El 30 de diciembre del año 2020, el Consejo de Ministros aprobó el decreto-ley que diseñaba una "modernización de la Administración Pública" para acometer estas inversiones, en el marco del denominado Plan de Resistencia, Transformación y Resiliencia. El 28 de enero de 2021, es decir, exactamente hace un año, el Congreso de los Diputados convalidó el texto.

Lo sorprendente de aquella votación es que contó con la abstención de Vox, lo que permitió que el decreto prosperase y entrase, desde ese momento, en vigor. El Partido Popular, por ejemplo, votó en contra de convalidar su articulado. Y lo que también votó una mayoría parlamentaria fue que ese decreto se tramitase como un proyecto de ley, lo que abría la puerta al debate y a sufrir modificaciones vía enmienda.

De esta forma, el texto inició los cauces de la tramitación parlamentaria como proyecto de ley, por lo que entró a la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital, en la que se encuentra actualmente el texto, y donde los distintos grupos pueden plantear sus enmiendas.

Pero la Mesa de esa comisión, de mayoría izquierdista —dos miembros del PSOE, dos del PP y uno de Podemos-Izquierda Unida—, ha acordado hasta 39 prórrogas consecutivas del plazo de presentación de enmiendas. La primera, hasta el 17 de febrero de 2020. La segunda, hasta el 24. La tercera, hasta el tres de marzo. Y así, hasta la última, que expira el próximo 2 de febrero.

A largo plazo, todos muertos

Con este movimiento táctico, el articulado del decreto convalidado por el Congreso no varía. "No les interesa tramitarlo [como proyecto de ley]; tienen miedo a nuestras enmiendas, porque plantean debates que no quieren abrir", indica a EL ESPAÑOL el diputado Mario Garcés, coordinador del área económica del Partido Popular en la Cámara Baja.

Desde el PP insisten —e insistirán— en exigir una autoridad "independiente, externa y profesional" que audite tanto el reparto de los fondos europeos como la eficiencia de las inversiones realizadas. Asimismo, Garcés destaca la "insuficiente objetivación" de los criterios ponderados con los que se asignarán los PERTEs (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica), el modelo de colaboración público-privada para transformar sectores económicos estratégicos.

El artículo 8.3 del real decreto recoge los criterios para declarar un proyecto como PERTE —entre ellos, "un importante carácter innovador o aporte un importante valor añadido en términos de I+D+i" o que contribuya a la creación de empleo—, pero, a ojos del PP, esta "indefinición" favorece la discrecionalidad en las ayudas.

Vox, PP y PSOE

En un reciente tuit, el secretario general del Partido Popular, Teodoro García-Egea, arremetía contra Vox, al que acusaba de "regalarle los fondos" a Pedro Sánchez y, "ahora, no controlarle".

Lo hizo tras las palabras de Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox, con las que instaba al PP a "no exagerar" las críticas al Gobierno en el extranjero por el reparto de los fondos "ya que dañan la imagen de España". Y García-Egea le recordó, precisamente, su abstención para convalidar el decreto de ejecución de los fondos de la UE, que permitió la entrada en vigor del texto acordado por el Consejo de Ministros. "Ahora podríamos tener una agencia independiente, controlar los proyectos y fiscalizar la asignación de fondos", recuerda otra fuente de la dirección popular, "pero Vox no quiso".

Fuentes parlamentarias socialistas confirman a este periódico que la abstención de Vox —que, de hecho, provocó cierta división en el partido de Santiago Abascal— sí se negoció en secreto con el PSOE. Desde el PP, lamentan que toda esta situación haya impedido que la autoridad independiente que exigen supervise y escrute la gestión de los fondos europeos.

Control de los fondos

El decreto del Gobierno no sólo eliminaba trámites y simplificaba expedientes para agilizar la gestión de tantas decenas de miles de millones de euros en sólo seis años. También creaba varios mecanismos y crear nuevos organismos para la gestión de estos fondos europeos, denominados Next Generation UE. Entre ellos, una Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, de la que formarán parte todos los ministros, que es la encargada de establecer las directrices generales y que se apoya en un comité técnico.

Este último está formado por, entre otros, el jefe de gabinete del presidente del Gobierno —actualmente, desempeña este cargo Óscar López, en sustitución de Iván Redondo— y el secretario general del Departamento de Asuntos Económicos y G20, Manuel de la Rocha, también encargado de la Unidad de Seguimiento del Plan.

Asimismo, la Secretaría General de Fondos Europeos, adscrita al Ministerio de Hacienda, se encarga de la interlocución con Bruselas. A nivel nacional, el control de los Next Generation también corresponde a la Intervención General de la Administración del Estado. Y para canalizar el diálogo entre el Ejecutivo central y las autonomías, se creó una Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En marzo de 2021, se conoció el informe del Consejo de Estado sobre el decreto, que el Gobierno había mantenido en secreto tres meses, a la espera de que escampara la polémica. El máximo órgano consultivo del Estado criticaba al Gobierno de Pedro Sánchez en su dictamen "la ausencia" en el decreto "de toda exposición motivada y suficiente de las razones que en cada caso justifican la atenuación, o incluso la supresión, de los mecanismos de control".

En el informe, el Consejo de Estado acusaba al Gobierno de un excesivo empeño por "simplificar y reducir la burocracia" para "aumentar la capacidad de gestión y absorción de los fondos europeos de recuperación".