Sustituir a Alberto Rodríguez en el que fue su escaño está suponiendo un "difícil" y "delicado equilibrio" para Podemos. Así lo trasladan varios diputados del partido a este diario, conscientes de que un asiento vacío en el Congreso puede echar al traste alguna votación crucial. Por ejemplo, cuando el hemiciclo vote las próximas leyes o la convalidación de algún decreto.
"Queremos hacer ver que es compatible reponer ese escaño y facilitar que salgan adelante leyes importantes que especialmente Alberto Rodríguez querría que prosperasen con seguir defendiendo su estrategia jurídica y apoyarle en sus recursos", expone un dirigente morado consultado por los próximos pasos que va a dar el partido, tras tres meses con un escaño sin dueño real.
En una rueda de prensa celebrada este martes en el Congreso, el portavoz de Podemos, Pablo Echenique, trasladó "todo el apoyo" de la formación a las acciones judiciales iniciadas por Rodríguez. Y en un ejercicio de ese delicado equilibrio manifestó: "Estamos haciendo todo lo posible por reponer el escaño, pero respetando los tiempos de Podemos Canarias; entendemos que estén tocados con este tema".
"Si en este momento falta un diputado no es por Unidas Podemos; la responsabilidad es de la presidenta del Congreso y de [el juez y presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Manuel] Marchena, que le arrebataron un escaño después de una sentencia injusta y sin pruebas, que ni siquiera conllevaba la pérdida del acta", reiteró Echenique.
Según relatan otras voces del partido, aún no hay una decisión tomada "en firme, como Grupo Parlamentario Confederal", sobre el escaño. Además, tal y como informó este diario, la candidata que seguía a Rodríguez en la papeleta renunció a ocupar el asiento y la tercera, Patricia Mesa, aún no se ha decidido a ello. Pero tampoco lo ha rechazado.
La Junta Electoral Central, el organismo encargado de regular los procesos electorales, no puede obligarle a pronunciarse ni imponerle plazos para hacerlo.
Un miembro del Grupo Confederal de Unidas Podemos en el Congreso incluso reconoce, "a título personal", dudas "éticas" sobre la sustitución, "por ser Alberto quien es" y por considerar "su lucha como una lucha de todos y todas contra este atropello democrático".
En todo caso, desde la formación de la que El Rastas llegó a ser secretario de Organización niegan cualquier presión por parte del PSOE para darle un nuevo dueño al asiento. Y así lo confirman también los socialistas, que esgrimen la "lealtad" entre los socios de la coalición para "respetar" y "no entrar" en las "cuestiones internas" de Podemos.
No obstante, sí reiteran su genérico "deseo" de que "los 350 escaños [del hemiciclo] estén ocupados". Todos ellos —en PSOE y Podemos—, sin embargo, son conscientes de los riesgos de contar con un voto menos. "Aquí un escaño vale oro", reconoce un dirigente socialista.
"Atacan a la víctima"
La relación de Alberto Rodríguez con Podemos no pasa, ni de lejos, por el mejor momento. A pesar de las muestras de apoyo en público por parte de dirigentes de la formación —la ministra Ione Belarra llegó a sugerir que la retirada del escaño suponía un acto de prevaricación—, el exdiputado canario insiste en sentirse vilipendiado por el que fuera su partido.
El pasado viernes, en su canal de la red social Twitch, Rodríguez manifestó sobre Unidas Podemos: "Atacan y presionan a la víctima de la infamia en vez de a los verdugos". En una charla pública con su propio abogado, Gonzalo Boye, llegó a deslizar la idea de que, de ser sustituido, tenga menos posibilidades de que el Tribunal Constitucional considere vulnerado su derecho.
En noviembre de 2021, en una entrevista de televisión, el exsecretario de Organización de Podemos llegó a confesar que cree que el que fue su partido pudo haber hecho más para evitar ese "robo".
Y, desde Podemos Canarias, conscientes de que El Rastas era su mayor activo a nivel nacional, sugieren incluso dejar vacío el escaño de Rodríguez. En declaraciones recientes a la Agencia Efe, su coordinadora general, Laura Fuentes, abogó por paralizar la sustitución hasta que se resuelvan los recursos de amparo presentados ante el Constitucional. Incluso, si la legislatura finaliza antes de obtener un fallo del tribunal de garantías.
Por sólo un voto
Salvar una votación por tan sólo un voto, aunque no es lo usual, sí es posible. Así se vio con la aprobación de la reforma laboral del Gobierno, que pudo prosperar gracias al involuntario sí del diputado del PP Alberto Casero. ERC o Bildu, socios habituales del Ejecutivo, dieron su no al texto.
Desde Podemos creen que esta votación no fue en absoluto paradigmática del discurrir de la legislatura y confían en el que llamado bloque de investidura esté más que recompuesto a la hora de votar, por ejemplo, la futura Ley de Vivienda, ya aprobada por el Consejo de Ministros y que acaba de iniciar su tramitación parlamentaria. Pero un escaño arriba o abajo sí puede influir en, por ejemplo, determinados decretos para los que la aritmética parlamentaria es más variable.
La pérdida de su escaño
Alberto Rodríguez fue condenado el pasado 7 de octubre por el Tribunal Supremo a un mes y medio de cárcel por un delito de atentado a la autoridad, al haber agredido a un policía durante una manifestación en 2014.
Además de la de prisión —que el Supremo sustituyó, a efectos de ejecución, por una multa de 540 euros que Rodríguez abonó—, la Sala de lo Penal le impuso al entonces político una pena accesoria de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo. Esto es: el derecho a ser elegido para un cargo público durante el tiempo de la condena.
Al amparo de la Ley Electoral, el 22 de octubre la presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, le retiró el acta de diputado, lo que le valió un hondo conflicto con Unidas Podemos. El partido la amenazó incluso con una querella, que, finalmente, no interpuso.
Dicha norma establece en su artículo 6 que son inelegibles para un cargo representativo los condenados por sentencia firme a pena privativa de libertad durante el periodo que dure ésta. Y añade que "las causas de inelegibilidad lo son también de incompatibilidad", lo que provoca, por tanto, que una condena a equis tiempo de cárcel —de cualquier duración, ya que la Ley Electoral no distingue— sea incompatible con el ejercicio de un cargo electo como es el de diputado.
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