 3 de las responsabilidades de su cargo. 

Es decir, garantizar el respeto al Estado de derecho en España, prevenir las infracciones e impulsar soluciones tempranas y eficaces. No sólo en el caso Canet, en el que "se llega al extremo de señalar a un niño pequeño y su familia", sino en el seguimiento del cumplimiento de las recientes sentencias. "Ni el Gobierno de España ni la Generalitat hacen nada por garantizar los derechos más básicos", explica Bauzá, en conversación con este diario.

Inmovilismo en Moncloa

De hecho, ante el fallo del Supremo, Moncloa se mostró inmovilista. La propia ministra de Educación, Pilar Alegría, se negó a impulsar la ejecución de la sentencia y el conseller catalán envió una carta instando a la "desobediencia" a los directores de los colegios.

"Denunciamos en Europa la persecución lingüística que muchos ciudadanos españoles sufren diariamente. La Comisión Europea debe conocer de primera mano las políticas injustas y discriminatorias de los independentistas, no sólo en Cataluña, que buscan discriminar, desplazar y señalar a una parte de los ciudadanos", reveló Bauzá junto a Fernando Sánchez Costa, presidente de SCC, a la salida.

"La ciudadanía espera que Europa tome cartas en el asunto para defender el Estado de derecho, la igualdad ante la ley, como lo hace en otros Estados miembros", reivindica el eurodiputado. "Le hemos exigido a Reynders que se solidarice con la familia afectada, e inste a las autoridades españolas y autonómicas a respetar los derechos que reconocen a todos sus ciudadanos la Constitución Española y la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE".

A partir de ahora, Ciudadanos reclamará a Bruselas que "considere todos los mecanismos a disposición de la Comisión Europea para velar por los valores de la Unión" si persisten estos ataques contra los derechos fundamentales de los ciudadanos españoles. De hecho, tal como informaba EL ESPAÑOL este viernes la también eurodiputada liberal Maite Pagazaurtundua ha informado a la Comisión sobre este caso flagrante de "vulneración de derechos civiles". 

Ello podría provocar que Bruselas amoneste a España, como hizo antes con los gobiernos de Hungría y Polonia por la vulneración de los derechos del colectivo LGTBI.

"Hay alternativas al nacionalismo y sus pactos con los socialistas, que buscan acabar con los derechos lingüísticos de muchos ciudadanos catalanes, baleares y valencianos", apuntó Bauzá. "Los ciudadanos tienen derecho a que sus hijos sean educados en español o en catalán; y en ambos casos, contar con las mismas oportunidades laborales".