Moncloa asume el riesgo de que el TC tumbe su Ley de Vivienda que según el CGPJ ataca a la propiedad

Son éstos, además, los más férreos defensores del no a cualquier desvío de los planes ya pactados. Pero, con este enroque, el Ejecutivo se arriesga a un posible revés del Tribunal Constitucional, donde acudirá el PP si la norma se aprueba. Las autonomías populares, a su vez, también se negarán a aplicarla, al considerar que interviene el mercado del alquiler.

Tal y como adelantó EL ESPAÑOL este lunes, el nuevo informe del órgano de gobierno de los jueces critica la interferencia que, a su juicio, produciría esta ley en las competencias de las comunidades autónomas y la considera una "alteración del entendimiento de la propiedad privada de la vivienda".

Carlos Lesmes, presidente del CGPJ , en una foto de archivo. Efe

Conviene recordar, no obstante, que el documento no está aprobado y aún debe ser debatido por el Pleno del CGPJ el próximo jueves. Y que podría ser rechazado. Pero en Moncloa, este dictamen suena a un primer aviso de que su normativa de vivienda, tal y como está redactado el anteproyecto, quizá no tenga encaje constitucional.

Fuentes de varios ministerios confirman a este diario que el Ejecutivo "atenderá" los aspectos técnicos indicados en el dictamen del CGPJ sobre su anteproyecto de la Ley de Vivienda, para conferir "aún más" seguridad jurídica y solidez a la redacción del texto. Especialmente, ante la ofensiva legal que, además del PP, puedan iniciar las empresas del sector y los propietarios si la ley ve la luz tal y como la ha concebido el Gobierno.

Pero Moncloa insiste en que seguirá adelante con sus planes. Esas fuentes recuerdan que el informe del Poder Judicial no es vinculante y que se solicitó para que analizase tan sólo la modificación de tres artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) —una norma de carácter procesal— relativos a los desahucios. Y ahora entienden la postura del Consejo como una enmienda a la totalidad. Su dictamen, al tratar de proteger las competencias autonómicas, contradice otros puntos —algunos, esenciales— del anteproyecto.

Como pretende modificar una norma procesal —la LEC—, el Ejecutivo está obligado a pedir un informe al CGPJ, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial. Así lo hizo el pasado diciembre, confiando en poder presentar públicamente su anteproyecto el pasado 28 de diciembre. Algo que, finalmente, no fue posible.

Derecho a la propiedad

Por una parte, el informe del CGPJ reconoce que es "innegable que la atención a la dimensión social de la vivienda y la delimitación de la función social de la propiedad requieren de normas administrativas que traten de solventar o, al menos atenuar, los problemas de acceso y disfrute (...) en determinados momentos". No obstante, su regulación "ha de articularse debidamente" con las normas existentes, indica.

Y, expone el Poder Judicial, "lo pretendido [por el anteproyecto del Gobierno] supone una alteración del entendimiento de la propiedad privada de la vivienda y la parcial derogación del artículo 348 del Código Civil", que define este derecho como el de "gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas en las leyes".

"La Ley de Vivienda permitirá por primera vez regular los precios del alquiler en nuestro país. Los intentos de frenar los derechos de los y las inquilinos/as vienen de una reacción obsesionada con impedir el avance social y dificultar el cumplimiento de nuestra Constitución", escribió este lunes en su perfil de Twitter la titular de Derechos Sociales, Ione Belarra. Si nada altera sus planes, el Gobierno llevará la Ley de Vivienda en febrero al Consejo de Ministros.

El informe

Esta propuesta de informe del CGPJ ha sido preparado por los vocales Enrique Lucas y José Antonio Ballesteros —a los que se ha unido Vicente Guilarte, catedrático de Derecho Civil— y sustituye al planteado por Álvaro Cuesta, que fue rechazado por la mayoría del Pleno el pasado día 14. La de Cuesta, exdiputado del PSOE, era una valoración positiva del anteproyecto y sólo planteaba algunos matices.

Enrique Lucas (propuesto por PNV) y José Antonio Ballesteros (por el PP) encabezan el documento con el título de Informe jurídico. Esta adjetivación, inusual, es la sutil impugnación de los reproches de Unidas Podemos al Poder Judicial, al que los morados acusan de "extralimitarse" para adquirir funciones políticas.

La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, junto a la portavoz, Isabel Rodríguez, en la sala de prensa de Moncloa. Efe

El pasado viernes, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la socialista Raquel Sánchez, aseguró que el bloqueo de más de tres años del CGPJ planteaba "alguna duda sobre la imparcialidad de sus informes", aunque manifestó su respeto "absoluto" al trabajo del Consejo.

El nuevo dictamen, plagado de argumentación jurídica y de referencias a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, parte del recordatorio de que la vivienda es una materia de titularidad autonómica, "lo que significa que el núcleo de su regulación y las políticas públicas encaminadas a hacer efectivo [este derecho] corresponden a cada una de las comunidades, que ejercerán sus competencias conforme a la orientación política mayoritaria existente en ellas".

"El anteproyecto [del Gobierno central] ha de ceñirse al ámbito incidental de las competencias estatales", sostiene. "Esta podrá ser, por lo tanto, una ley sobre las condiciones básicas del derecho de la vivienda, su promoción y protección, o, como dice su título, una ley por el derecho a la vivienda, pero no, en puridad, la ley de vivienda o del derecho a la vivienda".

Por ello, la propuesta de informe señala que el Ejecutivo central tiene herramientas con las que incidir en el ámbito de la vivienda; lo que no tiene permitido es "duplicar o vaciar de contenido" las de las comunidades. Y este "claro dirigismo de la actuación de las instituciones autonómicas y locales" presenta un "problemático encaje" en el sistema constitucional de competencias.