España verá plasmadas en 2022 dos leyes de gran carga ideológica: la de Educación (también conocida como Ley Celaá) y la de Memoria Democrática. Dos normas polémicas que supondrán que los alumnos de Primaria y ESO podrán pasar de curso con suspensos y que Francisco Franco, casi cincuenta años después de muerto, estará más presente que nunca en las aulas y en la política -al menos, desde la Transición-.
El Gobierno de España ha aprovechado este 2021 para dejar el terreno labrado para el cambio de paradigma educativo, que llegó con la propuesta de la ley Celaá al inicio de la legislatura. Ésta se ha ido concretando mes a mes, conforme se conocían nuevas claves de la reforma, tales como poder pasar de curso con suspensos o eliminar la asignatura de Filosofía durante la ESO para dar más importancia a la "perspectiva de género".
También se ha ido elaborando una Ley de Memoria Democrática al gusto del PSOE y de Unidas Podemos, así como de sus socios separatistas, que extenderá los "crímenes de lesa humanidad, genocidio y tortura" del franquismo hasta 1982. Esto es, cuando -consumada la Transición a la Democracia- el socialista Felipe González llegó a Moncloa. Entre otras medidas polémicas.
Pero los resultados de estas dos leyes no se verán reflejados hasta este año que se empieza a abrir camino, en el cual se implementarán en su totalidad. EL ESPAÑOL resume su contenido para que los lectores se hagan cargo de hasta qué punto cambiarán el panorama social, político y educativo.
Ley Celaá
La norma estrella en materia educativa del Gobierno debe el nombre a su principal impulsora, la ex ministra de Educación, Isabel Celaá. La ley se puso en marcha el pasado 19 de enero, veinte días después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero los cambios que incorpora se han empezado a notar ahora, con el inicio del curso, aunque se notarán con más intensidad en 2022.
Aunque Isabel Celaá dejó la cartera a Pilar Alegría, que llegó a Educación con un perfil mucho más discreto y con la tarea de reunirse con las autonomías para pactar cambios tan sustanciales como el currículum en todas las áreas educativas, los planes siguen siendo los mismos. La ley Celaá sigue más viva que nunca.
La ministra de Educación, Pilar Alegría.
Entre sus cambios más llamativos, traerá a las aulas las matemáticas con perspectiva de género, los alumnos pasarán de curso con suspensos y, por último, se eliminará la asignaturas de Filosofía en la ESO.
Su lugar será ocupado por Educación en Valores Cívicos y Éticos. Ésta fijará entre los saberes básicos el pensamiento crítico y ético; la educación afectivo-sexual; el significado de "bueno" y "malo"; la influencia de los medios y las redes de comunicación, la prevención del abuso y el ciberacoso, y las conductas adictivas; los derechos humanos; o la empatía, el cuidado y el aprecio con respecto a los seres vivos y el medio natural, entre otros. Todo ello, regado con "perspectiva de género".
Esa perspectiva de género continuará en la ESO. El objetivo del Ministerio de Educación es formar al alumno de forma transversal en materias de "salud afectivo-sexual", igualdad entre hombres y mujeres, sostenibilidad y autonomía. Se pretende impulsar clases dedicadas a que los jóvenes emprendan y tengan capacidades de "disciplina".
Entre los cambios más importantes está el valor a la segunda lengua (los colegios bilingües podrán tener pruebas de acceso específico), la eliminación de la asignatura de Religión (ahora los alumnos que no quieran cursarla podrán reforzar competencias "transversales" con proyectos "interdisciplinares"), cuya nota no contará para el expediente.
Los profesores se han sublevado hacia el que consideran el peor cambio de todo el CV de la ESO: eliminar la asignatura de Religión de cuarto curso. Pese al que en el 2018 todos los partidos aprobaron en el Congreso cambiar Ética por Filosofía, la asignatura ha sido suprimida del todo. Con el cambio, los alumnos de 12 y 16 años tendrá nuevas materias más prácticas (Orientación Profesional, Servicio a la Comunidad, Modelos de Negocio, Coro y Valores Cívicos, entre otras). La solución de algunas CCAA es ofertarla como optativa, pero el cambio es sustancial.
Sin repetir curso
No sólo cambia el contenido de los cursos. También la forma de enfrentarse a ellos. El Real Decreto que regula la evolución y la promoción de curso en primaria, secundaria y bachillerato ha planteado que los alumnos no podrán repetir sólo basándose en el número de suspensos sino que la decisión de si pasa de curso o no deberá de ser del equipo docente. Es decir, que un alumno con suspensos podrá pasar de curso si sus profesores dicen que puede.
Lo que Pilar Alegría pretende conseguir es reducir el número de repetidores que tiene España y que es uno de los más altos de todo el entorno Europeo. De hecho, aunque su medida fue muy criticada por los docentes del país y la oposición, la Unión Europea avaló su puesta en marcha.
