Los socios del Gobierno se plantan: exigen modificar la reforma laboral o votarán en contra

ERC, EH Bildu, CUP y BNG han manifestado este jueves de forma conjunta su rechazo a la reforma laboral, que se vota en apenas una semana en el Congreso de los Diputados. Según la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, estas fuerzas son la única vía para la aprobación. Descarta a Ciudadanos porque "su entrada expulsaría a las formaciones de izquierda", sostuvo este miércoles en una entrevista en la Cadena SER.

Diputados de estas cuatro formaciones han comparecido para recalcar sus demandas. De no cumplirse, defienden, no podrán apoyar la reforma laboral del Gobierno de Pedro Sánchez porque "no constituye la derogación de la de 2012". Eso sí, muestran su disposición "sincera" a "dialogar y negociar" para hacer posible la convalidación. 

El Ejecutivo sigue en un callejón de difícil salida: sus socios de investidura quieren modificar sustancialmente el texto acordado con la patronal y los sindicatos, pero de haber cambios serán los empresarios quienes abandonen el consenso, como viene advirtiendo la CEOE en las últimas semanas.

En la rueda de prensa han participado Jordi Salvador (ERC), Mertxe Aizpurua (EH Bildu), Mireia Vehí (CUP) y Néstor Rego (BNG). Aseguran "valorar ciertos aspectos que la reforma laboral contempla en relación con la temporalidad y la precariedad", pero hasta en estos puntos creen las medidas "totalmente insuficientes para restituir los derechos laborales básicos arrebatados desde 2012".

Las condiciones

Las demandas de ERC, EH Bildu, CUP y BNG son las siguientes:

1. Se recuperará y establecerá la prevalencia y prioridad aplicativa de los acuerdos y convenios colectivos provinciales y autonómicos, así como el blindaje jurídico de los Acuerdos Interprofesionales autonómicos donde efectivamente estos existan. Se reconocerán y blindarán así los marcos laborales propios de los diferentes territorios y los acuerdos y convenios colectivos en ellos alcanzados.

2. Se recuperará la necesaria autorización administrativa de la autoridad laboral en el control de los despidos colectivos a través de los Expedientes de Regulación de Empleo, recuperando para ello las causas objetivas previas a la Reforma Laboral del 2012.

3. Se especificarán medidas para atajar la precariedad y las posibilidades de descuelgue salarial, centrada en una revisión y modificación de las causas y procedimientos del despido, así como de los procesos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo bajo las causas de "pérdidas" previstas actualmente. Así mismo, el descuelgue de las condiciones laborales y salariales basado en causas justificadas deberá quedar condicionada al acuerdo con la representación sindical.

4. Se recuperará la indemnización por despido improcedente, incrementando su cuantía a los 45 días por año trabajado hasta un máximo de 42 mensualidades para los despidos declarados improcedentes. Así mismo se recuperarán los salarios de tramitación.

5. Se recuperará la prioridad aplicativa de los convenios sectoriales sobre los de empresa. A los convenios de empresa les corresponderá la función de adecuación y mejora de las condiciones fijadas en los convenios colectivos sectoriales, que constituirán el suelo mínimo de las condiciones en todas las empresas del sector.

6. Se restaurarán las limitaciones de las empresas para la movilidad geográfica colectiva y se recuperará la necesidad de acuerdo para la regulación de la jornada.

7. Se incluirán propuestas orientadas a la reordenación del tiempo de trabajo y la reducción de la jornada laboral, para facilitar la conciliación de la vida laboral y personal así como el reparto del empleo y el trabajo, desde la perspectiva de la transformación hacia un nuevo modelo de relaciones laborales en consonancia con la transición energética, digital y demográfica.