La Ley de Autonomía Financiera impulsada por Isabel Díaz Ayuso está en jaque. El Gobierno de la Comunidad de Madrid confiaba en tener aprobada su norma estrella a estas alturas, pero se ha encontrado con una contingencia inesperada: la oposición de Vox, que ha presentado una enmienda a la totalidad a la que se han sumado este miércoles Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos.
La ley fue presentada el pasado mes de septiembre como un "blindaje" frente al "hachazo fiscal" que prepara Pedro Sánchez en la región con su "armonización" entre autonomías, y aprobada por el Consejo de Gobierno el pasado 19 de enero. Todo estaba encarrilado para que pasara el trámite de la Asamblea de Madrid en febrero o marzo, pero entonces llegaron las elecciones de Castilla y León... y lo trastocaron todo.
La negativa de Alfonso Fernández Mañueco a dar entrada a Vox en el Gobierno castellanoleonés a Juan García-Gallardo Frings y los suyos supuso un cambio repentino en los postulados de Rocío Monasterio, socio habitual de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, y partidaria hasta la fecha de toda medida que supusiera una bajada de impuestos.
Si los comicios se celebraron el pasado 13 de febrero, tan pronto como el 15, dos días después, Monasterio dio un vuelco a su estrategia. De pronto, comenzó a esgrimir el argumentario de que ellos son un partido contrario al Estado de las Autonomías y esta es una ley "de marcado carácter autonómico". "Vox no va a colaborar para que Madrid se convierta en una Comunidad independentista", dijo Monasterio.
Desde entonces la formación de derecha dura ha sostenido que la norma "blinda la desigualdad entre españoles" como lo hacen "el concierto vasco o el convenido navarro", y ha presentado como alternativa una ley para bajar impuestos (como el de transmisiones onerosas) que se debatirá la próxima semana en el pleno.
La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, interviene en el último pleno.
Desde el PP de Madrid consideran que este cambio de rumbo se trata en realidad de una "pataleta" del partido a su derecha para "presionar" de cara a entrar en la Junta de Castilla y León. "Pero están metiendo la pata, sus votantes no entienden que paralicen esta ley", añaden fuentes populares madrileñas.
Desde el Gobierno regional, en este sentido, critican que la formación que dirige Rocío Monasterio pida por un lado "que se bajen los impuestos" y por otro "restringir una norma que va a impedir que el Gobierno de España se los suba a la región": "Es una incongruencia".
"No somos sectarios"
La izquierda madrileña, compuesta por Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos (por orden de representación en la Asamblea de Vallecas) ha anunciado que se va a sumar a la enmienda a totalidad propuesta por Vox. Saben que no hay manera de que Rocío Monasterio apoye las suyas, así que se aliarán con la que es, en su argumentario, la "extrema derecha" con tal de tumbar la Ley de Autonomía Financiera.
Mónica García, portavoz de Más Madrid, en la Asamblea.
La primera en confirmar esta postura ha sido Mónica García, portavoz de Más Madrid, que ha sostenido que "cualquier iniciativa que vaya a favor de que esa ley no salga, la vamos a apoyar": "En eso no somos sectarios".
Unas palabras similares a las de Alejandra Jacinto, de Unidas Podemos, que ha admitido que "lógicamente apoyaremos todas las enmiendas a la totalidad que presenten el resto de grupos parlamentarios". Según ha podido saber EL ESPAÑOL, el PSOE de Madrid que dirige Juan Lobato está en la misma línea.
Ley de Autonomía Financiera
Queda en jaque, por tanto, una de las leyes estrella de la presidenta madrileña en este curso político. Con ella pretendía "blindar" la Comunidad de Madrid del "hachazo fiscal" que, en su opinión, prepara Pedro Sánchez para la región.
El Gobierno regional cree que la "armonización fiscal" costaría una media de 2.270 euros más por familia al año. Un total de 5.900 millones de euros a los madrileños. También considera que una herencia media de Madrid pasaría de grabar 22 euros a 2.200, cien veces más, en caso de que se equiparase el impuesto de Sucesiones.
Según los cálculos de la Consejería de Hacienda, los contribuyentes de la región se han ahorrado de media 16.500 euros en el pago de impuestos desde 2004, que es cuando empezaron las sucesivas rebajas de impuestos. El Gobierno de Ayuso cree que camina por el buen camino en materia tributaria porque esta política de impuestos bajos ha supuesto que la región sea la CCAA más competitiva a nivel fiscal hasta el punto de aportar el 68% del total de los recursos del Fondo de Garantía del que se nutren los servicios públicos de todas las Administraciones regionales españolas.
El Ministerio de Hacienda ha recalcado una y otra vez que la norma no tiene "pies ni cabeza" y que no piensa respetarla, abriendo la veda para otra batalla judicial. Esta no será necesaria si Vox se alía con la izquierda para impedir que la norma se apruebe.