A efectos prácticos, con la nueva ley los alumnos podrá pasar de primero a segundo de bachillerato con un máximo de dos suspensos que deberá repetir al año siguiente. En el caso de Primaria no precisarán repetir la asignatura, sino que el profesor "realizará informes con aspectos que se deberán reforzar al ciclo siguiente". Lo mismo ocurrirá en la ESO.
Además, y en el caso de que se apruebe la repetición de curso, esto solo podrá ocurrir una vez en Primaria y dos en la ESO y Bachillerato (antes en esta etapa se podía repetir 3 veces). De esta forma, los alumnos podrán hacer Bachillerato en tres cursos y llegar con un suspenso a la selectividad.
Oposición
Pero a la Ley Celaá todavía le queda camino por recorrer, pues su implantación es muy larga. Por eso, y según la oposición, no tiene futuro. El líder del PP, Pablo Casado, ha adelantado que cuando lleguen al Gobierno la derogarán o sustituirán. Algo que podría suceder en 2023, cuando se celebran las próximas elecciones generales.
En este sentido, los populares ya han ido trabajando en la sombra. Y es que hay partes de la Ley Celaá que se pusieron en marcha desde el minuto uno y otras que las autonomías gobernadas por el Partido Popular (como la Comunidad de Madrid) ya han paralizado. Por ejemplo, los protocolos de admisión de alumnos.
Uno de los aspectos que más preocupa a la oposición es que la norma plantea acabar con la Alta Inspección, de modo que las CCAA podrán nombrar a dedo a inspectores de educación. Una medida que podría tener graves consecuencias en Cataluña, donde la Generalitat pretende aumentar los controles en los colegios para imponer el cumplimiento de la inmersión lingüística, pese a las sentencias del Tribunal Superior de Justicia que indican que con ésta -la inmersión- no se cumple el 25% de horas lectivas en español reglamentarias.
Memoria Democrática
La Ley de Memoria Democrática, que empezó a negociar la exvicepresidenta Carmen Calvo y que ahora pilota el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, tiene aún una larga tramitación por delante, pero es uno de los compromisos del acuerdo de Gobierno para esta legislatura. Viene a sustituir a la memoria histórica impulsada por el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en 2007, y verá finalmente la luz en 2022.
La norma que impulsa el Gobierno de España, junto a sus socios separatistas, plantea la reconversión del Valle de los Caídos en un cementerio civil, la creación de comisiones autonómicas para la exhumación de fosas comunes o un nuevo marco educativo en las escuelas con respecto al estudio de la Guerra Civil y el franquismo entre otras medidas. Entre otras medidas polémicas.
Esta ley, además, define en su texto la exaltación del franquismo como un delito de odio, aunque esto todavía está a la espera de ser ratificado por el poder judicial. Además, pretende invalidar las sentencias y condenas ejercidas por tribunales franquistas posteriores a 1936.
Esto, a pesar de que el Tribunal Supremo ha reiterado en una reciente sentencia de casación que la jurisdicción penal española no puede revisar lo acontecido durante la Guerra Civil y la posguerra. Y delega, en todo caso, esa tarea en los historiadores e investigadores. También señala que hay instituciones penales básicas en un Estado de derecho, tales como la muerte, prescripción y amnistía del presunto sospechoso de los hechos denunciados que cierran esa vía.
Ley de Aministía
Tampoco está claro cómo afectará la Ley de Memoria Democrática a la Ley de Amnistía de 1977. Ni siquiera lo tienen muy claro los miembros del Gobierno: mientras el PSOE defiende que el proyecto de ley que se tramita en el Congreso no supondrá "ningún cambio" en la legislación actual, desde Unidas Podemos creen que el texto cierra la puerta a que la "derecha postfranquista de la judicatura" rechace investigar los crímenes del franquismo.
Es por eso que el líder de la oposición, Pablo Casado, ha calificado la norma como "un intento de arrojar sombras sobre nuestra democracia, es también un intento de cuestionar el fundamento del proyecto europeo mismo, que es la reconciliación y la concordia entre europeos".
Desde Ciudadanos, Guillermo Díaz ha criticado a los socialistas y podemitas por "cazafantasmas" y "antifranquistas de ouija",ya que la Ley de Memoria Democrática va a "enmendar la plana" a "los que sí se la jugaron contra Franco bendijeron la Transición [en referencia al PCE, por ejemplo]", extendiendo de facto el franquismo hasta el 1982.
PSOE y Unidas Podemos no aceptaron la enmienda de los liberales a la norma, que proponía mecanismos y multas para actuar contra los homenajes a etarras, estableciendo todo un paquete de medidas para la reparación de las víctimas y conservar su memoria. Fue rechazada para aceptar las de EH Bildu y ERC.
La Ley de Memoria Democrática extenderá los "crímenes del franquismo" hasta 1982, perseguirá la apología del franquismo como delito de odio y, paradójicamente, devolverá a Francisco Franco al epicentro del debate político. No habrá mención alguna, por otro lado, a la banda terrorista ETA ni a sus 379 crímenes por resolver.