Pedro Sánchez desmonta el cuerpo de interventores para entregar al País Vasco el control municipal

Pese a no tener nada que ver con las cuentas públicas, Pedro Sánchez ha añadido una "disposición final" en la norma para satisfacer al PNV, uno de sus socios clave a lo largo de la legislatura.

Los secretarios de los Ayuntamientos nacieron con la Constitución de Cádiz. Llevan trabajando más de doscientos años, cien de ellos formados y seleccionados por el Estado. Su función es la de asegurar que la actuación de los poderes se ajuste al ordenamiento jurídico. También se encargan de fiscalizar la gestión financiera –contabilidad, tesorería y recaudación– de las entidades locales.

Los secretarios e interventores municipales encarnan una labor delicada, muchas veces desagradecida. Son los especialistas que evitan que el político pueda sortear la legislación. Son el cortafuegos que impide los desbarres jurídicos –sobre todo en el campo financiero– en administraciones locales, donde son más frecuentes las componendas debido a la cercanía entre el gobernante y el ciudadano.

Todas esas labores dejarán de depender del Estado y lo harán, a partir de ahora, del Gobierno vasco, hoy en manos del PNV, que ha negociado con Sánchez este traspaso como contrapartida a la aprobación de los Presupuestos.

Contabilidad, tesorería, recaudación, fiscalización, cumplimiento de la estabilidad presupuestaria... Los llamados "habilitados nacionales" son formados y seleccionados en toda España por la Administración general. El Ejecutivo vasco va a encargarse de lo propio en su Comunidad.

Hasta ahora, la movilidad de este cuerpo de funcionarios era frecuente, pero el País Vasco, nuevo encargado de la formación y selección, podría dictaminar que el euskera dejara de ser un "mérito" –una condición que suma puntos– para convertirse en "requisito", lo que blindaría la región respecto a otras, denuncian algunos interventores consultados por este periódico.

El formato –una disposición final en una ley ajena al cuerpo de interventores– y la fecha –los Presupuestos se aprobarón el 28 de diciembre– han levantado una suerte de cortina de humo que ha hecho pasar desapercibido este nuevo pago de Sánchez al PNV.

"¿Y si Cataluña lo pide?"

El colegio profesional de los interventores (Cosital) ha puesto el grito en el cielo. Los secretarios, tesoreros e interventores "son la garantía de que los servicios que prestan las entidades locales se desarrollan en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia".

La entidad ha emitido un comunicado para pedir al Gobierno que dé marcha atrás. José Luis Pérez, presidente de Cosital, explica en declaraciones a EL ESPAÑOL que el único margen de maniobra que le quedará al Estado será la incoación de los expedientes por sanciones muy graves.

¿Eso qué quiere decir? Que el Gobierno vasco no podrá expulsar de la carrera a los funcionarios; eso sólo podrá hacerlo el Estado. Sin embargo, Pérez reitera que, en la práctica, el Ejecutivo vasco "tendrá todas las competencias" sobre este cuerpo profesional.

Debido a una competencia foral –afirma Pérez– el País Vasco ya organizaba sus propios concursos de plazas, pero "siempre en coordinación" con la Administración central. Ahora, esa "coordinación" desaparece. Ya no será necesaria.

El cuerpo de habilitados nacionales, explica este profesional, se concibió así para mantenerlo al margen de los vaivenes del "vendaval político". Eso del "vendaval" ya estaba, literalmente, en el texto naciente que lo estructuró en 1924.

"Nuestro principal temor es el desmembramiento y el desprestigio de un colectivo histórico", resume Pérez. Aunque la clave anida en la pregunta con la que se despide: "¿Y qué pasa si ahora lo pide Cataluña a cambio de apoyar al Gobierno en otro asunto? ¿Y si después lo hace otra región? ¿Adónde vamos?".

Esta competencia ya estuvo transferida al País Vasco entre 2007 y 2013 por decisión de José Luis Rodríguez Zapatero, pero el PP, cuando le relevó en el Gobierno, la revirtió. Moncloa ni siquiera ha elaborado ahora una ley ni ha reformado el Estatuto del trabajador público –como hizo Zapatero–, sino que ha aprovechado la Ley de Presupuestos.