La cesión de los interventores municipales traerá más corrupción, lo explican Bal y Suárez

Eloy Suárez (Tudela, 1962) dio un bote en la silla cuando leyó las disposiciones finales de la Ley de Presupuestos. El Gobierno había entregado al País Vasco el control de tesoreros, secretarios e interventores; el llamado cuerpo de habilitados nacionales que vela por el cumplimiento del orden jurídico, sobre todo en términos financieros, en los Ayuntamientos y las Diputaciones. El cortafuegos frente a la corrupción.

Suárez se sobresaltó porque, antes de ejercer la política, trabajó 21 años como secretario e interventor. Sacó su plaza –es una oposición de las duras– en 1989. PP y Ciudadanos no tuvieron margen de maniobra. No pudieron frenarlo ni apenas discutirlo. PSOE y Podemos hicieron propia la reivindicación del PNV. Al no tratarse de una enmienda, no se votó por separado.

Ahí estaba la clave de la maniobra de Moncloa: un todo o nada. Un "estos son los Presupuestos Generales del Estado". La transferencia de este cuerpo decano de funcionarios se consumaba "con calzador y por la puerta de atrás", "con una ley que nada tiene que ver".

Para poner de relieve la "valía" de este cuerpo, que nació por primera vez con la Constitución liberal de Cádiz, Suárez elige un ejemplo gráfico: "La corrupción ha sido mucho más frecuente en las Comunidades Autónomas que en los Ayuntamientos. Porque los interventores municipales dependen del Estado; y los autonómicos, los ponen a dedo las Comunidades".

Dicho de otro modo: el secretario del Ayuntamiento ejerce una especie de contrapoder. Un control que evita, por ejemplo, los desmanes urbanísticos y medioambientales.

"Este es de los nuestros"

"Tengo una máxima que creo que puede contrastarse con la experiencia. Cuanto más se aproxima el control al territorio, más riesgo de corrupción. Si el alcalde de una ciudad está hasta las narices de un interventor, tendrá mucho más fácil ir a la Comunidad autónoma, al líder de su partido allí, a pedirle que dé un toque al funcionario. Ahora eso no ocurre porque los funcionarios dependen del Estado y ese cauce es mucho más complicado", relata Suárez en una conversación con EL ESPAÑOL. Tras los Presupuestos, el País Vasco sí tendrá ese control.

Las guerras de los políticos contra los secretarios e interventores de sus Ayuntamientos son numerosas. Podría decirse, incluso, que forman parte del costumbrismo español. "Un compañero, y conozco varios casos, tuvo un alcalde que decidió hacerle la vida imposible. Le convirtió en el enemigo público número uno. Le aislaron, ¡le dejaron sin ordenador! No sometían los expedientes de los plenos a su control y él, claro, decía que todos eran ilegales. Intentaron expedientarle, pero no lo consiguieron. ¿Por qué? Porque tenía el respaldo de la Administración central", cuenta Suárez.

No se trata de una cuestión de partidos. El hoy diputado asegura, sin remilgos, que el mejor alcalde con el que le tocó trabajar era del Partido Comunista: "Un sentido común impresionante".

De hecho, el mayor peligro –advierte Suárez– suele sobrevenir cuando el secretario siente afinidad por el partido que gobierna y el alcalde lo sabe: "Piensan, 'oye, este es de los nuestros', entonces me va a dejar hacer. Es un puesto sometido a mucha presión".

A modo de conclusión, Suárez alaba al cuerpo de secretarios e interventores por haberse convertido en "puntales de la recuperación económica": "A partir de 2011, el control del gasto en los ayuntamientos recayó en ellos. Lo han hecho muy bien. Por eso hemos oído hablar tanto del superávit. Lo han logrado sin más recursos y sin mejor sueldo; al contrario, se les bajó".

El objetivo de la Gürtel

Edmundo Bal (Huelva, 1967), opositor antes que político, tiene la manía de leérselo todo. Por eso fue uno de los primeros diputados en darse cuenta del trato alcanzado por el Gobierno con el PNV. "Es un obús contra los principios de igualdad, mérito y capacidad", publicó en su cuenta de Twitter el 3 de diciembre, más de veinte días antes de que se aprobaran las cuentas públicas.

Hasta ahora, el País Vasco, competencia foral mediante, podía sacar plazas a concurso, pero el temario y la formación dependían directamente del Estado. "Si el euskera deja de ser un mérito para convertirse en requisito, se blindan esos puestos ante los funcionarios del resto de España. Se acabará con la movilidad en ese territorio", afirma Bal.

Este abogado del Estado y hoy portavoz nacional de Ciudadanos siempre ha estado al tanto de las vicisitudes del cuerpo de habilitados nacionales, pero quizá el día que más clara vio su labor fue durante el juicio de la Gürtel.

Dedicado a perseguir la corrupción, se dio cuenta de que, en muchas ocasiones, los secretarios e interventores eran el único muro realmente efectivo en los Ayuntamientos contra los cohechos, las malversaciones y las prevaricaciones.

Llamaron a declarar, como testigo, al secretario de uno de los Consistorios implicados en la trama. "Contó que su vida había sido un infierno por las presiones que recibía. Un día tras otro. A gritos. Porque no cedía. Hasta que decidió cambiar de destino. Entonces, llegó un interino de su cuerda e hicieron lo que quisieron", revela Bal.

"No se reconoce lo suficiente su labor. Muchas veces están solos ante el peligro. Su trabajo es tan necesario como delicado. Todo esto lo denuncié en la comisión cuando pude. Mikel Legarda, diputado del PNV, me dijo que era un exagerado", cuenta.

Sánchez ha transferido esta competencia al País Vasco en contrapartida a la aprobación de los Presupuestos: "¿Qué pasa si mañana lo pide Cataluña? ¿Y Valencia? ¿Quizá Teruel Existe? El Gobierno está troceando el Estado. Es un disparate absoluto".

El colegio profesional de secretarios e interventores –Cosital– ha emitido un comunicado para pedir a Moncloa que dé marcha atrás, pero el Ejecutivo no ha exhibido ninguna intención de hacerlo.